El calor cae como una losa sobre Asunción y el interior, los ríos imponen su presencia poderosa en un país sin mar, y la vida cotidiana se organiza entre siestas largas, asados interminables y chapuzones para combatir la humedad. Los niños aún no regresan a clases y el ritmo parece ralentizarse entre el mediodía y la caída del sol. Pero este febrero fue distinto: en medio de esa atmósfera densa y abrasadora, se dictó una sentencia inédita que vuelve a colocar en el centro la memoria de la dictadura de Alfredo Stroessner.
El 12 de febrero, la justicia paraguaya condenó a tres expolicías por torturas cometidas durante el régimen que gobernó el país entre 1954 y 1989. Eusebio Torres y Fortunato Laspina recibieron penas de 25 años de prisión; Manuel Alcaraz, de 20. Aunque cumplirán arresto domiciliario por su avanzada edad, la sentencia marca un precedente: medio siglo después, el Estado confirma que los crímenes de lesa humanidad pueden y deben ser juzgados.
“Es histórico. Aunque tardío, este juicio demuestra que la posibilidad de ser juzgado existe, incluso 50 años después”, sostuvo el psiquiatra y docente Carlos Portillo, uno de los investigadores principales del informe final de la Comisión de Verdad y Justicia, documento clave como prueba en el proceso.
El caso se inició gracias a la denuncia de Domingo Guzmán Rolón, fallecido en 2024. Exiliado en el norte argentino, fue detenido ilegalmente el 17 de octubre de 1976 en Puerto Pilcomayo, provincia de Formosa, cuando intentaba regresar a Paraguay para visitar a sus padres. Según se probó en el juicio, fue trasladado oculto en el maletero de un automóvil hasta Asunción. El 2 de diciembre de 1976 fue recluido en el temido Departamento de Investigaciones, donde permaneció detenido y fue sometido a torturas hasta el 1 de diciembre de 1977.
De acuerdo con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, el 30,6% de las víctimas de tortura del llamado “estronismo” pasó por ese centro. El periodista Antonio Pecci, que ha dedicado décadas a investigar los crímenes del régimen, recordó haber visto a Rolón en julio de 1977, en una celda frente a la suya. “Nos comunicábamos por señas, esposados”, evocó.
Durante la lectura de la sentencia, el juez Juan Pablo Mendoza describió un sistema en el que los agentes competían por aplicar “mejores métodos” de tortura contra presos políticos. La sala estuvo colmada por familiares y sobrevivientes. Solo uno de los condenados asistió presencialmente; los otros comparecieron de forma virtual. Para las víctimas, sin embargo, el impacto fue profundo. “Aunque Domingo no llegó a verlo, su viuda y sus hijos sí. Y también muchas otras víctimas que siguieron el caso desde dentro y fuera del país”, señaló Pecci.
Este es el segundo juicio oral por torturas bajo la nueva ley procesal paraguaya. En 2024, Torres ya había sido condenado a 30 años de prisión en otro proceso, aunque la sentencia continúa apelada. Los condenados, según Portillo, no han mostrado arrepentimiento ni aportado información sobre desaparecidos, alimentando una persistente cultura de negación.
La sentencia llega en un contexto de conversaciones paralelas. Mientras algunos sectores aún reivindican el “orden” o las obras públicas del régimen, otros sostienen la memoria activa. Diez días antes del fallo, durante el aniversario de la caída de la dictadura, los debates televisivos mezclaban lugares comunes con silencios incómodos. Dos relatos que rara vez se cruzan.
Las cifras siguen siendo estremecedoras: 19.862 detenidos arbitrarios, 18.772 torturados, 336 desaparecidos y más de 3.470 exiliados. Entre ellos, el escritor Augusto Roa Bastos, premio Cervantes en 1989. En un país donde la memoria estuvo durante décadas capturada por la élite heredera del régimen, algo parece moverse. Tal vez, de manera silenciosa pero firme, la historia comienza a cambiar de manos.
Redacción Diario La R Paraguay
Fuente de esta noticia: https://grupormultimedio.com/febrero-en-paraguay-tiene-algo-de-suspension-del-tiempo-id185953/
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