Una corte francesa anuló reapertura de demanda por US$4.000 millones contra Uruguay. El caso regresa a un tribunal inferior para revisar procedimiento de arbitraje.
La Corte de Casación francesa falló a favor de Uruguay en un recurso presentado por los herederos del dueño de la minera Aratirí, quienes buscaban reactivar una demanda por US$ 4.000 millones. El conflicto surgió tras la decisión del gobierno de José Mujica de cancelar un proyecto de extracción de hierro en 2016, lo que derivó en un litigio internacional.
El máximo tribunal francés determinó que el tribunal inferior excedió sus facultades al analizar el fondo del reclamo, relacionado con supuestas violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Uruguay y Reino Unido. Por ello, ordenó reenviar el caso para que se evalúe nuevamente si procede un nuevo arbitraje. La decisión anula un fallo de 2023 que favorecía a la familia Agarwal.
Uruguay triunfa en apelación por caso Aratirí
En 2023, la Corte de Apelaciones de París había aceptado el argumento de los herederos de que el tribunal arbitral estadounidense cometió un error al declinar su jurisdicción. Sin embargo, la Corte de Casación consideró que aquel fallo debió limitarse a examinar aspectos procedimentales, no sustantivos. «El tribunal inferior no debió evaluar si la inversión era anterior a las presuntas violaciones», señala el documento.
El fallo, confirmado por medios uruguayos, agrega que la corte «devolvió el caso al tribunal inferior para que un tribunal reconstituido revisara la solicitud de anulación». Uruguay, no obstante, no logró impugnar otro punto: la supuesta omisión de los demandantes de someter la disputa a tribunales locales durante 18 meses antes de iniciar el arbitraje.
La Corte de Casación descartó este reclamo al considerar que el argumento afectaba la admisibilidad de la demanda, no la competencia del tribunal. «Estaba fuera del ámbito del procedimiento de anulación», precisó. El caso ahora regresa a la instancia previa, que deberá definir si mantiene o no la reapertura del litigio.
La Justicia francesa delimitó competencias en el caso Aratirí
La disputa se remonta a 2018, cuando los Agarwal iniciaron un arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, alegando que Uruguay incumplió el TBI al cancelar el proyecto minero. Según el tratado, París fue designada como sede para apelaciones. Los herederos adquirieron derechos sobre la inversión en 2016 mediante un fideicomiso, algo que Uruguay cuestionó por considerar que no cumplía con los requisitos temporales.
El Estado argumentó que los demandantes no eran inversores protegidos al momento de la disputa, ya que recibieron los activos mediante una estructura creada posteriormente. Además, sostuvo que el TBI exige que la inversión se «realice» activamente, no mediante transferencias. Sin embargo, los jueces franceses desestimaron esta interpretación, señalando que el tratado no incluye tal exigencia.
Otro punto controvertido fue la nacionalidad británica de uno de los demandantes. Uruguay alegó que este adquirió dicha nacionalidad después de la inversión, lo que —según su defensa— invalidaba el amparo del TBI. La corte rechazó el argumento, considerando irrelevante el cambio de nacionalidad y descartando que hubiera abuso de derecho.
El fallo de la Corte de Casación evita, por ahora, que Uruguay enfrente una demanda millonaria en un escenario económico complejo. No obstante, el caso podría prolongarse si el tribunal inferior insiste en reabrir el arbitraje. Expertos legales destacan que la decisión refuerza la importancia de delimitar claramente los alcances de los tratados de inversión y los requisitos procesales en disputas internacionales.
Para los herederos de Aratirí, el revés judicial representa un obstáculo en su intento por obtener compensación por lo que consideran una expropiación indirecta. El proyecto minero, que involucraba una inversión de US$ 3.000 millones, prometía generar empleos y divisas, pero fue cancelado por preocupaciones ambientales y sociales durante el gobierno de Mujica.
Mientras tanto, Uruguay mantiene su postura de que el litigio carece de fundamento. Las autoridades destacan que la cancelación del proyecto se ajustó a la legislación nacional y a compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible. El desenlace final dependerá de cómo la justicia francesa interprete los límites del TBI en las próximas instancias.
La familia Agarwal: los multimillonarios detrás de Aratirí
La familia Agarwal es una de las familias multimillonarias más prominentes de India, conocida principalmente por su asociación con el conglomerado Vedanta Resources, liderado por Anil Agarwal y Pramod Agarwal.
Anil Agarwal, nacido en 1954 en Patna, Bihar, es el patriarca de la familia y el fundador y presidente de Vedanta Resources, un conglomerado global con sede en Londres que se especializa en minería, metales, petróleo y gas. Proveniente de una familia de clase media, Anil abandonó sus estudios a los 15 años para unirse al negocio familiar de comercio de chatarra en Mumbai.
Su trayectoria empresarial comenzó en 1976 cuando fundó Sterlite Industries, que inicialmente se dedicaba al comercio de metales y luego se expandió a la fabricación de cables y minería.
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Hindustan Zinc Limited: Uno de los mayores productores de zinc del mundo.
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Cairn India: Importante en la exploración y producción de petróleo y gas (fusionada con Vedanta Limited en 2017).
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Sterlite Copper: Gran productor de cobre en India.
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Vedanta Aluminium: Enfocada en la producción de aluminio.
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