Colombia | Supersalud mantiene intervención en Sanitas: persisten fallas y vínculos políticos de Keralty, dueña de la EPS, con financiación de campañas.

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La Superintendencia Nacional de Salud ha decidido prorrogar por un año más la medida de intervención forzosa sobre Sanitas EPS, ante la persistencia de incumplimientos normativos en sus condiciones financieras y en la prestación de servicios de salud a sus afiliados. La entidad reguladora mantiene la administración de la EPS debido a que no se han superado las causales de intervención establecidas en el artículo 114 del Decreto Ley 663 de 1993.

Sanitas EPS fue intervenida el 2 de abril de 2024 mediante la resolución 2024160000003002-6, en un intento por corregir deficiencias estructurales en su operación. Sin embargo, la Supersalud determinó que las irregularidades persisten, comprometiendo la estabilidad de la entidad y la adecuada atención a millones de usuarios en el país.

El caso de Sanitas EPS ha generado especial preocupación debido a que su control accionario pertenece al grupo Keralty, una corporación de origen extranjero con presencia en varios países de América Latina. A lo largo de los últimos años, se ha evidenciado que Keralty ha financiado campañas políticas en Colombia, lo que ha suscitado interrogantes sobre la influencia de actores privados en el sistema de salud pública y sus vínculos con el poder político.

Sanitas EPS, fundada en la década de 1990, se convirtió en una de las principales entidades promotoras de salud en Colombia, alcanzando millones de afiliados. No obstante, con el tiempo, comenzaron a manifestarse problemas financieros y administrativos que afectaron la calidad del servicio. A pesar de múltiples llamados de atención de la Supersalud, la situación se agravó hasta requerir la intervención forzosa.

El panorama sigue siendo incierto para los usuarios de Sanitas EPS, quienes continúan enfrentando dificultades en el acceso oportuno a servicios médicos esenciales. La prórroga de la intervención apunta a evitar un colapso mayor en la red de salud y a garantizar que la empresa cumpla con las exigencias normativas antes de retornar a una administración independiente. Entretanto, el debate sobre la injerencia de capitales extranjeros en la prestación de servicios de salud sigue encendiendo alertas en el país.

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