Causa Seguros: Alberto Fernández amplió su indagatoria y trató de explicar las facturas con el broker Martínez Sosa

El ex presidente había pedido declarar nuevamente. Reclamó que citen a Vilma Ibarra, Miguel Pesce, y Martín Guzmán, entre otros. Y habló de su vínculo con el marido de su secretaria

El ex presidente Alberto Fernández amplió hoy su indagatoria ante el juez Sebastián Casanello en la causa seguros. Durante casi dos horas, contestó preguntas y trató de explicar su vínculo con el broker Héctor Martínez Sosa y las facturas que le emitió durante diez años, tal como consta en un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que adelantó Infobae.

Entre 2010 y 2019, el ex presidente le facturó a la pareja de su histórica secretaria, María Cantero, por supuestos servicios profesionales. La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de la asunción.

El informe de la PROCELAC, a cargo de Diego Velasco, demuestra un vínculo comercial constante durante más de nueve años. En total, Fernández le facturó a la empresa de “Hecky” un total de $4.257.000. El año de mayor facturación fue 2019, con $1.422.000. “Héctor Martínez Sosa SA le efectúo retenciones bajo los conceptos: Impuesto a las Ganancias por locación obra y/o servicios, e Impuesto a las Ganancias por el ejercicio como síndico, o director de S.A”, destaca el estudio ingresado al expediente en mayo.

Fernández explicó que las facturas estaban asociadas a «un informe de la coyuntura política y económica» que elaboraba para varios clientes. Martínez Sosa no era el único. En esos listados aparecen varias empresas y hasta dos sindicatos.

“He sido su asesor ante consultas jurídicas, económicas y políticas, asistiéndolo técnicamente, tal como he hecho con otros clientes durante el período temporal en el que ejercí la profesión de consultoría jurídica. En esta época contrataban mis servicios, entre los que emitía informes de coyuntura nacional e internacional, brindaba asesoramiento y dictaba conferencias/cursos. Ahora bien, ello jamás generó que durante mi mandato en la función pública interceda por él en sus negocios”, sostuvo Fernández a través de un escrito de once carillas.

El ex presidente sostiene que si hubo una maniobra ilegal con los seguros, no estaba al tanto. “Desconozco si hubo funcionarios/as que, abusando de la confianza y la delegación de funciones, cometieron irregularidades o generaron beneficios para sí o terceros. Si de la pesquisa V.S entendiera que ello fue así, considero que la sospecha o responsabilidad penal no debería serme trasladada únicamente por la envestidura presidencial», dice la presentación.

Fernández ya había sido indagado en noviembre de 2024, pero en ese momento la causa estaba a cargo de Julián Ercolini. En esa declaración, el ex presidente solo contestó preguntas de su abogada, Mariana Barbitta, y presentó un breve escrito en el que defendió el decreto 823, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros.

Sobre los intermediarios que aparecían en las pólizas, Fernández aseguró en ese momento que “no genera una erogación del erario público” y destacó que se limitaron las comisiones al 10 por ciento por una decisión interna de Nación Seguros. Además, el ex presidente intentó despegarse de los brokers: “Si usted pregunta a cualquiera de seguros, quién fue el mayor enemigo de Alberto Fernández como superintendente, le va a contestar los productores de seguros”.

Pasaron 8 meses.

Ahora, ante una inminente definición de su situación procesal, el ex presidente pidió ampliar su indagatoria. Casanello lo citó ayer para que se presente hoy mismo.

“Explicó que no tiene ninguna relación con la imputación y que se trata de una imputación genérica. Además explicó que el decreto es legítimo, jamás menciona a brokers, ni a intermediarios”, dijo su abogada luego de la declaración.

En su indagatoria, Fernández habló de su relación con Martínez Sosa, aseguró que nunca lo favoreció, y pidió al juez que cite a declarar como testigos a Vilma Ibarra, el ex canciller Santiago Cafiero, Miguel Pesce (ex titular del Banco Central), Adriana Guida (ex titular de la Superintendencia de Seguros), y el ex ministro de Economía Martín Guzmán.

Nuevamente defendió el decreto 823: «Jamás creí que el dictado del Decreto 823/2021 perjudicaría al Estado y jamás busqué beneficiar a las personas o empresas imputadas como bróker. El Decreto prohibió la intervención de intermediarios, y no fue suscripto de un día hacia otro, o de manera direccionada por mi persona, sino que requirió un trabajo previo de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, la cual presentaba los proyectos en mi despacho para su revisión y firma».

Ayer, la Cámara Federal revocó la inhibición de bienes del ex presidente Alberto Fernández y de otras 50 personas y empresas investigadas por el escándalo de los seguros. El tribunal además reclamó que el juez Casanello resuelva la situación procesal de todos.

El fallo era muy esperado por la mayoría de los empresarios investigados. Desde abril, cuando el juez ordenó la inhibición y los embargos, no podían vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tenían accesos a sus cajas de seguridad.

Varias defensas apelaron y esperaban hace semanas una definición. Esa demora agitó los rumores sobre la cercanía de los procesamientos.

Además del ex mandatario, la inhibición afectaba ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, al broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, a las empresas Bachellier, San Ignacio, San German, TGG Broker, entre otras. En total, son 51 personas y empresas.

En un fallo dividido, el tribunal sostuvo que las medidas cautelares no se justifican ante la falta de una definición sobre la situación procesal de los imputados.

“Considero que en las condiciones actuales la decisión adoptada carece de la debida fundamentación, atendiendo a la naturaleza y alcances de la medida que se adoptó y el momento en que fue dispuesta”, dijo en su voto el camarista Martín Irurzun.

En tanto, Eduardo Farah destacó que las indagatorias se hicieron hace más de seis meses. “Tampoco han surgido ni se invocan –antes o ahora- circunstancias que indiquen desplazamientos u ocultaciones de bienes u otras cosas vinculadas al objeto del caso», opinó.

En cambio, Roberto Boico votó en disidencia por mantener las inhibiciones.

Martínez Sosa en Comodoro Py (Maximiliano Luna)

La causa de los Seguros cambió de juez a comienzos de febrero, cuando se venció la subrogancia de Julián Ercolini, en el juzgado federal 11. Ocurrió en un momento clave de la investigación porque ya se habían terminado las indagatorias y el juez se disponía a decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados.

Desde entonces, Casanello decidió revisar toda la documentación, solicitar nuevas pruebas, y darle su impronta a la causa. Además, profundizó otras líneas de investigación.

Uno de los apuntados fue Daniel “El Gordo” Rodríguez,una de las personas de máxima confianza de Alberto Fernández que administró la quinta de Olivos entre 2019 y 2023. En abril, el magistrado levantó el secreto fiscal de ese ex policía y le pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que elabore un amplio informe sobre su patrimonio desde 2015. Eso incluye un listado de bienes inmuebles, vehículos, cajas de seguridad, fiscalizaciones, y cualquier otro dato relevante que figure en las bases de ese organismo.

Otra prueba fundamental para la causa fue un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y presentado a mediados de mayo. Ese documento, de 662 páginas, analizó la facturación de Alberto Fernández mientras estuvo al margen de la función pública.

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