Imagen Procuraduría de Colombia
En un llamado urgente a la transparencia y la responsabilidad, la Procuraduría General de la Nación ha instado a los mandatarios territoriales de la región del Catatumbo a extremar la vigilancia en los procesos de contratación pública en el contexto de la conmoción interior declarada por el Gobierno nacional. El órgano de control enfatizó que cualquier procedimiento no contemplado en los decretos de emergencia deberá adherirse estrictamente a las normativas vigentes, en particular a las disposiciones del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011).
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías envió comunicaciones oficiales a los gobernadores de Norte de Santander y Cesar, así como a los alcaldes de 19 municipios clave en estos departamentos. En dichas misivas, la Procuraduría subrayó la necesidad de emplear de manera rigurosa los mecanismos y herramientas definidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para asegurar la trazabilidad de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
El órgano de control recordó además las recomendaciones previas dirigidas a las administraciones locales para optimizar la gestión de los recursos del SGR, buscando maximizar su impacto en el bienestar de la población. Estas directrices apuntan a garantizar que las inversiones se orienten a la reducción de las necesidades básicas insatisfechas y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Esta advertencia cobra especial relevancia en una región como el Catatumbo, donde las condiciones de seguridad y orden público son particularmente complejas debido a la presencia de actores armados ilegales y a la persistente crisis humanitaria que afecta a miles de habitantes. En este contexto, la Procuraduría señala que la flexibilidad normativa que permite la declaratoria de conmoción interior no debe convertirse en una excusa para la opacidad ni para la falta de rigor en la administración de los recursos públicos.
La institución también advirtió sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en las entidades territoriales, promoviendo la participación de la ciudadanía y de los organismos de control regionales en la vigilancia de los proyectos financiados con regalías. La transparencia en la ejecución de estos recursos no solo es un deber legal, sino también un compromiso ético con las comunidades que más lo necesitan.
Las advertencias de la Procuraduría están dirigidas a los mandatarios locales de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano, Puerto Santander, Ocaña, Tibú, Ábrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, Playa de Belén, El Tarra y Sardinata en Norte de Santander, así como a los municipios de Río de Oro y González en Cesar. La Procuraduría ha dejado claro que, incluso en tiempos de emergencia, la legalidad y la transparencia no son negociables.
Con este pronunciamiento, la Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso de velar por la correcta administración de los recursos públicos, recordando que el respeto por la ley y la lucha contra la corrupción deben prevalecer incluso en los escenarios más desafiantes para el Estado colombiano.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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