Nivaldo Ouriques Kestring y su hijo William Ouriques Rolin, procesados por integrar un esquema de falsificación de documentos para apropiarse ilegalmente de tierras rurales, gozan de supuestos privilegios dentro de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.
A pesar de estar con prisión preventiva por hechos considerados graves, ambos no estarían recluidos en condiciones similares al resto de la población penal. Según denuncias y fotografías a las que pudimos acceder, el hombre conocido como el “Rey de las estafas en el campo” y su hijo permanecen apartados de los demás internos, en un sector con mayores comodidades.
De acuerdo con los datos recabados, padre e hijo se desplazan por distintos sectores del penal sin restricciones visibles, sin que agentes penitenciarios les llamen la atención. Las imágenes muestran una rutina distante de la realidad que afrontan otros reclusos.
Las denuncias también señalan que supuestamente poseen teléfonos celulares dentro del recinto, desde donde realizarían constantes llamadas. El uso de estos dispositivos está prohibido en las cárceles, por lo que la situación genera preocupación sobre el control interno.
Todo esto ocurriría con pleno conocimiento del actual director del penal, el abogado Joel Durañona, quien asumió recientemente el cargo. Versiones extraoficiales indican que para vivir “a cuerpo de rey” dentro del establecimiento, el ciudadano brasileño investigado por producción de documentos públicos de contenido falso estaría pagando una elevada suma de dinero.
Las sospechas apuntan a un trato preferencial incompatible con el régimen penitenciario y con la condición procesal de los imputados. Otros internos, en cambio, enfrentan hacinamiento y estrictas limitaciones.
En paralelo, la Cámara Penal Segunda Sala de la Sexta Circunscripción Judicial del Alto Paraná confirmó la prisión preventiva de Nivaldo Ouriques Kestring y William Ouriques Rolin. El Tribunal ratificó el Auto Interlocutorio Nº 18 dictado por la juez penal de Itakyry, Jorgelina Melgarejo Vera, rechazando el pedido de libertad o medidas alternativas. Incluso, los procesados intentaron presentar como caución real uno de los inmuebles presuntamente usurpados, buscando forzar su excarcelación.
Mientras la Justicia sostiene la gravedad del caso y mantiene a los imputados tras las rejas, crecen las denuncias sobre los privilegios que tendrían dentro del penal, situación que podría derivar en nuevas investigaciones administrativas y penales.
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