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En Washington se cocina una decisión que puede redefinir el futuro inmediato de Colombia y sacudir el tablero geopolítico latinoamericano. Si la administración de Donald Trump opta por descertificar al Gobierno colombiano en la lucha antidrogas, las consecuencias no solo golpearían la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y la Policía, sino que también erosionarían una de las alianzas estratégicas más sólidas que tiene Estados Unidos en la región, en un momento en que la Casa Blanca mantiene la mirada fija en Caracas y en la caída del régimen de Nicolás Maduro.
La sanción implicaría recortar recursos esenciales que hoy sostienen el músculo de inteligencia, el mantenimiento de helicópteros y el entrenamiento de tropas, apoyos que han permitido que las incautaciones de cocaína alcancen cifras históricas: 889 toneladas en 2024, un 35 % más que dos años atrás. Sin ese respaldo, advierten expertos, el flujo de droga hacia el mercado estadounidense se dispararía.
“Dejaría de recibir el montón de información que le da Colombia. La DEA y la CIA tienen un marco de acción enorme aquí, y lo arriesgarían todo con una descertificación”, advierte Estefanía Ciro, investigadora en temas de narcotráfico.
Pero Estados Unidos también perdería. La cooperación bilateral no es únicamente un intercambio de recursos: es un engranaje de inteligencia único en la región. Desde la coordinación de operaciones marítimas como la campaña Orión —con participación de 62 países— hasta la capacitación de más de 6.000 agentes antinarcóticos de América Latina en 2024, Colombia se ha convertido en un pivote de seguridad hemisférica.
El dilema adquiere mayor relevancia por el factor venezolano. Trump ha desplazado buques de guerra y un submarino nuclear cerca de las costas de Maduro, a quien califica de “narcoterrorista” y por cuya captura ofrece 50 millones de dólares. Romper el puente con Bogotá debilitaría esa estrategia de presión militar.
“Hoy para Washington no es tan relevante el tráfico de cocaína como lo es mantener influencia regional”, explica Ciro, directora del centro de pensamiento A la Orilla del Río.
En el Congreso estadounidense, sin embargo, el malestar hacia la política antidrogas del presidente Gustavo Petro ya es evidente. La ayuda de 2024 fue de 377,5 millones de dólares, una cifra menor a los 453 millones de 2023, y las voces republicanas más duras presionan por un castigo. En ese terreno, el cálculo político de Trump pesará más que las métricas técnicas.
Jeremy McDermott, cofundador de InSight Crime, alerta de un riesgo adicional: la extradición. Entre 2000 y abril de 2024, Colombia envió a 3.024 personas a tribunales estadounidenses. “Ese flujo podría alterarse con una descertificación, y ese sí sería un golpe directo a las agencias federales de EE. UU.”, señala.
La historia muestra que un escenario así no es hipotético. En 1996 y 1997, Bill Clinton aplicó la misma medida contra el gobierno de Ernesto Samper. El resultado fue devastador: los cultivos de coca crecieron un 56 % y la producción potencial de cocaína se disparó en un 52 %.
En el trasfondo, se asoma también el ajedrez electoral. Para la oposición colombiana, una descertificación sería una pieza propagandística contra Petro en 2026: “Un Gobierno tan fallido que hasta Washington lo reprobó”. Trump, por su parte, podría usar la amenaza como moneda de cambio, condicionando la ayuda o incluso reemplazándola por aranceles, un instrumento que ya utilizó contra Brasil con un 50 % de gravamen.
“No creo que Trump deje de mandar dinero. Lo que puede hacer es un boom mediático con la descertificación, pero aplicar la exención para mantener la asistencia a las Fuerzas Armadas”, prevé Ciro.
Sea cual sea la decisión, lo cierto es que Estados Unidos también arriesga: cortar la asistencia sería un salto al vacío que pondría en riesgo la seguridad regional, incrementaría el flujo de cocaína hacia su propio territorio y debilitaría su posición en el pulso geopolítico con Venezuela. En este juego de presiones y amenazas, Colombia no es solo el país evaluado: es la pieza clave de la estrategia de Washington en América Latina. Vía Revista Cambio
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