La expresidenta se hizo eco en redes sociales de un posteo del diputado Leopoldo Moreau que advirtió que los magistrados quieren “instalar una Dictadura de los jueces” por las restricciones a las visitas a la exmandataria en su departamento
La expresidenta Cristina Kirchner volvió hoy a cuestionar a la Justicia, particularmente por las condiciones impuestas a la prisión domiciliaria que recibió en el marco de la causa Vialidad, y se hizo eco de un mensaje del diputado Leopoldo Moreau en el que advierte del intento de instalar una “Dictadura de los jueces”.
“Solamente con este Partido Judicial… en la Argentina hay que explicar lo obvio”, escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X al citar el mensaje de Moreau.
El diputado de origen radical, pero que se sumó hace años al kirchnerismo, lanzó una advertencia contundente sobre el accionar del Poder Judicial en la Argentina, al afirmar: “Por momentos parece que el Partido Judicial quiere instalar una Dictadura de los Jueces”.
La publicación de Leopoldo Moreau surge tras la decisión del tribunal de imponer restricciones a las visitas que puede recibir Cristina Kirchner en el departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, una medida que, de acuerdo con el diputado, no tiene precedentes en el tratamiento de personas bajo arresto domiciliario en la Argentina.
“Ahora se les ocurrió imponer restricciones a Cristina Kirchner con el objeto de aislarla”, escribió el legislador, subrayando la excepcionalidad de la situación. Según su análisis, no existe ningún otro caso en el que una persona con prisión domiciliaria y pulsera electrónica deba solicitar autorización judicial previa para recibir visitas en su hogar.
El diputado nacional remarcó: “No hay ningún detenido con domiciliaria, y menos aún con pulsera electrónica, al que haya que visitar en su domicilio con previa autorización judicial”. Además, Moreau insistió en que los derechos civiles y políticos de Cristina Kirchner permanecen vigentes, salvo en los aspectos específicos de la sentencia judicial, y que los jueces no pueden, a su entender, agregar de manera arbitraria nuevas restricciones o penas.
La defensa de los derechos de la expresidenta se extiende, en la argumentación de Moreau, a quienes desean mantener reuniones con ella, en particular a los legisladores nacionales. El diputado enfatizó que la cuestión no se limita a la situación personal de Cristina Kirchner, sino que involucra también a los representantes del pueblo que, en ejercicio de sus funciones, buscan dialogar con la principal referente de su espacio político. “Pero no sólo se trata de los derechos de Cristina, sino también de quienes pretenden reunirse con ella, como es el caso, por ejemplo, de los legisladores nacionales”, sostuvo.
En su argumentación, Moreau apeló al texto de la Constitución Nacional, citando el artículo 38, que establece que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia argentina. El diputado recordó que los bloques parlamentarios constituyen uno de los instrumentos más relevantes para el funcionamiento de las organizaciones políticas, y que cualquier intento de limitar la interacción entre los legisladores y sus referentes atenta contra el normal desarrollo de la vida democrática. “El artículo 38 de la Constitución Nacional sostiene que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia y los bloques parlamentarios son uno de los instrumentos más importantes del accionar de las organizaciones políticas”, explicó.
La publicación de Moreau también puso el foco en las garantías constitucionales que amparan a los legisladores nacionales. El diputado subrayó que los miembros del Congreso gozan de fueros e inmunidades parlamentarias, derechos que, según su interpretación, no pueden ser restringidos ni reglamentados por resoluciones judiciales. “Además, los legisladores gozamos, por disposición constitucional, de fueros e inmunidades parlamentarias que no pueden ser limitadas, restringidas ni reglamentadas por resoluciones judiciales”, afirmó Moreau. Esta posición plantea un interrogante sobre el alcance de la autoridad judicial frente a los privilegios parlamentarios y la autonomía de los poderes del Estado.
En ese sentido, el diputado nacional sostuvo que los legisladores tienen la facultad de presentarse a visitar a quienes consideran la conducción de su espacio político, con la sola acreditación de su condición de diputados o senadores nacionales. “Es decir, nos podemos presentar a visitar a quienes consideramos la conductora de nuestro espacio político con la sola acreditación de nuestra condición de diputados o senadores nacionales”, expresó.
La advertencia de Leopoldo Moreau no se limita al plano nacional. El diputado anticipó que, de persistir las restricciones, recurrirán a instancias internacionales para denunciar lo que considera una violación de los derechos parlamentarios y una muestra de la colaboración entre jueces y fiscales en la instauración de un “Estado de excepción”.
“Si cualquier órgano judicial pretende impedir esta facultad o el ejercicio de este derecho estará provocando un severísimo conflicto de poderes y, además, los denunciaremos ante la Unión Interparlamentaria Mundial como una demostración más de la colaboración de jueces y fiscales en imponer un Estado de excepción”, advirtió el legislador.
La decisión judicial de restringir las visitas a la exmandataria, según la visión de Leopoldo Moreau, no solo afecta a la persona involucrada, sino que también pone en cuestión el equilibrio institucional y la protección de las garantías constitucionales. El diputado nacional insistió en que los jueces no pueden imponer penas adicionales a las establecidas en la sentencia, y que cualquier intento en ese sentido constituye una amenaza para el sistema democrático.
La expresidenta cumple su condena a 6 años de prisión en su departamento del barrio de Constitución, luego de que la Corte dejara firme la condena recibida en las distintas instancias judiciales en la causa conocida como Vialidad.
Este viernes, la expresidenta cuestionó el régimen de visitas de la prisión domiciliaria, que exige autorización previa para cualquier persona que no pertenezca a su círculo familiar, legal o médico.
El resto de mis relaciones con el mundo exterior; amigos, amigas, compañeros, compañeras y otras personas que conozco y me vinculo por el solo hecho de ser una persona que tiene vida, cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización”, escribió la expresidenta, a través de su cuenta de X.
En el posteo, advirtió que sus abogados -Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy- recurrieron la decisión del Tribunal Oral Federal N°2 que solo permite que la visiten personas de su núcleo familiar, sus abogados y médicos.
“Un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles. De mis derechos políticos, mejor ni hablemos. Te la debo”, agregó.
infobae.com
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