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En un pronunciamiento que remeció la escena política colombiana, el presidente Gustavo Petro lanzó este viernes una serie de acusaciones directas contra la periodista y actual precandidata presidencial Vicky Dávila, a quien vinculó con supuestas filtraciones internas de la Fiscalía General de la Nación, utilizadas —según el mandatario— con fines de proselitismo político.
La declaración surge en medio de la compleja situación judicial de Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado, cuyo proceso ha generado tensiones entre el gobierno y los órganos de control. Petro aseguró que jamás ha intervenido en los expedientes de su hijo:
“Afirmé que no intervendría en el proceso penal de mi hijo, guardando las funciones de mi actual cargo. Lo he cumplido. Nadie que tenga que ver con el proceso puede afirmar lo contrario”.
El mandatario denunció, en cambio, presiones externas e “intereses mafiosos” que habrían intentado utilizar el caso de Nicolás Petro como herramienta de presión política:
“Sé lo que intentaron hacer Barbosa, Mancera y sus fiscales con mi hijo, y lo que pretendían conmigo. He denunciado la fuerte influencia de una confederación mafiosa dentro de la Fiscalía, que ha tenido incidencia en exportaciones de cocaína, en procesos electorales en Ecuador e incluso en la impunidad del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci”.
Petro fue más allá al señalar de manera directa a la periodista Vicky Dávila —hoy precandidata presidencial— como beneficiaria de información reservada proveniente de la Fiscalía. Según sus palabras, esa relación compromete no solo la transparencia de los procesos judiciales, sino también el equilibrio democrático:
“Sé de los vínculos estrechos entre la entonces periodista Victoria Dávila y el fiscal Barbosa. Gracias a esta alianza, ella tuvo conocimiento previo de diligencias del proceso contra mi hijo. Ahora, como candidata, busca llegar a la presidencia usando procedimientos ilegítimos contra sus contrincantes”.
El presidente acompañó su denuncia con ejemplos puntuales. En uno de ellos, aseguró que Dávila anunció a las 8 de la mañana una imputación contra Nicolás Petro, seis horas antes de que la Fiscalía hiciera pública la diligencia oficial. En otro, habría difundido un documento reservado con la hora exacta de la acción judicial.
Para Petro, estos hechos evidencian una “articulación indebida” entre funcionarios de la Fiscalía y la campaña política de su opositora:
“Aquí se comprueba una aberración judicial en el caso de mi hijo. Funcionarios de la Fiscalía actuaron en favor de una candidata opositora, vulnerando la garantía procesal y el derecho universal a un juez neutral e independiente”.
El mandatario insistió en que no interfiere en las decisiones judiciales relacionadas con su hijo, pero recalcó que exigirá que el proceso se adelante con garantías:
“No influyo en las decisiones que deben tomarse de acuerdo a las conductas de mi hijo. Lo que exijo es que se haga en libertad, en justicia y en derecho”.
Las declaraciones, que mezclan acusaciones de alto calibre contra la Fiscalía y contra una de las figuras más visibles de la oposición, marcan un nuevo punto de quiebre en la ya tensa relación entre el Ejecutivo y el sistema judicial. La denuncia abre un frente político de gran alcance, en un país que se prepara para una contienda presidencial donde la independencia de la justicia y la transparencia institucional se han convertido en ejes centrales del debate público.
