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En un momento decisivo para el futuro del sistema educativo, el Gobierno del Cambio y las Secretarías de Educación de todo el país consolidaron en Bogotá una hoja de ruta ambiciosa que busca redefinir el alcance, la calidad y la pertinencia de la educación en Colombia. Más de 600 asistentes participaron en el Encuentro Nacional de Secretarías de Educación 2026, celebrado en Ágora Bogotá, un espacio que durante tres días concentró debates técnicos, acuerdos políticos y visiones estratégicas con un objetivo común: garantizar el derecho a la educación en condiciones de equidad en cada rincón del territorio.
El encuentro reunió a las 97 Entidades Territoriales Certificadas, que alinearon prioridades en torno a los desafíos estructurales del sistema educativo. En el centro de la discusión estuvo el financiamiento, con un análisis detallado del Sistema General de Participaciones y del alcance de la Ley de Competencias, concebida para cerrar el déficit histórico de la canasta educativa. La apuesta pone el foco en los territorios más rezagados, incluidos municipios PDET, zonas ZOMAC y regiones con alta diversidad étnica, donde las brechas siguen siendo más profundas.
La transformación curricular también ocupó un lugar central. Más de un centenar de líderes de calidad avanzaron en la actualización de contenidos y enfoques pedagógicos, incorporando la formación socioemocional, la reorganización del tiempo escolar y una mayor conexión entre la educación y los proyectos de vida de los jóvenes. La discusión no se limitó a contenidos, sino que abordó la necesidad de un cambio estructural en la forma de enseñar y aprender.
En paralelo, el país proyecta una apuesta por la soberanía tecnológica como eje del desarrollo educativo. Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se presentó la Misión de Transformación Digital 2035, que propone avanzar hacia una sociedad en la que la innovación tecnológica esté al servicio del bienestar humano, integrando capacidades digitales en el sistema educativo desde sus bases.
La equidad, entendida como reconocimiento de la diversidad, marcó otro de los consensos. Con la participación de la Comisión Pedagógica Nacional de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se reafirmó la necesidad de una educación que dialogue con los saberes ancestrales y respete la identidad cultural bajo un principio claro: igualdad de derechos con reconocimiento de las diferencias.
El fortalecimiento de la educación inicial emergió como una prioridad estratégica. A través de metodologías centradas en la innovación pedagógica, se promovió una mirada que pone a los niños en el centro del proceso educativo, privilegiando la observación, la escucha y el aprendizaje desde el entorno. Las propuestas buscan ser replicadas en instituciones educativas con la participación activa de docentes, directivos y familias.
El acceso y la permanencia en el sistema también fueron abordados desde una perspectiva práctica. Se plantearon soluciones para enfrentar la dispersión rural y se impulsaron modelos educativos flexibles que respondan a dinámicas como la migración. En este contexto, se destacó la estrategia de alimentación escolar que prioriza la compra local de insumos, fortaleciendo no solo la nutrición de los estudiantes, sino también las economías regionales.
Uno de los puntos más sensibles del debate fue la necesidad de reformar el Sistema General de Participaciones. El diagnóstico compartido señala un déficit estructural que oscila entre el 50 y el 60 por ciento en la financiación de la educación, lo que obliga a repensar el modelo actual. La propuesta del Gobierno busca no solo cerrar esa brecha, sino fortalecer la autonomía territorial mediante una planificación financiera más ajustada a las realidades locales.
El encuentro dejó además compromisos concretos de articulación institucional. Se acordó abrir un espacio técnico entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo para avanzar en garantías laborales y sindicales, así como en el cumplimiento de los requerimientos de los entes de control. La convergencia entre políticas educativas y laborales aparece como un paso necesario para la estabilidad del sistema.
El cierre del evento reafirmó el tono de urgencia y compromiso. La meta, según lo planteado por el Gobierno, es convertir los lineamientos del Plan Decenal en acciones tangibles dentro de cada aula. Más allá de los acuerdos, el desafío ahora será traducir esta hoja de ruta en resultados visibles para millones de estudiantes que siguen esperando que la educación sea, efectivamente, un derecho garantizado.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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