Cómo la IA y la tecnología avanzada han fortalecido a los grupos criminales latinoamericanos

Las redes criminales latinoamericanas están fortaleciendo su poder gracias a la aplicación estratégica de la inteligencia artificial (IA), un cambio que está transformando profundamente sus actividades y aumentando su rentabilidad. No se trata simplemente de la aplicación de herramientas tecnológicas con fines ilícitos, sino de un cambio estructural más amplio. Al operar dentro de un ecosistema digital cada vez más automatizado y fragmentado, en el que ya no se requiere la interacción personal directa, los grupos criminales se han vuelto más eficientes, más complejos de rastrear y menos expuestos a los riesgos tradicionales de la aplicación de la ley.

“La IA reduce costos, aumenta ganancias y, sobre todo, les da anonimato. En muchos casos, el delito ya no lo ejecuta directamente una persona, sino un sistema automatizado. Eso hace que sea más difícil identificar y procesar a los responsables”, explica a Diálogo Juan Manuel Aguilar Antonio, profesor investigador en la Facultad Superior de Estudios Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La amplia difusión de modelos de inteligencia artificial como GPT-4, Claude y LLaMA, capaces de comprender y generar textos de forma similar a la de un ser humano, respondiendo a preguntas y produciendo contenidos en lenguaje natural, ha hecho accesibles capacidades tecnológicas avanzadas a grupos que antes carecían de habilidades especializadas. Las interfaces modernas y fáciles de usar permiten incluso a los delincuentes con escasos conocimientos técnicos llevar a cabo campañas sofisticadas de robo de identidad, manipulación psicológica dirigida, también conocida como ingeniería social, y estafas financieras altamente personalizadas.

Deepfake y centros de estafa modernos

Un arma fundamental en este nuevo arsenal es el uso de deepfakes, es decir, audio o vídeo generado por IA que imita identidades reales con un realismo sorprendente, para facilitar el fraude a gran escala.

En agosto de 2025, la policía de Río de Janeiro desmanteló una estafa contra la plataforma de transporte compartido Uber, que implicaba casi 2000 viajes fraudulentos. Los criminales utilizaron imágenes generadas por IA para crear perfiles ficticios de conductores y pasajeros. Durante estos “viajes fantasma”, los perfiles se eliminaban antes del pago, obligando a la plataforma a reembolsar a los falsos conductores. De manera similar, en Bolivia, también en 2025, el grupo criminal Clan San Roque, llamado así por la cárcel homónima de Chuquisaca desde donde se originó la operación, clonó con IA la voz del exministro de Educación Omar Veliz Ramos, haciendo creíbles falsas ofertas de empleo difundidas en redes sociales. La estafa generó ganancias superiores a USD 720 000.

“La inteligencia artificial permite a los grupos criminales hacer lo mismo que antes, pero más rápido, con menos personas y con mayor alcance. Por ejemplo, hoy pueden enviar miles de mensajes de fraude personalizados en minutos, clonar la voz de alguien para extorsionar a una familia o automatizar ataques informáticos que antes requerían equipos completos de especialistas”, dice Antonio.

Paralelamente, los grupos criminales emplean chatbots —programas automatizados capaces de simular conversaciones humanas en tiempo real— y agentes de inteligencia artificial para rastrear redes sociales, servicios de mensajería y sitios web, con el fin de identificar a personas vulnerables o más fácilmente manipulables y atacarlas mediante operaciones dirigidas.

Crimen como servicio y la dark web

Según un informe de 2025 de la plataforma israelí de ciberseguridad Kela, el mercado clandestino del cibercrimen asistido por IA creció un 200 por ciento en apenas 12 meses. En la dark web, la parte oculta de Internet, accesible solo mediante software específico y utilizada principalmente para actividades ilegales, han surgido plataformas criminales como WormGPT, FraudGPT, Storm-2139 y la más reciente Xanthorox AI, que han contribuido a transformar el cibercrimen en un mercado digital plenamente estructurado y basado en servicios.

“Estas plataformas funcionan bajo un modelo de ‘crimen como servicio’: desarrollan herramientas de fraude, ransomware o generación de identidades falsas y las ofrecen a terceros a cambio de pago”, dice Antonio.

Según el experto, las grandes organizaciones, como los cárteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG), están externalizando cada vez más sus operaciones digitales. A pesar de mantener una estructura vertical tradicional,  se apoyan en brokers tecnológicos para implementar soluciones algorítmicas como la planificación de rutas de tráfico mediante smart routing, la clonación de voces con fines de extorsión y el uso de herramientas de inteligencia artificial para campañas de phishing financiero, que roba datos personales y credenciales bancarias.

“Cualquier persona con recursos mínimos puede acceder a tecnología sofisticada para cometer delitos, lo que multiplica los ataques, amplía el alcance transnacional y dificulta enormemente que las autoridades identifiquen y atribuyan responsabilidades”, explica Antonio.
Una respuesta compartida: cooperación entre los Estados Unidos y la región

Para contrarrestar este auge tecnológico, ha surgido un frente unificado entre los Estados Unidos y las naciones latinoamericanas. Reconociendo que los delitos impulsados por la IA no respetan fronteras, Estados Unidos ha orientado su asistencia en materia de seguridad hacia la “justicia digital” y el desarrollo de capacidades de alta tecnología.

El Departamento de Estado de los EE. UU., a través de su Sección de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley (INL), ha aumentado significativamente la financiación para la formación en ciberforense. Este apoyo garantiza que las fuerzas policiales regionales puedan mantener una “cadena de custodia digital”, lo que permite que las pruebas generadas por la IA se utilicen con éxito en los tribunales.

Un hito en esta cooperación fue la firma en 2025 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia. Con el firme apoyo de los Estados Unidos y de líderes regionales como Perú y Brasil, este tratado proporciona un marco jurídico para el intercambio en tiempo real de pruebas electrónicas.

Campo de entrenamiento: ILEA San Salvador

Un elemento central de esta respuesta compartida es la Academia Internacional para la Aplicación de la Ley (ILEA) en San Salvador. Fundada en 2005, la ILEA se ha convertido en la principal “escuela” de la región para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Gracias a una asociación entre la INL y el Gobierno de El Salvador, la academia imparte cursos especializados sobre amenazas cibernéticas.

La ILEA ha intensificado su enfoque en las intrusiones informáticas y en redes y las investigaciones sobre criptomonedas. Instructores del Servicio Secreto de los Estados Unidos y del FBI proporcionan a los agentes del orden de toda Latinoamérica tácticas de vanguardia para las investigaciones de “cyberexplotación”. Estos programas están diseñados para evolucionar tan rápido como los delincuentes, enseñando a los agentes cómo desmantelar la infraestructura digital —como las redes de bots y los servidores de medios sintéticos— que sustenta las empresas delictivas modernas.

Abordar las vulnerabilidades

A pesar de estos avances, siguen existiendo lagunas. En abril de 2025, Perú, que ya cuenta con una normativa sobre la regulación de la IA, actualizó su Código Penal para incluir los delitos que involucran el uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial. Argentina, Chile, Colombia y Brasil, aún se encuentran en proceso de elaboración y desarrollo de propuestas legislativas en la materia.

“El otro problema es que las instituciones suelen estar fragmentadas: la policía, las fiscalías y las agencias financieras no siempre trabajan de manera coordinada”, dice Antonio. Según el experto, otro factor que incrementa la vulnerabilidad es la amplia brecha tecnológica entre el Estado y los grupos criminales, que en muchos casos innovan y se adaptan con mayor rapidez que las autoridades.

“Además, vivimos en sociedades altamente digitalizadas, pero no siempre con suficiente educación digital. Eso facilita que las personas sean víctimas de fraudes o manipulación”, agrega Antonio.

Por ello, es necesaria una estrategia integral, no solo tecnológica. “Se requieren leyes actualizadas, mayor cooperación entre países y fortalecimiento de las capacidades de investigación digital. También es clave invertir en ciberinteligencia y formación especializada dentro del Estado”, alerta Antonio, que también subraya la importancia de proteger los derechos de las personas. “Combatir el crimen con inteligencia artificial no puede significar restringir libertades digitales. El reto es encontrar un equilibrio: desarrollar soberanía tecnológica y capacidad de respuesta sin sacrificar el Estado de derecho”, concluye el experto.