Imagen – Caricatura Erasmo
“¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Comen la grasa, se visten con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no fortalecen a la débil ni curan a la enferma; no buscan a la perdida ni hacen volver a la descarriada”. El capítulo 34 del libro de Ezequiel no es una metáfora ligera ni una frase aislada: es una acusación directa contra líderes que utilizan su posición para beneficiarse mientras el pueblo sufre. Ese texto, escrito hace siglos, ha vuelto a citarse en Colombia por quienes, al parecer, ven en el actuar del pastor Miguel Arrázola un reflejo inquietante de esa advertencia bíblica.
El apellido Arrázola se ha instalado en el debate público no solo por sus posturas religiosas, sino por su abierta intervención en la arena política. Cuando Arrázola comparó en la red social X a simpatizantes del presidente Gustavo Petro con “una vaca aplaudiendo al carnicero”, muchos interpretaron que Arrázola cruzaba nuevamente la línea entre guía espiritual y actor político. Para sectores críticos, Arrázola no se limita a predicar; Arrázola orienta, señala y polariza desde el púlpito.
Pero para muchos, el problema de Arrázola no es solo lo que dice, sino lo que calla. Durante la pandemia del COVID-19, mientras miles de familias clamaban por ayudas estatales y el país enfrentaba una de las peores crisis económicas de su historia reciente, el gobierno del entonces presidente Iván Duque gestionó un préstamo ante el Fondo Monetario Internacional por más de cinco mil millones de dólares. Según múltiples voces críticas, ese endeudamiento -que compromete a generaciones futuras- terminó beneficiando principalmente al sistema financiero bajo la premisa de que la banca distribuiría los recursos y dinamizaría la economía.
Muchos esperaban una voz profética. Muchos esperaban que Arrázola, con su influencia masiva, cuestionara el peso de esa deuda sobre los más pobres. Sin embargo, al parecer, Arrázola guardó silencio absoluto frente al endeudamiento. Para numerosos observadores, Arrázola fue contundente contra ciertos sectores políticos, pero prudente frente a decisiones económicas que afectaron a millones. Algunos sostienen que Arrázola comparte afinidad ideológica con ese proyecto político y que ese silencio no fue neutral.
Mientras el país se endeudaba, según testimonios difundidos por exmiembros y críticos, Arrázola no habría reducido la presión sobre los aportes económicos de su congregación. Al contrario, muchos señalan que Arrázola promovió el uso de datáfonos y transferencias electrónicas para asegurar que los diezmos, ofrendas y primicias continuaran fluyendo en plena cuarentena. Mientras las ovejas enfermaban, mientras algunas morían, mientras otras hacían filas por mercados y subsidios, Arrázola -según estas versiones- garantizaba la continuidad del recaudo. Muchos cuestionan que Arrázola insistiera en la fidelidad financiera en el momento más crítico del país, sin levantar la misma fuerza de voz frente al endeudamiento nacional.
Se debe aclarar con precisión que no todos los pastores participan en estas dinámicas. Sin embargo, en Colombia existen iglesias bajo señalamientos graves: investigaciones por presunto lavado de activos vinculados al narcotráfico, familiares de líderes religiosos enfrentando procesos judiciales en Estados Unidos por tráfico de dinero y sospechas sobre movimientos financieros irregulares que, en algunos casos, han sido asociados a episodios de violencia contra funcionarios judiciales y fiscales. Cada uno de estos episodios, probado o en investigación, proyecta una sombra que afecta la credibilidad de la institución religiosa en su conjunto y debilita la confianza de la ciudadanía. En ese clima de desconfianza, el nombre de Arrázola aparece inevitablemente dentro de una conversación más amplia sobre transparencia, coherencia y responsabilidad moral.
Diversos escritos en la prensa colombiana han reseñado cuestionamientos sobre la vida pública de algunos de estos dirigentes: señalamientos relacionados con presuntos dineros del narcotráfico, acusaciones de cobros sin ejercicio efectivo profesional, versiones que indican que habrían solicitado recursos para influir ante magistrados y parlamentarios en favor de intereses particulares, y polémicas vinculadas a esquemas financieros que afectaron a numerosos ciudadanos. Son asuntos ampliamente debatidos en el ámbito público. Para muchos críticos, cuando Arrázola no marca distancia frente a figuras rodeadas de controversia, el mensaje que se transmite es de conveniencia antes que de coherencia.
La acusación que hoy recae sobre Arrázola, según quienes la formulan, es esencialmente moral: Arrázola no puede exigir sacrificios económicos a los fieles, promover diezmos electrónicos en plena pandemia, callar ante un endeudamiento multimillonario y mostrarse combativo solo frente a determinados sectores políticos. Para esos sectores inconformes, el capítulo 34 de Ezequiel no es retórica religiosa; es un espejo incómodo.
En una nación atravesada por desigualdad, corrupción y desconfianza institucional, muchos repiten que la fe no puede convertirse en instrumento de poder ni en engranaje electoral. Cuando el pastor se percibe más cercano a las estructuras políticas que al dolor del rebaño, la advertencia bíblica deja de ser antigua y se convierte en presente. Y en ese presente, para muchos, el nombre Arrázola aparece en el centro de una discusión que ya no es solo teológica, sino profundamente ética y nacional.
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