La última semana volvió a mostrar que en Ecuador la violencia no aparece como excepción, sino como rutina. El 8 de marzo de 2026, cuatro personas murieron y dos quedaron heridas en un ataque armado en la cooperativa Héctor Cobos, en Durán. Días después, en General Villamil Playas, una nueva masacre de jóvenes volvió a instalar el horror en la Costa. Y en paralelo, siguieron acumulándose denuncias sobre un Estado que no solo falla en prevenir la muerte, sino también en administrar con dignidad lo que ocurre después del crimen. Lo que antes podía presentarse como una cadena de hechos aislados hoy ya no resiste análisis serio: el país vive una crisis de seguridad estructural, concentrada en Guayas y la Costa, pero con impacto nacional. La secuencia reciente confirma que el problema no se limita a una racha de violencia, sino a una institucionalidad que llega tarde, reacciona mal y no consigue persuadir a la ciudadanía de que tiene el control del territorio, de la investigación ni de la verdad.
El caso de General Villamil Playas es, por sí solo, una acusación contra la precariedad del Estado ecuatoriano. Los reportes sobre la masacre de marzo de 2026 coinciden en que seis jóvenes fueron asesinados durante una reunión social vinculada a una graduación. La noticia no estremeció solo por el número de víctimas, sino por el tipo de escena: muchachos reunidos en un encuentro festivo, en un balneario que debería vivir del turismo y no de la lógica del sicariato. Playas ya venía golpeado por antecedentes de extrema violencia, incluido el caso del billar de julio de 2025, que Ecuavisa recordó al cubrir la nueva matanza. Cuando un mismo cantón aparece una y otra vez en el mapa nacional de las masacres, ya no se puede hablar de episodios fortuitos: hay un fracaso sostenido de prevención, inteligencia y control territorial. La repetición de estos hechos en un mismo enclave costero revela que la respuesta oficial ha sido, en el mejor de los casos, reactiva; en el peor, decorativa.
La degradación institucional en Playas llega a un punto todavía más grave: familias que retiran los cuerpos directamente de la escena del crimen. Ecuavisa reportó que en 2026 al menos 11 cadáveres habían sido retirados por familiares en ese cantón, y que en la masacre del billar de julio de 2025 diez cuerpos fueron sacados sin autopsia. El mismo reportaje señaló que, pese a más de 30 disparos, en un acta de defunción constó infarto como causa de muerte, y que una fuente aseguró que esos cuerpos fueron sepultados con información falsa. Eso ya no describe solo dolor o desorden: describe un colapso severo de la cadena forense y de la confianza pública. Cuando una familia prefiere llevarse el cuerpo antes que dejarlo bajo custodia oficial, está diciendo algo demoledor: no cree que el Estado vaya a actuar con rapidez, transparencia ni respeto. Y cuando esa práctica termina afectando autopsias, registros y causas de muerte, la violencia deja de producir solo cadáveres; produce también verdad incompleta.
Ese clima de desconfianza explica por qué las denuncias sobre las morgues no pueden despacharse como rumores marginales. El trámite oficial de entrega de cadáveres por parte del Servicio Nacional de Medicina Legal aparece en la información estatal como “sin costo”, y el documento oficial añade que la gestión debe realizarla el representante legal o el familiar cercano, sin intermediación obligatoria de funerarias. Ese dato es central: si el procedimiento estatal es gratuito, cualquier cobro para “sacar el cuerpo”, “agilizar”, “embalar” o “resolver” la entrega no encaja en la tarifa pública, sino en un posible circuito de coima, concusión o extorsión. La importancia de este punto es periodística y política a la vez: desmonta de entrada cualquier intento oficial de normalizar esos pagos como si fueran parte natural del trámite. En Ecuador, la sospecha no nace de una confusión popular sobre costos reales; nace de la brecha entre la gratuidad formal y las denuncias persistentes de cobros indebidos.
Y esas denuncias existen, están publicadas y son graves. En junio de 2024, Ecuavisa reportó testimonios de familiares que aseguraban que funcionarios de la morgue de Guayaquil pedían dinero y materiales, entre ellos cal y cinta de embalaje, para entregar los cuerpos. El medio agregó que una fuente del propio servicio informó de más de 200 cadáveres en contenedores averiados, por encima de la capacidad del sistema. Associated Press documentó el mismo colapso: cuerpos acumulados, fallas de refrigeración, malos olores y reclamos de familias que esperaban recuperar a sus muertos. La escena es brutal en su significado político: el Estado ecuatoriano no solo ha sido incapaz de evitar la expansión de las muertes violentas, sino que además ha permitido que el espacio destinado a identificar, conservar y entregar cuerpos quede marcado por el hacinamiento, la improvisación y la sospecha de cobros irregulares. Donde debería haber procedimiento, aparece arbitrariedad; donde debería haber dignidad, aparece degradación.
La dimensión nacional del problema se entiende mejor cuando se mira la curva de homicidios desde 2023. El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado registró 8.248 homicidios intencionales en 2023 y 7.033 en 2024. Esa baja relativa no significó normalización: el propio observatorio advierte que desde marzo de 2024 los homicidios retomaron una trayectoria ascendente y que diciembre cerró con 710 asesinatos. Es decir, el alivio fue parcial, inestable y lejos de una solución estructural. Lo que muestran las cifras no es una victoria del Estado, sino una administración intermitente del desastre. Ecuador pasó de una escalada récord en 2023 a una reducción insuficiente en 2024, sin que eso alterara el fondo del problema: crimen organizado con capacidad territorial, presión sobre puertos y barrios, deterioro institucional y una ciudadanía cada vez más resignada a vivir bajo regímenes de excepción, toques de queda y operativos que no logran romper el ciclo.
Lejos de corregirse, la crisis volvió a empeorar con fuerza en 2025. El boletín semestral del OECO registró 4.619 homicidios intencionales en el primer semestre de 2025, un aumento de 47 % frente al mismo período de 2024. El informe también reportó un incremento alarmante en los homicidios de niños y adolescentes de 10 a 19 años. Ese dato demuele la narrativa fácil de que la violencia ecuatoriana es solo una guerra entre bandas aislada de la sociedad. Cuando se disparan los asesinatos de menores y jóvenes, lo que colapsa no es solo la seguridad pública; colapsa la capacidad elemental del Estado para proteger a su generación más vulnerable. En ese contexto debe leerse tanto la masacre del billar en Playas como la de los estudiantes en Villamil: no como anomalías trágicas, sino como expresiones de un país donde la juventud ha quedado cada vez más expuesta a un entorno criminal que el poder no logra desarticular.
La responsabilidad del gobierno de Daniel Noboa no desaparece porque parte de esta crisis venga de años anteriores. Gobernar no consiste en señalar la herencia indefinidamente, sino en modificar la trayectoria del problema. Sin embargo, incluso análisis internacionales han advertido que las reducciones iniciales asociadas a la política de mano dura no resolvieron el fenómeno y que la violencia volvió a crecer. El contraste entre discurso y resultado es demasiado evidente. Hay más escenificación del poder que reconstrucción institucional profunda. Hay más marketing de firmeza que reforma sostenida de Policía, Fiscalía, puertos, cárceles y sistema forense. Y en ese vacío, la ciudadanía recibe una doble condena: primero la amenaza del crimen; después la administración oficial del miedo mediante estados de excepción que no han conseguido impedir que Guayas, Manabí y Los Ríos sigan operando como epicentros de la violencia homicida del país.
A esta descomposición se suma la herida abierta del asesinato de Fernando Villavicencio. En julio de 2024, una corte ecuatoriana condenó a cinco personas por su participación en el magnicidio, pero Reuters subrayó entonces que las autoridades seguían investigando quién ordenó finalmente el crimen. En febrero de 2026, Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo, identificado como líder de Los Lobos y detenido en España, acusó a Daniel Noboa de haber ordenado el asesinato. Esa acusación fue rechazada por el Gobierno y no está probada públicamente. Pero el hecho político central no desaparece: casi tres años después del asesinato de un candidato presidencial, Ecuador seguía sin ofrecer una verdad completa, limpia y convincentemente cerrada sobre los autores intelectuales. Esa opacidad erosiona la credibilidad de las instituciones y multiplica el terreno para filtraciones, operaciones, distracciones y sospechas. Un Estado que no puede cerrar con autoridad moral un crimen de esta magnitud es un Estado cuya palabra pública llega debilitada a todos los demás casos.
Y ahí aparece el cierre más incómodo para el poder ecuatoriano. Cuando el Gobierno quiso exhibir fuerza, la exhibió incluso en escenarios de altísimo costo político, como la incursión de abril de 2024 en la embajada de México para detener a Jorge Glas, una acción que detonó condena internacional y litigio ante la Corte Internacional de Justicia. Es decir, voluntad de choque para ciertos gestos sí hubo. Lo que no aparece con la misma eficacia es una política capaz de proteger a los jóvenes de Playas, de impedir masacres repetidas en Durán, de garantizar morgues sin cobros bajo sospecha y de cerrar con verdad plena el caso Villavicencio. Hasta cuándo el gobierno seguirá apuntando hacia gobiernos anteriores, repartiendo culpas hacia atrás, mientras el país sigue llenándose de muertos, de familias humilladas en trámites forenses, de jóvenes asesinados y de expedientes inconclusos hacia adelante. Esa es la pregunta que queda en pie cuando termina el operativo, se apagan las cámaras y Ecuador vuelve a contar cadáveres.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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