El Gobierno nacional confirmó que en los próximos días expedirá un decreto con medidas de control de precios y desindexación de bienes y servicios, como respuesta directa al incremento del salario mínimo que comenzó a regir el 1 de enero de 2026. La decisión, liderada desde el Ministerio de Trabajo, busca blindar el poder adquisitivo de los trabajadores y evitar presiones inflacionarias derivadas de prácticas especulativas en distintos sectores de la economía.
El anuncio fue realizado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien explicó que el presidente Gustavo Petro avanzará en un paquete normativo orientado a garantizar que el aumento del 23,78 % del salario mínimo no se diluya por alzas injustificadas en precios regulados y no regulados. De acuerdo con el funcionario, la medida no responde a una improvisación, sino a una lectura integral del momento económico que atraviesa el país y a la necesidad de consolidar una recuperación con mayor equidad social.
Sanguino defendió el incremento salarial señalando que se sustenta en una mejora significativa de los principales indicadores macroeconómicos. Recordó que el actual Gobierno recibió una inflación cercana al 14 % y que hoy se ubica alrededor del 5,2 %, una reducción que, según dijo, refleja una tendencia clara de estabilización de precios. A esto se suma una disminución del desempleo, que cerró el último año en torno al 7 %, así como un crecimiento económico del 2,9 % en 2025, con un repunte destacado del 3,6 % en el último trimestre, cifras que refuerzan la viabilidad del ajuste salarial.
El ministro subrayó que el aumento del salario mínimo responde también a estándares internacionales y a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, en particular en lo relacionado con el cierre de brechas entre el salario mínimo legal y el salario vital. En ese sentido, insistió en que la política laboral del Ejecutivo apunta a garantizar ingresos que permitan condiciones de vida dignas, sin sacrificar la estabilidad económica.
Desde la perspectiva del consumo, el Gobierno prevé un impacto relevante en la demanda interna. Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, cerca de 2,4 millones de trabajadores que devengan el salario mínimo contarán con mayores ingresos, lo que podría traducirse en aproximadamente 800.000 millones de pesos adicionales mensuales destinados al consumo. Estos recursos, explicó Sanguino, se dinamizarían principalmente en los comercios de barrio, los servicios locales y la pequeña producción, fortaleciendo el tejido económico interno y generando un efecto multiplicador en las economías regionales.
Con el anuncio del decreto de control de precios, el Ejecutivo envía una señal clara a los mercados: el aumento salarial no será acompañado de aumentos desproporcionados en bienes y servicios esenciales. La estrategia, según el Gobierno, busca equilibrar crecimiento, empleo y estabilidad, en un contexto en el que la recuperación económica debe traducirse en beneficios tangibles para la mayoría de la población.
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