Claves de la reforma al Código Procesal Penal que propone el gobierno

El presidente recibirá este lunes a un grupo asesor técnico que trabajó durante meses en un paquete de modificaciones al CPP. Las propuestas buscan corregir problemas de implementación y derogar aspectos de la LUC, en un contexto donde el propio Orsi calificó el uso de los juicios abreviados como “un problemón”.

A más de siete años de la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal (CPP), el gobierno de Yamandú Orsi se apresta a darle una revisión profunda pero con “amplios consensos”. Este lunes, en la Torre Ejecutiva, el presidente recibirá al grupo asesor técnico que desde mayo de 2025 trabajó en la identificación de problemas y la redacción de propuestas para modificar la ley 19.293, la cual rige el sistema penal uruguayo desde noviembre de 2017.

El anuncio de esta revisión no ocurre en el vacío. En declaraciones recientes, el propio Orsi fue contundente al referirse a la herencia legislativa que recibió. “Hay unas cosas aberrantes ahí en la LUC que las debemos (derogar). Las tenemos que hacer”. En esa línea, puso el foco directamente en uno de los temas que abordará el informe técnico: la utilización del proceso abreviado. “El tema de los (juicios) abreviados yo creo que es un problemón”, advirtiendo sobre un uso “exagerado” de esta vía procesal.

Un diagnóstico compartido

Lejos de ser una iniciativa solitaria del Ejecutivo, el trabajo que se presentará esta semana es el resultado de un año de diálogo institucional. Según pudo saber La Diaria, el grupo asesor fue coordinado por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, e integró a representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y el Colegio de Abogados del Uruguay.

“Prácticamente fueron 30 reuniones del grupo como pleno”, destacó Díaz la semana pasada, subrayando que el objetivo era “una revisión integral que identificara dónde estaban los problemas y que apostara a soluciones”. El resultado, según afirmó, son “consensos amplísimos”.

Fuentes del grupo asesor explicaron a La Diaria que el trabajo consistió en “sistematizar” las dificultades que los operadores encontraron en el funcionamiento cotidiano del CPP. De esa sistematización surgieron varias propuestas de cambio que buscan dar claridad y eficiencia al proceso. Uno de los cambios conceptuales más relevantes que se plantean es la diferenciación explícita en la ley entre lo que es “evidencia” y lo que es “prueba”. Según las fuentes consultadas, esta distinción es crucial para evitar confusiones que pueden afectar el derecho al debido proceso. La fuente consultada fue clara al señalar que no es que exista un “problema” grave con la definición actual, pero ordenar estas categorías es fundamental porque “lo que es evidencia no alcanza para condenar a una persona; las personas tienen que ser condenadas con pruebas”.

Fortalecimiento de la defensa y vuelta a la suspensión del proceso

En línea con garantizar el equilibrio entre las partes, el borrador de modificaciones incluye un cambio significativo para la defensa de los imputados. Se propone que la defensa pueda solicitar “determinadas evidencias” directamente, sin tener que depender exclusivamente de la venia del fiscal. Si bien algunos jueces de garantías ya interpretan que la defensa puede llevar una “investigación autónoma”, la reforma buscaría plasmarlo de manera explícita en el código.

Otro de los puntos centrales del paquete es la restitución de la suspensión condicional del proceso. Este instituto, que permitía un acuerdo entre la fiscalía y el imputado para suspender el proceso a cambio de ciertas condiciones, fue derogado por la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en la administración anterior.

El debate de fondo: los procesos abreviados

A pesar de la amplitud de los cambios, el foco político y mediático estará puesto en lo que ocurra con los procesos abreviados. El presidente Orsi ya adelantó su preocupación por la magnitud que ha tomado esta vía, que permite resolver un caso sin llegar a juicio oral a cambio de una pena acordada.

Sin embargo, la fuente del grupo asesor matizó las críticas, señalando que la cantidad de abreviados en Uruguay está “más o menos dentro de lo que sucede internacionalmente”. En ese sentido, aclararon que “no hay mayores cambios” estructurales propuestos para esta figura.

Lo que sí se plantea es un refuerzo en el control y la transparencia del acto. Se busca poner “mayor énfasis en que la persona que está siendo imputada entienda que está renunciando al juicio oral”. La idea es que el consentimiento para acogerse a esta vía excepcional sea dado con plena información, yendo más allá de una simple fórmula ritual. Se intenta así mitigar el riesgo de que personas acepten condenas sin comprender cabalmente la garantía a la que están renunciando, un fenómeno que suele estar asociado a la falta de recursos y la saturación del sistema, tal como lo diagnosticó Orsi al decir: “Cuando vos no tenés recursos, salgo de esto”.

El documento final con todas las propuestas será entregado este lunes al presidente Orsi. A partir de allí, se espera que el Poder Ejecutivo dé curso formal a un proyecto de ley para iniciar el debate en el Parlamento, donde las modificaciones a la herencia de la LUC prometen ser uno de los ejes de la discusión política de este 2026.