Orsi anuncia el envío del proyecto para crear el Ministerio de Justicia y busca consenso en el Parlamento

La iniciativa, que traspasará el INR de la órbita del Interior a la nueva cartera, requerirá apoyos en Diputados donde el oficialismo no tiene mayoría.

El presidente Yamandú Orsi confirmó el envío de un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia, cumpliendo así con una de las promesas centrales de su campaña electoral. La medida, que marca el inicio del segundo año de su administración, busca reorganizar el sistema judicial y penitenciario del país, aunque su tramitación parlamentaria se presenta como un desafío complejo debido a la falta de mayoría propia en la Cámara de Diputados.

Según fuentes de Presidencia citadas por el diario El País, el proyecto consta de “pocos artículos” que definen la creación de la nueva secretaría de Estado, sus cometidos y el traspaso de organismos clave. La principal novedad estructural es que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), actualmente dependiente del Ministerio del Interior, pasaría a la órbita del nuevo ministerio. Además, la cartera se nutriría de una “sumatoria de organismos” que operan de manera dispersa, involucrando áreas del Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Defensoría Pública.

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, quien ha sido el principal impulsor técnico de la iniciativa, explicó en declaraciones pasadas que la creación del ministerio no implicará un gasto mayúsculo para el Estado, ya que funcionará mediante un “reordenamiento de todos los incisos” de las instituciones existentes, reasignando recursos en lugar de crearlos desde cero.

Un apoyo que se fragmentó tras las elecciones

La idea de crear un ministerio con estas características no es nueva. Viene discutiéndose al menos desde 2021 y, curiosamente, figuraba en los programas de gobierno de los dos candidatos principales en las pasadas elecciones, incluyendo al Partido Nacional, con la misma denominación y el objetivo de sacar la gestión carcelaria del Ministerio del Interior.

Sin embargo, el consenso preelectoral se ha desvanecido en el Parlamento. Mientras que en el Senado el Frente Amplio cuenta con los votos necesarios para aprobar la ley, en la Cámara de Diputados el oficialismo requiere el respaldo de legisladores de la oposición para alcanzar la mayoría absoluta.

Las resistencias provienen de casi todos los legisladores de la oposición. Según informa Subrayado, la oposición no solo cuestiona los cometidos del nuevo ministerio, sino que existe un reparo explícito hacia la figura de Jorge Díaz. Los legisladores blancos, colorados y cabildantes han manifestado que no les transmite confianza y señalan que venían advirtiendo que no estaban “dadas las condiciones” para la aprobación, especialmente ante la posibilidad de que Díaz sea designado como el futuro ministro.

Díaz, por su parte, ha intentado despejar las dudas y desviar la discusión hacia el fondo de la propuesta. En declaraciones a Canal 10 en diciembre pasado, afirmó: “Me resisto a creer que una idea que antes de las elecciones todos los partidos consideraban buena ahora sea mala”. El jerarca también ha negado ser “candidato a ministro”, buscando desactivar las críticas personalistas.

En este escenario de negociación, el gobierno enfrenta una fuerte oposición en la Cámara de Representantes. Cabildo Abierto, que acompañó en algunas leyes al gobierno durante el primer año, su líder Guido Manini Ríos, anticipó en agosto del año pasado tras haberse reunido con el presidente Yamandú Orsi que “Estamos realmente en contra de la creación de un nuevo Ministerio. Así se lo dijimos recién al señor presidente. Entendemos que el Uruguay no está para seguir creando escalones burocráticos que terminan esterilizando, muchas veces, los esfuerzos”. También el partido Identidad Soberana ya manifestó su “absoluto rechazo” a la iniciativa.

Implicancias y miradas académicas

La creación de un Ministerio de Justicia en Uruguay busca alinearse con estándares internacionales, y es más un proyecto de raíz foránea, que un fruto propio de nuestra inteligencia nacional. Según un análisis académico de Ignacio M. Soba Bracesco, publicado en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal, este tipo de ministerios actúa como un “articulador, puente o nexo entre los Poderes” del Estado. Su función se centra en la formulación de políticas públicas sobre acceso a la justicia, asistencia legal y política penitenciaria, sin invadir la independencia técnica del Poder Judicial.

Para el gobierno, la creación de la cartera no solo mejoraría la gestión del sistema carcelario —quitándole esa responsabilidad a la seguridad pública— sino que permitiría una política de estado más coherente en materia de derechos humanos. La decisión ahora queda en manos del Parlamento, donde el oficialismo intentará capitalizar los anuncios de campaña para convencer a sus pares de que el proyecto no es una iniciativa partidaria, sino una necesidad institucional largamente postergada.