El Frente Amplio (FA) descartó de plano cualquier posibilidad de considerar el modelo de seguridad impulsado por Nayib Bukele en El Salvador. El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, afirmó que ese enfoque “violenta estándares de derechos humanos, libertades y pilares centrales de la República”, y subrayó que Uruguay debe sostener su tradición democrática aún en contextos de preocupación social por el delito.
Sus declaraciones se produjeron tras la reunión de la Mesa Política del FA, que contó con la presencia del ministro del Interior, Carlos Negro, quien adelantó el plan de seguridad que comenzará a aplicar el gobierno en 2026. Allí, Pereira reafirmó que el gobierno presentará el próximo 8 de diciembre el nuevo plan nacional de seguridad, cuyo despliegue comenzará en marzo de 2026. “Se trata de una política de Estado que debe pensarse a diez años”, señaló.
Un plan de largo aliento
Pereira destacó que el proceso involucró a todos los partidos políticos, organizaciones sociales, representantes de la academia y agencias internacionales. A su juicio, el consenso alcanzado es inédito y da sustento a un modelo que deberá combinar prevención, construcción de convivencia democrática y lucha frontal contra el crimen organizado.
El jerarca insistió en que la seguridad pública es uno de los temas que más afecta a la ciudadanía y recordó que el propio informe electoral encargado por el Partido Nacional identificó este asunto como una de las tres razones principales de su derrota en los comicios. “No es un problema de sensación térmica como alguna vez dijimos. Es un problema real, que se vive en los barrios, en las balaceras, en las disputas entre bandas. Allí es donde el Estado debe estar”, afirmó.
Si bien señaló que los delitos, a excepción del abigeato, han bajado “en casi todas las categorías”, advirtió que ese dato no debe llevar a la complacencia. “Que los números sean buenos no significa que la gente ya se sienta segura”, sostuvo.
Consultado sobre las nuevas propuestas del Partido Nacional —incluida la cadena perpetua revisable— el presidente del FA fue cauto. Indicó que la fuerza política no opina “a esa velocidad” y que analizará las iniciativas con responsabilidad. Sin embargo, remarcó que muchas de las medidas planteadas ya habían estado presentes en la Ley de Urgente Consideración y no generaron resultados positivos.
“Ninguno de nosotros puede sentirse satisfecho con la situación de seguridad. Estamos buscando construir un nuevo plan basado en evidencia”, expresó. Pereira también se refirió a la situación del senador colorado Adrián Ojeda, denunciado por presunta violación del artículo 124 de la Constitución al haber intervenido ante un organismo descentralizado. El FA, dijo, ya solicitó informes jurídicos y esperará conclusiones técnicas antes de fijar posición.
“No es una caza de brujas. Hay que actuar con seriedad y responsabilidad”, remarcó. También recordó que durante el período pasado la oposición fue “tajante” en casos similares y cuestionó la inconsistencia actual.
El modelo Bukele: un límite infranqueable
El dirigente volvió sobre el punto que encendió el debate político en los últimos días: las declaraciones del presidente Yamandú Orsi, quien había calificado al modelo de El Salvador como “un modelo para analizar”, aunque inaceptable para aplicar en Uruguay.
Para Pereira, ni siquiera es plausible considerarlo como referencia. “En el Frente Amplio pensar en el modelo Bukele es imposible. Viola derechos humanos, libertades y principios republicanos”, afirmó. Explicó que algunos países con historias recientes de guerra civil o dictaduras están más predispuestos a ceder libertades a cambio de seguridad, pero advirtió que Uruguay tiene una tradición distinta que se debe preservar. “Vale la pena construir un plan a la uruguaya”, sostuvo.
M24, concentración de medios y pluralidad democrática
Consultado por el cierre de la emisora M24 y la situación de sus trabajadores, Pereira señaló que toda pérdida de una frecuencia con perfil político constituye “una complicación para la democracia y para la pluralidad de voces”. Recordó que la emisora arrastraba un déficit importante y que no era el Frente Amplio quien debía asumirlo, aunque lamentó su desaparición.
Aclaró también que el FA no analizó hacerse cargo de la radio ni recibió un planteo formal del MPP en ese sentido. “No creo en los medios propios de los partidos. No generan diversidad”, afirmó. De todos modos, expresó preocupación por la creciente concentración del sistema de medios en Uruguay, fenómeno que —dijo— afecta directamente la calidad democrática.
La radio acumulaba pérdidas superiores a 20.000 dólares mensuales, según reconoció públicamente la exvicepresidenta Lucía Topolansky. Ese desequilibrio económico llevó a la decisión de vender la frecuencia, aun cuando el medio cumplía un rol relevante para sectores de la izquierda y parte de la audiencia progresista.
Fernando Pereira sostuvo que la decisión debe “respetarse” porque responde a criterios económicos, pero admitió que su desaparición provoca “dolor” y genera preocupación por la pérdida de pluralidad. También negó que el Frente Amplio haya evaluado asumir la gestión de la emisora o que el MPP haya planteado repartir el déficit entre sectores. “Si el poder mediático se concentra, es una preocupación para quienes creemos en el Uruguay democrático”. Afirmó.
Marcelo Falca
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