Colombia ha dado un paso al frente en la escena internacional al presentar una propuesta audaz y profundamente humana para enfrentar los desafíos del consumo de sustancias psicoactivas. Durante el encuentro organizado por el Programa de Cooperación en materia de Drogas entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe (COPOLAD III), celebrado en Trinidad y Tobago, el país se destacó por su enfoque innovador y centrado en los derechos humanos, convirtiéndose en referente para la región y el mundo.
El evento, financiado por la Unión Europea, reunió a más de 50 expertos de 16 países de América Latina, el Caribe y Europa, con el objetivo de fortalecer la calidad, efectividad y base de evidencia de las estrategias de intervención dirigidas a poblaciones vulnerables. En este contexto, Colombia captó la atención de los asistentes al presentar un modelo de política de drogas que rompe con el paradigma tradicional centrado en la represión y el castigo, para priorizar el cuidado, la inclusión y la equidad.
Alexander Rivera Álvarez, director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, fue el encargado de exponer los avances del país en la implementación de una estrategia integral que coloca a las comunidades en el centro de la acción estatal. “El consumo problemático de sustancias no se puede abordar solo desde la salud. También hay que hablar de vivienda, empleo, educación y cuidado”, expresó Rivera durante su intervención en el panel sobre inclusión social, destacando la necesidad de una respuesta multisectorial que reconozca las múltiples dimensiones del fenómeno.
La política colombiana se fundamenta en una visión territorial, construida desde abajo hacia arriba, con la participación activa de las comunidades afectadas y el liderazgo de los gobiernos locales. Rivera detalló que, en lugar de criminalizar a quienes consumen, el Estado está desplegando estrategias orientadas al acompañamiento social, la prevención efectiva y la generación de oportunidades. Entre las acciones concretas se destacan la creación de centros de escucha comunitarios, espacios de orientación en entornos escolares y universitarios, y programas de inclusión económica que vinculan a las personas en situación de vulnerabilidad con iniciativas de la economía popular y el trabajo en red.
Este enfoque busca no solo reducir los daños asociados al consumo, sino también transformar las condiciones estructurales que lo perpetúan, tales como la pobreza, la exclusión social, la falta de acceso a servicios básicos y la violencia. Se trata de una política que, lejos de ser reactiva, es profundamente preventiva y transformadora.
Durante su intervención, Rivera enfatizó que Colombia está construyendo una política de drogas con enfoque diferencial, teniendo en cuenta factores de género, etnicidad y ciclo de vida, y guiada por los principios de justicia social y equidad. “Nuestro objetivo es ofrecer respuestas integrales que reconozcan la dignidad de las personas y fortalezcan los lazos comunitarios. No es una política para perseguir, sino para cuidar, escuchar y transformar”, afirmó.
El liderazgo colombiano fue reconocido por los asistentes al encuentro, quienes valoraron la coherencia del enfoque, su articulación con políticas sociales más amplias y su potencial para ser replicado en otros contextos. En un momento en que el debate internacional sobre las drogas sigue polarizado entre el prohibicionismo y la legalización, la propuesta colombiana ofrece una tercera vía: una política pública centrada en la vida, la inclusión y el territorio.
Con esta participación destacada, Colombia reafirma su compromiso con un cambio de paradigma que desafía décadas de fracaso en la guerra contra las drogas, y que puede convertirse en un modelo inspirador para otros países que buscan salidas más humanas y sostenibles a esta problemática global.
carloscastaneda@prensamercosur.org
