Más de mil policías y militares desplegados en Quito tras advertencia de movilización indígena

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han reforzado la seguridad en Quito ante las amenazas del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Marlon Vargas, de que se tomarán la ciudad si el Gobierno no atiende sus demandas, entre ellas, derogar el decreto con el que se eliminó el subsidio del diésel.

A primeras horas de este viernes 10 de octubre, la Policía reunió a más de un millar de agentes para darles instrucciones para el mantenimiento del orden y «la defensa de Quito» que, al igual que el resto del país, cumple la segunda jornada de un puente festivo de cuatro días.

El jueves, las Fuerzas Armadas también desplegaron a militares en la capital, hasta donde han llegado este viernes más efectivos desde ciudades como Guayaquil y Manta.

Colectivos feministas, estudiantes y comunidades indígenas, entre otros, preparan la «Gran marcha pacífica de vida y resistencia» para el próximo domingo, que comenzará en el sur de Quito y terminará en el parque El Arbolito, una de las zonas de entrada al centro histórico, donde se encuentra la sede del Ejecutivo.

El comandante de la Policía Nacional, Pablo Dávila, anotó que este viernes tienen una reunión con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sobre todo para «la gran planificación» de acciones que desplegarán en Imbabura, epicentro de las protestas.

Este viernes se cumplen 19 días de un paro convocado por la Conaie con carácter nacional, pero que ha afectado a unas seis de las 24 provincias de manera esporádica, aunque la de Imbabura permanece bloqueada.

En esa provincia, dirigentes indígenas amenazaron con tomar durante este festivo la capital, Ibarra, si el Gobierno no dialoga ante sus exigencias, en tanto que la población se ha autoconvocado para marchas pacíficas en defensa de su derecho a trabajar.

Ello porque los manifestantes no permiten que se abran los comercios y amenazan a sus dueños en caso de que decidan trabajar.

Dávila subrayó que la disposición del presidente, Daniel Noboa, es muy clara: «Nos estamos preparando para devolver la tranquilidad, la paz a esa importantísima parte del país».

Este viernes, se mantuvo bloqueada la provincia de Imbabura (norte), mientras que anoche se registraron protestas en la zona de San Miguel del Común, en el norte de Pichincha, donde los manifestantes han denunciado represión por parte de las fuerzas del orden.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó del allanamiento anoche a un domicilio en ese sector donde «se fabricaban y almacenaban artefactos explosivos (entre ellas bombas Molotov)», dijo.

Agregó que también se almacenaban «instrumentos utilizados como barricadas y trincheras para obstaculizar la movilidad en la zona y atentar contra las fuerzas del orden».

Las protestas han dejado hasta el momento un indígena fallecido, decenas de heridos entre manifestantes y fuerzas del orden, así como más de 100 detenidos y millonarias pérdidas materiales, especialmente en Imbabura.

La Conaie exige que se derogue el decreto mediante el cual se eliminó el subsidio del diésel, que se baje del 15 % al 12 % el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que se libere a los detenidos.

El Gobierno se niega a cumplir las dos primeras exigencias y sobre los detenidos asegura que no tiene competencia al corresponder el asunto a la Función Judicial.

Doce de los detenidos están procesador por terrorismo tras haber sido capturados luego de un ataque a un cuartel de Policía en Otavalo (Imbabura), donde dañaron sus instalaciones y quemaron diez vehículos. Por otra parte, familiares y abogados de siete de ellos denuncian no tener información desde hace cuatro días.

El Gobierno sostiene que hay infiltrados en las marchas que aparentemente buscan desestabilizar el país.

EFE