Durante su primera rueda de prensa, tras asumir el cargo, la presidente del COI, Kirsty Coventry, expuso sus planes inmediatos y futuros, y anunció que ese organismo trabajará por la equidad en las competiciones deportivas, por la definición de una política global para la categoría femenina. “Debemos proteger la categoría femenina. Debemos hacerlo para garantizar la equidad”, acotó, convencida de la importancia fundamental que ella tiene para el deporte.
Anticipó que serán revisados los criterios de elegibilidad en el deporte femenino, ante los reiterados y fuertes cuestionamientos sobre la participación de personas transgénero o con diferencias en el desarrollo sexual. Para impedir que se reediten controversias como las registradas en los Juegos de París 2024 con la participación de las boxeadoras Imane Khelif y Lin Yu-Ting, el COI ha asumido esa tarea con determinación, después que les endosó esa responsabilidad a las federaciones internacionales, a fines del año 2021.
El debate global sobre la equidad, la biología, la identidad y los derechos en el deporte toma cada vez más fuerza, aumentando la tensión entre la ciencia y los derechos humanos. Varias ONG y actores deportivos han condenado las pruebas de género, argumentando que no son fiables como indicador de rendimiento y que constituyen una violación de la privacidad y dignidad de las atletas, incluidas las cisgénero o intersexuales. Consideran que la normativa aplicable es discriminatoria, al exigírseles a las mujeres que se sometan a exámenes médicos invasivos y traumáticos, algo que no aplica para los varones.
Para Madeleine Pape, socióloga deportiva de la Universidad de Lausana y exatleta olímpica australiana, “el principal problema radica en la falta de estudios concluyentes que demuestren que la transición de género o ciertas formas de DSD ofrecen una ventaja significativa sobre los atletas con cromosomas XX”. Ella reconoce que el rendimiento atlético depende de tantos factores, que resulta difícil establecer una línea clara que justifique las exclusiones basándose únicamente en la biología. En ese contexto, la posibilidad de que se lleguen a tomar decisiones equivocadas e injustas podría ser significativa.
Aún se recuerda la injusticia cometida contra la vallista española María José Martínez Patiño, excluida de los Juegos Olímpicos de1988 por tener cromosomas XY, a pesar de no beneficiarse de las ventajas hormonales. Ella se convirtió en pionera en la lucha contra las pruebas de feminidad, tras reconocerse su injusta exclusión. Similar caso es el de Caster Semenya, campeona olímpica de 800 m, prohibida de competir por la World Athletics, por su negativa a reducir sus niveles naturales de testosterona. Su negativa y reclamaciones las ha llevado ante los más altos tribunales de Justicia, incluido el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
En la actualidad, varias federaciones y países prohíben la participación de transgéneros en la categoría femenina, para lo cual han regulado sus propios controles. La World Athletics ha optado por el cribado cromosómico y exige a las atletas que compitan en la categoría femenina que se sometan a un frotis bucal o a una prueba de sangre seca. Otras federaciones han vuelto a los controles de sexo. Al no existir regulaciones globales ni controles estandarizados, las competiciones siguen expuestas a la falta de equidad y a discrecionalidades.
El pasado febrero, el presidente Trump firmó la Ley para Salvar el Deporte Femenino, que permite la prohibición total de las niñas y mujeres transgénero en el deporte, e instó al COI a hacer lo mismo. Su orden ejecutiva faculta a las agencias federales a denegar fondos a las escuelas que permitan a las atletas transgénero competir en equipos femeninos. En abril, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que se definiera “mujer” como sexo biológico, excluyendo a las mujeres trans de las protecciones basadas en el sexo.
Días atrás, la Corte Suprema de los Estados Unidos acordó escuchar dos casos que impugnan esas prohibiciones deportivas en Idaho y Virginia Occidental, lo cual podría sentar un precedente legal nacional para los derechos de participación de las personas transgénero. Si la Corte Suprema decide ratificar las leyes de Idaho y Virginia Occidental, su dictamen servirá de referencia para casos similares en tribunales inferiores de todo ese país.
La Ley de Equidad en el Deporte Femenino de Idaho invalida las directrices nacionales y exige que toda mujer cuyo género esté en duda verifique su sexo mediante una prueba cromosómica, una prueba que confirme sus niveles hormonales naturales o un examen físico para confirmar que tiene genitales femeninos. Todas ellas son pruebas invasivas y traumáticas, pero también discriminatorias, si se considera que a los hombres no se los somete a ese tipo de pruebas invasivas. La Ley HB 3293 de Virginia Occidental, expedida en 2021, prohíbe a las niñas y mujeres transgénero participar en deportes escolares.
El problema se vuelve más complejo, al no existir un tratamiento universal para todas las disciplinas. Consciente de ello, Coventry se propone alcanzar un consenso, no imponer una norma desde arriba. Su agravamiento es consecuencia del vacío regulatorio existente, que ha favorecido la adopción de decisiones unilaterales, no siempre fundadas en evidencias científicas o criterios que salvaguarden la integridad del deporte y de sus competiciones. Y, tampoco, la protección de la salud y dignidad de las deportistas.
Esa discrecionalidad preocupa a Coventry, comprometida como está con la protección de las mujeres en el deporte y con la equidad en las competiciones. Quizá, ello es lo que la vuelve más proclive a una prohibición general. Pero, además, para ella es muy evidente que “las mujeres transgénero tienen más posibilidades en la categoría femenina y pueden privar a las mujeres de oportunidades que deberían ser iguales”.
Su anuncio de conformar grupos de trabajo compuestos por expertos y federaciones internacionales es un importante paso para enfrentar esa encrucijada de gran impacto político, científico y social. Constituye, a su vez, un punto de inflexión en la política del COI, tras sus reiteradas omisiones en la defensa de la equidad competitiva. Como mujer y exatleta olímpica, ella interpreta mejor la necesidad de corregir el rumbo y enfrentar con determinación la falta de equidad en las competiciones deportivas. Quiere hacerlo mirando sólo hacia adelante, dejando atrás lo ocurrido en París 2024.
La tarea será ardua y deberá realizarla con rapidez, ya que estamos a menos de cuatro años de los próximos Juegos Olímpicos, a celebrarse en un país en el que los atletas transgénero no son bienvenidos. Es saludable el repentino viraje del COI en el manejo de esa equidad, pues ayudará a reducir las tensiones que genera la participación de esas atletas. Su viraje, quizá se lo pueda atribuir a la presión mediática y política impulsadas por líderes mundiales como Donald Trump, Giorgia Meloni, entre otros. O, también, a que sus directivos terminaron de comprender que no es fácil desafiar el poder coercitivo de los Estados, menos el del más poderoso del mundo.
En su recorrido, el COI deberá marcar un antes y un después en la definición de las categorías deportivas y en la protección o exclusión de ciertos perfiles de atletas, de la mano con las federaciones y demás actores deportivos. Sólo así podrá garantizar la equidad competitiva y el tránsito hacia una política justa, inclusiva y coherente. El Movimiento Olímpico así lo exige, después de muchos años de tensa espera.
El regreso a la palestra mediática de la boxeadora Imane Khelif, justo cuando se buscan redefinir y unificar los criterios para determinar la elegibilidad en las competiciones femeninas, sin duda es disruptiva. Citando a Winston Churchill, dejó en claro su afán de perseverar en sus reivindicaciones. Sin embargo, la determinación de Coventry nos permite advertir que nada ni nadie la detendrán en su afán de alcanzar la ansiada equidad y dignificar a las mujeres.
Consecuentemente, los grupos de trabajo del COI deberán diseñar una estrategia común para todos los deportes olímpicos y, fundamentalmente, garantizar la equidad competitiva y la protección del deporte femenino, sin recurrir a soluciones improvisadas y contradictorias. Concordante con ello, a criterio de Coventry, el trabajo a realizarse deberá guiarse por hechos y criterios científicos, no por presiones ideológicas o percepciones.
Asumir la defensa plena de la equidad en las competiciones deportivas es, sin duda, un acto de valentía del COI. Ya comenzó a trazar el camino, ahora le corresponde continuar la tarea asumida sin mirar atrás, ni detenerse. No hay tiempo que perder. Su éxito, en mucho dependerá de que sea capaz de involucrar a todos los actores deportivos, asumir un firme liderazgo y perseverar en el logro del gran objetivo. Como decía Churchill, “el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es la valentía de continuar”.
La lucha debe continuar con coraje y determinación, pues la equidad en las competiciones deportivas y la dignidad y seguridad de nuestros atletas son irrenunciables. Nos pertenece a todos. No la vamos a perder.
César Pólit Ycaza ECU
Destacado especialista ecuatoriano en deporte, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, con una amplia trayectoria en gestión y política deportiva. Ha sido presidente de la Federación Ecuatoriana de Voleibol, secretario nacional del Deporte, directivo del Comité Olímpico Ecuatoriano y secretario de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Fue director de la Comisión de Eventos de la Confederación Sudamericana de Voleibol y presidente del Panathlon Club Guayaquil. Es autor del libro Estado y Deporte. Amigos y enemigos íntimos y ha participado activamente en la elaboración de leyes deportivas, promoviendo la ética, la transparencia y el desarrollo institucional.
Por César Pólit Ycaza ECU
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