Columnista Colaborador Prensa Mercosur : Germán Rojas @Germanrojasm8
En Chile —como antes en Estados Unidos y en tantos otros rincones del mundo— se repite una escena conocida: frente al aumento de la migración, la respuesta inmediata es levantar barreras. Muros, zanjas, cercas. Una reacción que busca transmitir control, pero que en el fondo revela algo distinto: la incapacidad de enfrentar el problema en su verdadera dimensión.
Porque la migración no nace en la frontera.
Ninguna persona abandona su país, su familia y su historia por capricho. Lo hace empujada por crisis económicas, violencia, falta de oportunidades o, en muchos casos, por la simple imposibilidad de vivir con dignidad. Pretender que un muro resolverá eso es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, profundamente irresponsable.
La experiencia internacional lo demuestra. En la frontera entre Estados Unidos y México, décadas de endurecimiento no han detenido la migración. Lo que sí han logrado es transformarla: rutas más largas, más peligrosas, más costosas. Más muertes. Más poder para las redes criminales que lucran con la desesperación humana. Cerrar fronteras no elimina el fenómeno; lo empuja hacia la clandestinidad.
Chile parece estar entrando en ese mismo camino.
El problema no es el control migratorio en sí —todo Estado tiene derecho a regular sus fronteras—, sino creer que ese control es la solución. Cuando se convierte en el eje central de la política, se pierde de vista lo esencial: la migración es un fenómeno estructural, no un incidente aislado.
Y ahí es donde el debate se vuelve incómodo, pero necesario.
Vivimos en un mundo donde el capital se mueve con libertad casi absoluta, pero las personas no. Donde las empresas pueden cruzar fronteras en segundos, pero un ser humano arriesga su vida para hacerlo. Esa contradicción no es menor: es una de las bases de la desigualdad global.
Cerrar fronteras, en ese contexto, no corrige el problema; lo profundiza. Refuerza un orden internacional donde el lugar de nacimiento sigue determinando las oportunidades de vida. Donde hay ciudadanos de primera y de segunda categoría según el pasaporte que portan.
Además, tiene consecuencias concretas: precariza a los migrantes, debilita sus derechos y alimenta discursos de exclusión.
La frontera deja de ser un punto de regulación para convertirse en una línea de contención humana.
Si realmente se quiere abordar el fenómeno migratorio, la respuesta no puede ser únicamente defensiva. Debe ser estructural.
Eso implica, en primer lugar, políticas migratorias claras, coherentes y realistas. Sistemas que ordenen el flujo, que establezcan reglas transparentes y que garanticen derechos básicos. Ni la apertura caótica ni el cierre absoluto funcionan; lo que se necesita es gobernanza.
Pero también exige algo más profundo: repensar el modelo global.
Hablar de movilidad humana sin hablar de movilidad de capital es incompleto. Si el dinero puede circular sin restricciones, pero las personas no, el resultado inevitable es una desigualdad creciente. Por eso, cualquier solución de fondo debe incluir reglas más equilibradas: cooperación internacional, inversión en países en crisis, mecanismos de desarrollo más justos.
Ideas como una renta básica universal o estándares laborales globales ya no son utopías lejanas; empiezan a aparecer como respuestas posibles frente a un sistema que ha demostrado sus límites.
Porque, en el fondo, la pregunta no es cómo detener la migración.
La pregunta es por qué ocurre.
Y mientras esa respuesta siga siendo la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades, ningún muro será suficiente.
Cerrar fronteras puede dar la ilusión de orden. Pero el verdadero orden —uno justo, sostenible y humano— solo será posible cuando el mundo deje de tratar la movilidad como una amenaza y empiece a entenderla como lo que realmente es: una consecuencia directa de cómo está organizado.
Ignorar eso no detendrá la migración.
Solo la hará más dura, más injusta y más invisible.
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