Colombia abre una nueva era en el campo: Gustavo Petro firma histórica justicia agraria para resolver la guerra por la tierra - Prensa Mercosur - Imprensa Mercosul El diario online del MERCOSUR

MINAGRICULTURA MARTHA CARVAJALINO

En una decisión que redefine el rumbo del campo colombiano, el presidente Gustavo Petro sancionó desde Cereté una ley que promete transformar uno de los conflictos más persistentes del país: la disputa por la tierra. La nueva Jurisdicción Agraria establece, por primera vez, un sistema de jueces y tribunales especializados dedicados exclusivamente a dirimir conflictos rurales, en lo que el Gobierno presenta como un avance decisivo hacia la paz territorial.

La norma marca un punto de inflexión en una nación donde la propiedad de la tierra ha sido históricamente fuente de violencia, desigualdad y desplazamiento. Con su entrada en vigor, Colombia busca reemplazar la lógica del conflicto por la de la justicia especializada, acercando el sistema judicial a campesinos y comunidades étnicas que durante décadas han permanecido al margen de decisiones clave sobre sus territorios.

El nuevo modelo no solo crea despachos judiciales con expertos en derecho agrario y ambiental, sino que introduce figuras inéditas como facilitadores que acompañarán gratuitamente a los ciudadanos en sus procesos. La intención es clara: hacer que la justicia sea comprensible, accesible y eficaz en las regiones más golpeadas por la violencia y la informalidad en la tenencia de la tierra.

Desde el Caribe colombiano, el mandatario defendió la medida como una pieza central de su proyecto de transformación rural. Insistió en que la reforma agraria no puede limitarse a la redistribución de tierras, sino que debe ir acompañada de garantías jurídicas que eviten nuevos conflictos y aseguren condiciones dignas para la producción y la vida en el campo.

El impacto de la decisión va más allá del plano jurídico. En paralelo al anuncio, el Gobierno confirmó la entrega de 3.600 hectáreas a más de mil familias campesinas afectadas por inundaciones en el departamento de Córdoba. Muchas de estas tierras, recuperadas por el Estado, estaban en manos de estructuras vinculadas a economías ilegales o a casos de corrupción, lo que añade un componente simbólico a su redistribución.

La estrategia también incluye intervenciones ambientales para restaurar el equilibrio de humedales y ciénagas, gravemente alterado por obras irregulares que bloquearon el flujo natural del agua y agravaron las emergencias climáticas recientes. Las autoridades aseguran que estas acciones buscan no solo mitigar futuras inundaciones, sino recuperar ecosistemas clave para la subsistencia de comunidades anfibias.

La creación de una justicia agraria especializada había sido una deuda histórica del Estado colombiano y uno de los compromisos centrales del acuerdo de paz firmado en 2016. Su implementación abre ahora un nuevo capítulo en el intento de resolver, por vías institucionales, una de las raíces más profundas del conflicto armado.

Mientras el país avanza hacia la puesta en marcha de esta jurisdicción, queda pendiente la aprobación de una ley complementaria que definirá los procedimientos concretos de operación. Sin embargo, el mensaje político ya está claro: el Gobierno apuesta a que la justicia, y no la violencia, sea el mecanismo para decidir el futuro de la tierra en Colombia.

En regiones donde durante décadas la ley fue reemplazada por la fuerza, la promesa de jueces especializados representa algo más que una reforma institucional. Para miles de campesinos, es la posibilidad de que, por fin, el Estado llegue con respuestas donde antes solo hubo abandono.

#ConDignidadCumplimos 📹 | Gracias al gobierno del presidente @petrogustavo, hoy se honra una lucha histórica ✊🏽, con la sanción de la Ley Estatutaria de la #JurisdicciónAgrariaYa 📃, que pone la justicia agraria en manos del pueblo 👩🏻‍🌾👨🏽‍🌾 que resiste y persiste.

Así lo destacó… pic.twitter.com/Vm0Ycok8rS

— Min. de Agricultura (@MinAgricultura) March 28, 2026