La Corte Suprema revisará condenas a prisión efectiva por daño ambiental en el Delta

La defensa de tres apicultores que fueron encontrados responsables de “incendio o estragos” por una acción dolosa de 6.000 hectáreas de humedales en un sector de Islas de las Lechiguanas en el Delta entrerriano presentó un recurso extraordinario federal para revisar las condenas. La información trascendió a ERA Verde luego que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara las penas –mayores a 3 años de prisión– que fueron resueltas en primera instancia, en julio de 2025, por el Tribunal Oral Federal de Paraná que integra la jueza Noemí Berros. Los hechos remiten a un siniestro ígneo que se produjo en un área de humedales del Delta en agosto de 2023, por lo cual se detuvo a tres individuos involucrados oriundos de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

El 22 de agosto de 2022, Jesús Alberto Magallanes, Oscar Alberto Magallanes y Miguel Ramón Morales se anoticiaron que se había iniciado un incendio en la zona del arroyo El Tigre y que amenazaba unas colmenas que tenían instaladas en ese sector de islas Las Lechiguanas, en el departamento Gualeguay. Fue entonces que se acometieron a realizar un contrafuego para tratar de impedir el avance de las llamas que, según ellos dijeron, no habían provocado. En definitiva, si esta era la idea resultó totalmente desacertada, ya que, por el accionar y dirección del viento, las llamas se propagaron y terminaron afectado unas 6 mil hectáreas de pastizales. El hecho fue advertido por personal de Prefectura Naval Argentina delegación Ramallo, quienes llevaron un procedimiento en el sector quemado donde detuvieron a los sujetos a quienes se les inició una causa federal por estrago doloso.

Luego de un proceso donde se rechazó la probation para los acusados, se llegó a una condena de Oscar Alberto y Jesús Alberto Magallanes, a quienes se les impuso penas de prisión por el término de 3 años y seis meses, y a Miguel Ramón Morales de 3 años y dos meses. En ese entonces, el fiscal General Federal José Ignacio Candioti fundó su alegato en pruebas documentales y testimoniales que dieron cuenta del grave daño a la salud y el ecosistema del hecho. Asimismo, Candioti valoró en diálogo con ERA Verde que este tipo condenas podría sentar precedentes para la prevención de estos delitos y consecuentemente genere efectos disuasorios. Asimismo, destacó que eran las primeras penas de este tipo en Entre Ríos.

La resolución fue apelada y, el 26 de febrero de 2026, confirmada por La Cámara Federal de Casación Penal. Tras esta ratificación, el 11 de marzo del corriente, el Ministerio Público de la Defensa interpuso un Recurso Extraordinario Federal “contra la resolución creándose un Incidente de Recurso Extraordinario”, se informó en el escrito al que accedió ERA Verde, por lo cual deberá ser tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De la Redacción de ERA Verde