Fueron un operativo armado los ocho bloqueos a la capital

El gobernador Alejandro Armenta exhibió públicamente imágenes de un manifestante encapuchado que portaba un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército durante los bloqueos viales registrados este martes en la capital poblana, movilizaciones promovidas por presuntos familiares de internos del penal de San Miguel.

Durante la rueda de prensa, efectuada en la Ciudad de México, el mandatario estatal reveló que existen versiones oficiales sobre un presunto pago de 400 pesos a manifestantes a cambio de mantener cerrados ocho puntos estratégicos de la ciudad durante al menos dos horas.

Por lo tanto, solicitó una investigación exhaustiva para deslindar responsabilidades e identificar a los autores intelectuales del conflicto.

Ante la prensa nacional, el morenista mostró el material fotográfico donde se aprecia a un individuo con el rostro cubierto sosteniendo un armamento de alto poder en medio de la protesta vial.

Armenta enfatizó que el arma exhibida corresponde a material reservado únicamente para las fuerzas armadas, lo que eleva la gravedad de los hechos ocurridos en la vía pública.

Ante esta situación, el gobernador instó a las autoridades competentes a indagar de manera inmediata la presencia de civiles armados en este tipo de manifestaciones.

“Se debe investigar a fondo la presencia de personas armadas durante las protestas”, sostuvo, al referirse al peligro que representa la infiltración de personas con equipo bélico en movilizaciones urbanas.

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Presunto financiamiento y logística de los cierres viales

En relación con el origen y la operatividad de las protestas, Alejandro Armenta señaló que, de acuerdo con los reportes e información proporcionada por el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, se detectaron indicios de una estructura financiera que impulsó los cierres.

Según dichas versiones, se habría entregado una remuneración económica de 400 pesos a diversos participantes con la consigna de prolongar la interrupción del tránsito en ocho puntos neurálgicos de Puebla por un lapso mayor a dos horas.

Las movilizaciones habrían sido convocadas inicialmente para manifestarse en contra de presuntas extorsiones cometidas en el interior del centro penitenciario de San Miguel; sin embargo, las autoridades investigan la posibilidad de que tras el movimiento existan intereses ajenos a las demandas de los familiares.

“Es necesario investigar quién estaría detrás de estas movilizaciones”, puntualizó el gobernador, tras recalcar que se actuará para esclarecer el trasfondo de los bloqueos y la presunta manipulación asalariada de las protestas en la entidad.

Este martes, familiares de internos del penal de San Miguel bloquearon durante poco más de dos horas ocho puntos viales de la capital poblana, entre ellos la autopista México–Puebla, la caseta de cobro a Atlixco, el Camino al Batán, el Periférico Ecológico y distintas vialidades del Centro Histórico, para denunciar presuntos actos de extorsión al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso), que, aseguraron, serían tolerados por el director del penal, Jorge Ortiz, por lo que exigieron su destitución.

Los denunciantes señalaron que las extorsiones van de 20 mil a 300 mil pesos y se realizan mediante distintas modalidades de cobro, que pueden ser diarias o semanales, bajo amenazas de represalias contra los internos, incluidas golpizas.

Además, acusaron a tres reclusos de encabezar esta red de extorsión e identificaron entre ellos a Juan Carlos N. y Félix N., a quien también señalaron de presuntamente pertenecer al grupo criminal Los Rojos. Aunado a ello, sostuvieron que estos internos controlarían el tráfico de drogas al interior del penal.

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