La comunidad musulmana en España ha alzado la voz contra lo que consideran medidas discriminatorias tras la aprobación de una moción en Jumilla para impedir el ejercicio de sus celebraciones religiosas en polideportivos.

La moción presentada por Vox en el consistorio murciano pretendía defender “los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas”, como “la Fiesta del Cordero”. Este año y en ejercicios anteriores, el ayuntamiento ha cedido un polideportivo municipal para la celebración de las oraciones de los fieles musulmanes en ocasiones especiales de mayor afluencia.

La moción recibió una enmienda del PP, que se centró de forma más precisa en mantener los espacios polideportivos para un uso exclusivo de actividades deportivas. La enmienda garantiza que “el uso de dichas instalaciones sea exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jumilla, y en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento”.

En la misma enmienda se promocionan “las actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país”.

La enmienda fue aprobada con 10 votos a favor del grupo PP, los votos en contra del PSOE e IU-Podemos-AV, y la abstención de Vox.

Reacciones políticas

Aunque se abstuvo en la votación, Vox celebró en sus redes la aprobación de la enmienda como un victoria propia, enfatizando “el respeto y la protección de las tradiciones propias del pueblo español en el espacio público frente al avance de costumbres ajenas impulsadas por políticas de cesión ideológica, electoralismo o presión económica”.

Por su parte los socialistas apuntaron que “el Ayuntamiento debe ser de todos, al margen de creencias”, y calificaron la moción y enmienda de “xenófoba y sectaria”. Mientras, el secretario general del PSOE en Murcia, Francisco Lucas Ayala, ha acusado al PP de “vulnerar” los valores constitucionales y poner “en riesgo” la convivencia, “solo por aferrarse al poder”.

En esta misma línea, IU-Podemos-Av rechazaron la moción “por vergonzosa e ignominiosa, por racista y por fomentar discriminación y odio hacia personas por su origen”. Además, alegaron que “presenta las diferencias culturales como un problema, al tiempo que desde los barrios se trabaja para fomentar la convivencia y la interculturalidad en el municipio”.

Desde el Gobierno han manifestado su oposición a la moción aprobada. “La decisión de PP y Vox en el Ayuntamiento de Jumilla es un nuevo ejemplo de la deriva extremista y excluyente de los gobiernos de la derecha con la ultraderecha”, han señalado fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

“En España, la libertad religiosa está reconocida y protegida como un derecho fundamental por la Constitución”, han recordado fuentes de Presidencia, quienes han abogado por la convivencia entre religiones como un “valor fundamental” para la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa, según recoge RTVE.

Por su parte, desde el PP han defendido que la medida no afecta a la libertad religiosa. “ni el Ayuntamiento de Jumilla ni ningún otro Ayuntamiento de España puede prohibir la libertad religiosa y de culto de ninguna comunidad, ya que es un derecho recogido en la Constitución” , apunta el Partido Popular, que dice que en el municipio “conviven 72 nacionalidades en paz hasta ahora, sin ningún problema de convivencia”.

El comunicado del PP concluye poniendo a disposición “de toda la sociedad, incluida la comunidad musulmana” el resto de instalaciones municipales, y acusando a quienes “han querido tergiversar” lo aprobado para generar debate.

Debate público

Además de los partidos políticos, otros actores sociales se han manifestado al respecto, en una reflexión sobre identidad y libertad religiosa.

En declaraciones recogidas por eldiario.es, Monir Binjilon, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), ha señalado que “los musulmanes de la Región de Murcia nos sentimos muy decepcionados”. “No entendemos cómo los políticos de este país quieren derrumbar toda la lucha por la defensa de las libertades religiosas y los derechos fundamentales recogidos en la Constitución”. Para Binjilon, se está cometiendo un delito “grave”, que consiste en obstaculizar la libertad religiosa. “Solo podemos calificarlo de racismo, e islamofobia”, ha considerado.

La Comisión Islámica de España no ha realizado un comunicado al respecto del caso de Jumilla, pero hace pocos días se manifestaba tras los sucesos ocurridos en Torre Pacheco. “Debemos demandar respeto hacia nuestra comunidad religiosa y hacia nuestras mezquitas, debiendo rechazar enérgicamente todo discurso de odio y toda agresión a fieles y cualquier centro de culto de cualquier confesión religiosa”, exponían. “Estamos padeciendo una gran extensión de discursos de odio contra el Islam, los musulmanes y las musulmanas, las mezquitas… discursos precursores de los delitos de odio. Los mismos discursos de odio pueden ser constitutivos de delito cuando fomenten, promuevan o inciten al odio, hostilidad, discriminación o violencia”, expresaba en un comunicado.

La Conferencia Episcopal Española ha mostrado su apoyo a la comunidad musulmana, comunicando que la limitación de culto “atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas”. “Hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas”, apuntan.

En un artículo publicado en Protestante Digital, el secretario general de la Alianza Evangélica Española, Xesús Manuel Suárez, ahonda en el debate sobre cómo las autoridades no entienden adecuadamente el concepto de laicidad. “La separación iglesias/estado debe dejar abiertas las puertas de la plaza pública a todas las creencias y ausencia de creencias y la laicidad debe renunciar a imponer un código de valores anti-religioso y a relegar la fe a la privacidad y debe permitir la libre concurrencia de ideas en la arena pública”, expone Suárez, añadiendo el deseo que desde los sectores musulmanes en España y otras democracias también se abogue claramente por aplicar estas mismas libertades que reclaman en los países de mayoría islámica.

A nivel mediático, la noticia ha acaparado las portadas de diversas cabeceras. El editorial de ABC censura la medida considerando que “no resulta razonable señalar a una determinada comunidad por unas costumbres conocidas y practicadas, y declarar, de forma genérica, su incompatibilidad con los valores de la sociedad española”. El editorialista apunta además que “las oraciones colectivas o la fiesta del Cordero no son problema para la ‘identidad nacional’, sino (en el islam) la situación de la mujer, la educación de las niñas, los matrimonios forzosos o la hostilidad a las libertades”, pidiendo que el debate apunte con “claridad” a “las causas de los temores de las sociedades europeas al crecimiento de las comunidades islámicas”.

En El País, el editorial critica que lo aprobado “ampara lo que de hecho supone poner trabas a la libertad religiosa y de culto, derecho fundamental que protege la Constitución. Se traslada así a las instituciones el discurso antiinmigrantes cada vez más radical de Vox. No se puede permitir una división de los ciudadanos, que comparten derechos, entre ellos y nosotros, buenos y malos. Hoy es por su religión, mañana por su color de piel, por sus ideas políticas o por cualquier otro prejuicio de la institución de turno”.