Presidente de COLPENSIONES, Jaime Dussan
El sistema pensional colombiano entra en una nueva fase tras el pronunciamiento de Colpensiones sobre la expedición del Decreto 0415 de 2026, una norma que establece reglas claras para el traslado de recursos entre regímenes y que podría impactar a miles de afiliados en la antesala de su retiro.
La disposición, firmada el 20 de abril, introduce cambios al marco regulatorio vigente con el objetivo de hacer exigible el traslado de ahorros desde el Régimen de Ahorro Individual hacia el Régimen de Prima Media administrado por la entidad estatal, en desarrollo de la Ley 2381 de 2024. La medida busca cerrar vacíos operativos que durante años generaron incertidumbre sobre la administración efectiva de los recursos pensionales.
El anuncio se produce en un momento clave para los afiliados que se encuentran cerca de cumplir los requisitos de jubilación. Desde julio de 2024 y hasta julio de 2026, el país habilitó una ventana excepcional conocida como Oportunidad de Traslado, que permite a quienes están a menos de una década de pensionarse cambiar de régimen en busca de condiciones más favorables. Este mecanismo exige un proceso previo de doble asesoría y aplica para mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y hombres con un mínimo de 900.
Las cifras reflejan la magnitud del cambio. Según datos oficiales, cerca de 120 mil personas ya han optado por trasladarse al régimen público, y alrededor de 25 mil reciben actualmente su pensión a través de Colpensiones. Para el Gobierno, estos números evidencian un viraje progresivo en las decisiones de los afiliados y un fortalecimiento del esquema solidario.
El nuevo decreto establece dos grupos sobre los cuales recae la obligación de traslado de recursos. Por un lado, quienes ya consolidaron su derecho pensional y reciben su prestación en el régimen público. Por otro, quienes realizaron el traslado pero aún no cumplen los requisitos para pensionarse. En ambos casos, la norma busca garantizar que los fondos acumulados en cuentas individuales sean transferidos de manera efectiva, alineando la gestión de los recursos con la responsabilidad de pago de las pensiones.
Autoridades sostienen que la reglamentación aporta seguridad jurídica y refuerza la sostenibilidad financiera del sistema, en un contexto de crecientes presiones demográficas y fiscales. También apuntan a que mejora la equidad entre los afiliados al consolidar un esquema en el que los recursos respaldan directamente las obligaciones adquiridas.
Colpensiones, por su parte, insistió en la necesidad de que los ciudadanos se informen a través de los canales oficiales antes de tomar decisiones que afecten su futuro pensional, en un entorno que evoluciona rápidamente y que redefine las reglas del retiro en el país.
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