Nuevos datos muestran que millones carecen de acceso a alimentos básicos, mientras la venta ilegal de medicamentos para la obesidad se dispara
La semana pasada se publicó el boletín de junio del Pacto contra el Hambre y los datos son desconcertantes: más del 80% de la población del norte y noreste de Brasil sufre “alta exclusión alimentaria”. El Pacto contra el Hambre es una iniciativa creada en 2022 que involucra a la sociedad civil brasileña con el objetivo de combatir el hambre y la inseguridad alimentaria en el gigante latinoamericano, movilizando recursos, datos, políticas públicas y acciones concretas para garantizar el derecho a la alimentación. Según el boletín, la situación es especialmente crítica en el norte (81,7%) y el noreste (75,3%), donde más de tres cuartas partes de la población no dispone de medios suficientes para alimentarse adecuadamente y hacer frente a los gastos diarios. Pero incluso en el sur y el sudeste, zonas más desarrolladas, más de la mitad de la población sufre algún tipo de exclusión alimentaria. Según el Pacto contra el Hambre, la causa no es solo el aumento de los precios. “Esta disparidad regional refuerza nuestra visión de que la inseguridad alimentaria en Brasil no solo se debe a factores como la inflación, sino que es el resultado de una combinación persistente de ingresos insuficientes, desigualdades territoriales y barreras estructurales para acceder a alimentos saludables”, se lee en el documento.
La paradoja es que Brasil es uno de los mayores productores mundiales de alimentos como cereales, carne, café, azúcar y soja, y sin embargo más de 8 millones de brasileños pasaron hambre entre 2021 y 2023, según datos de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo que mantiene al país en el llamado “Mapa del Hambre” de las Naciones Unidas, del que había salido en 2014. A pesar de algunas mejoras recientes, persiste una contradicción fundamental: hay alimentos, pero muchas personas no pueden permitírselos. Las razones son múltiples. Por un lado, los salarios no han seguido el ritmo de la inflación. Esto ha llevado a que las familias pobres gasten una parte mayor de sus ingresos en alimentos. Por otro lado, para cultivar soja y maíz destinados a la exportación, se ha reducido la producción de cultivos básicos de la dieta brasileña, como el arroz y las judías. Estos cultivos han disminuido un 43% y un 32% respectivamente en los últimos 19 años. Por último, en Brasil existen los llamados desiertos alimentarios, en los que viven unos 25 millones de personas, de las cuales 6,7 millones se encuentran en condiciones de pobreza y tienen dificultades para acceder a alimentos frescos como frutas, verduras y legumbres.
El Gobierno de Lula, que el pasado mes de marzo aprobó el tercer Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se ha fijado como objetivo para el próximo año sacar a Brasil del Mapa del Hambre. Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la inseguridad alimentaria grave ha pasado de 33 millones de personas en 2022 a 8 millones en 2023. Según el representante de la FAO en Brasil, Jorge Meza, la incorporación de prestaciones por hijo a las familias beneficiarias del subsidio Borsa Família es uno de los factores que ha permitido alcanzar este resultado. “Actualmente, este programa llega a 55 millones de personas”, declaró Meza al sitio web de noticias G1.
Sin embargo, la otra cara de la moneda de la inseguridad alimentaria en Brasil es la malnutrición. Según el Atlas Mundial de la Obesidad de 2025, publicado por la Federación Mundial de la Obesidad, el 68% de la población brasileña tiene sobrepeso, con el 31% que es obesa y la tendencia empeorará en los próximos cinco años. La previsión para 2030 es preocupante, ya que la obesidad podría aumentar un 33,4% entre los hombres y un 46,2% entre las mujeres. Según el Atlas, más de 60.000 muertes prematuras en Brasil en 2021 se atribuyeron a enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, como la diabetes tipo 2 y los accidentes cerebrovasculares. Según el endocrinólogo Marcio Mancini, miembro de la Sociedad Brasileña de Endocrinología y Metabolismo, “se trata de un problema de salud pública y debe abordarse con las medidas adecuadas”. Entre ellas figuran la imposición de impuestos a las bebidas azucaradas, etiquetas claras en los productos con alto contenido de azúcares, grasas saturadas y sodio, y la reducción de los precios de los alimentos saludables. Este último punto es, en realidad, el principal y crea la ecuación obesidad-pobreza debido a la brecha social y económica que vive Brasil: la obesidad afecta sobre todo a los pobres o a las personas con bajos ingresos. Para ellos, también el acceso a los tratamientos para adelgazar es más difícil.
Este es uno de los factores que, según los expertos, explica el reciente aumento de robos por parte de grupos criminales de medicamentos a base de semaglutida (Ozempic y Wegovy) y tirzepatida (Mounjaro), oficialmente indicados para el tratamiento de la diabetes tipo 2 o la obesidad. Estos medicamentos se revenden luego en el mercado negro a precios muy inferiores a los comerciales, que oscilan alrededor de los 1.000 reales (180 dólares) por pluma. Para tener una idea de cuánto ha crecido este mercado en Brasil, basta pensar que, según la consultora IQVIA, las ventas legales de semaglutida en el gigante latinoamericano han aumentado de 27,5 millones de dólares en 2019 a más de 818 millones en 2024, con un crecimiento del 3.000%. Quienes tienen poder adquisitivo suelen comprarlos en farmacias, pero para quienes no pueden permitírselo, existe un mercado ilegal que se está expandiendo de forma preocupante.
La semana pasada, una destacada operación conjunta de la Policía Federal y la Agencia Tributaria Federal brasileña condujo a la incautación de 400 plumas para adelgazar en la frontera entre Brasil y Paraguay, en el Puente Internacional de la Amistad. Los medicamentos, de tipo inyectable y de marca no especificada, estaban ocultos en un doble fondo en el maletero de un automóvil con matrícula brasileña. A bordo del vehículo viajaban cuatro personas, que declararon que se dirigían al interior del estado de San Pablo. Según se ha informado, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) ha intensificado recientemente el control de este tipo de sustancias. Para su compra legal, hoy en día se requiere una receta médica por duplicado, con retirada obligatoria de la receta en el momento de la compra.
El tráfico de medicamentos para adelgazar también afecta a Europa. Este mismo mes, una mujer brasileña que llegaba de Bruselas (Bélgica) fue detenida en el aeropuerto de Salvador, en Bahía. Pegados a su cuerpo, como hacen las mulas del narcotráfico, la policía descubrió 90 plumas adelgazantes, entre ellas 60 de retatrutida. La retatrutida aún se encuentra en fase experimental a nivel mundial y no puede comercializarse legalmente. Los robos en farmacias para sustraer medicamentos adelgazantes también son ahora habituales en todo Brasil, hasta tal punto que las principales cadenas han comenzado a revisar sus estrategias y a aumentar las inversiones en seguridad. Entre las medidas adoptadas se encuentran las cámaras de vigilancia y los guardias armados en las puertas. En una calle del barrio de Jardins, en San Pablo, en junio, en solo diez días fueron atracadas a punta de pistola al menos tres farmacias. El comercio mayorista y la logística farmacéutica tampoco se salvaron de la delincuencia. Según la Asociación Brasileña de Distribuidores de Medicamentos Especializados, Excepcionales y Hospitalarios (Abradimex), en 2024 el daño total estimado por los robos de cargamentos farmacéuticos fue de 283 millones de reales (51,3 millones de dólares), con la mayoría de los casos en las zonas urbanas de San Pablo y Río de Janeiro.
La Organización Mundial de la Salud también lleva tiempo alertando sobre el riesgo de los medicamentos adelgazantes falsificados. En una alerta del 19 de junio de 2024, identificó lotes falsos en Brasil, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos. El año pasado, la Anvisa emitió tres avisos oficiales sobre los riesgos de falsificación en Brasil. Según reveló el programa de investigación Fantástico de TV Globo, existen diversas formas de estafa. El estafador puede, por ejemplo, pedir el medicamento por teléfono y, cuando llega el mensajero, interceptarlo antes de que llegue al destinatario, fingiendo ser el comprador. Después de coger el paquete y simular un pago fallido, devuelve las cajas, que, sin embargo, han sido manipuladas en el vehículo por un cómplice. Los medicamentos originales se sustituyen por plumas de insulina, que cuestan alrededor del 10% del precio del medicamento adelgazante, pero que visualmente pueden parecer similares. La farmacia, ajena al intercambio, revende el medicamento falsificado y el delincuente se queda con el medicamento auténtico, que luego revende en el mercado ilegal. Otro método se lleva a cabo directamente en el mostrador de la farmacia. Mientras el dependiente se aleja para buscar otros productos solicitados, los estafadores cambian los envases expuestos en el mostrador por versiones falsificadas. Las consecuencias médicas pueden ser graves. En octubre de 2024, una paciente fue ingresada de urgencia en un hospital de Río de Janeiro tras utilizar una pluma comprada en una farmacia que, en realidad, contenía insulina. La mujer desarrolló una forma aguda de hipoglucemia y solo se salvó tras una intervención de urgencia con dosis elevadas de glucosa.
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