El gobierno y los profesionales universitarios

En un grave error incurre el ministro Oddone al disponer el rechazo del Estado a hacer frente a la financiación de la Caja de Jubilaciones y de Pensiones de los Profesionales Universitarios, con el argumento de que el ciudadano común no tiene por qué aportar nada al grupo selecto de quienes han estudiado y se han preparado para trabajar en las distintas especialidades que han elegido por vocación.

Pero, además, ha convencido al presidente Yamandú Orsi, que ha salido a respaldarlo públicamente con el mismo argumento, que es escasamente convincente.

Resulta obvio destacar que el ministro de Economía, que también es un profesional universitario, no se ha detenido a pensar en esa muy importante preparación técnica de un sector de ciudadanos de quienes dependen servicios como la salud, la justicia, la educación, la obra pública, la construcción e ingeniería edilicia, la caminería, los puertos y aeropuertos, las fábricas y los escenarios deportivos, por ejemplo. Muchos de ellos por cierto y por suerte, prestan sus servicios en cargos estatales, pero un número mayor ejerce su profesión en forma liberal y de esa forma presta un servicio imprescindible para la sociedad que lo necesita y así se lo reclama.

No es un demérito la especialización profesional, sino por el contrario una preparación técnica al servicio de la comunidad, que se ve con ese aporte enriquecida. Pues no puede negarse su contribución a la cultura del conglomerado social, vista la progresiva degradación que viene adoleciendo.

Incluso en el quehacer político, no pretendemos que el parlamento sea un foro de derecho y un ateneo de literatura, como fuera en otras épocas para orgullo nacional.

Pero tampoco es muy conveniente, como es el caso, que en la muy numerosa bancada del MPP haya un solo abogado. Porque, aunque no se exigen títulos para ser diputado, la formación cultural permite una mejor comprensión de la ardua problemática nacional e incluso de la compleja estructura institucional del Estado-país.

La iniciativa legislativa, que es la base para una legislación fecunda, surge de la mayor preparación que tengan aquellas personas a quienes se ha elegido, que de tal modo queda condicionada por el saber de sus integrantes.

Los profesionales universitarios, procedentes en su gran mayoría de familias de clase media –que es el más sólido sostén de la democracia– es muy notorio que por lo general no han llegado a enriquecerse patrimonialmente como para estar en condiciones de prescindir de un haber jubilatorio.

Por eso no entendemos cómo se puede rechazar o mezquinar el apoyo estatal, cuando se están pagando rentas vitalicias hasta a los nietos de los tupamaros que se levantaron en armas contra la democracia para instalar un régimen a lo Fidel Castro, fracaso que hoy ejemplifica una Cuba miserable y paupérrima, que se queda sin energía 18 horas al día, como informan los noticieros.

Y mientras se mantiene oculta la cifra sideral que se lleva pagada por el Estado, o sea por todos los ciudadanos con la plata de sus impuestos, a los aventureros alzados y a sus descendientes, que fueron la causa indiscutible del golpe de Estado que sufrió el país.

Una costosa utopía revolucionaria que sigue pagando cada uno de los ciudadanos que ni saben hasta cuándo y que no les hace ninguna gracia el destino que se da a ese dinero, que podría ser utilizado para fines más beneficiosos para la comunidad.

Poco fundamento tiene la desdeñosa negativa del gobierno, ante los dispendiosos gastos que sustenta sin decir palabra, como reparaciones por la represión estatal a la guerrilla, que parecen no tener fin, aunque ha pasado medio siglo.

Al parecer le molesta al ministro de Economía tener que asistir a quienes no se han subido a la maquinaria estatal, ni trepado a un cargo que le asegure la pasividad y por el contrario han asumido el riesgo de trabajar en el ámbito del libre mercado, con su sólo esfuerzo. Tampoco parece tener en cuenta que ya sufre del serio gravamen del IASS, un impuestazo que inventó el Cdor. Danilo Astori y que es abiertamente inconstitucional.

Esto es así al no saber mirar la sociedad que gobiernan en forma simple y sin advertir que promueven un nuevo incentivo para el ingreso a un Estado ya rebosante de funcionariado.

Lamentable lo del ministro Oddone y también el apoyo presidencial que rechaza el apoyo que, ya en el retiro, deberían merecer quienes nunca han sido una carga para el Estado.