Cómo será la transición a la nueva agencia de navegación y puertos

El ministro de Economía, Luis Caputo, firmó en la noche del viernes una resolución que busca asegurar una transición definitiva y ordenada hacia la institucionalización de la Agencia Nacional de Navegación y Puertos (ANPYN) desde las estructuras administrativas anteriores: AGP y Subsecretaría de Puertos.

Con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios esenciales para el funcionamiento eficiente del sistema de navegación troncal y del Puerto Buenos Aires -desde la autorización del giro de buques hasta el ingreso de formaciones ferroviarias y camiones, pasando por todo el tránsito por la hidrovía- en Economía establecieron los parámetros necesarios atentos a que la ANPYN todavía no está en condiciones operativas para dichas gestiones.

En tal sentido, a partir de la resolución firmada por Caputo, mes a mes, las antiguas dependencias deberán ir reportando los avances tanto en lo que hace a la transición -por ejemplo, la AGP, al ser una empresa en liquidación, mensualmente se irá desprendiendo de personal de manera continua y ordenada- como al desarrollo de la estructura de la ANPYN que, en los próximos, días, definirá su estructura de conducción.

“El organigrama está completándose y es inminente su publicación en el Boletín Oficial”, reconocieron fuentes cercanas al proceso.

Objetivos

A partir del decreto 3/25 se dispuso la disolución y liquidación de la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP SAU), medida que respondió a la necesidad de “modernizar y eficientizar la gestión portuaria”.

La decisión conllevó un cambio en la estructura organizativa, al tiempo que en sus considerandos se apuntó a garantizar una administración “acorde con las exigencias del comercio internacional”.

Con la disolución de la AGP, se creó la la ANPYN como “ente autárquico con personería jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado”, convirtiéndose así en “la única autoridad portuaria nacional”.

Moderno y dinámico

Con la ANPYN se pretende dotar de un “enfoque moderno y dinámico” al sector público, estableciéndose “nuevos lineamientos” para la administración de puertos y vías navegables. El ente asumirá tanto las funciones administrativas como ejecutivas, en tanto será responsable de mantener y desarrollar infraestructuras que son cruciales para la economía nacional.

La ANPYN manejará todos los recursos y bienes que se encontraban bajo la AGP y asumirá sus obligaciones, es decir, la gestión de los activos y pasivos, como por ejemplo, el contrato de concesión de la vía navegable troncal.

La resolución deja en claro la necesidad de asegurar uno de los puntos más críticos en este proceso de transformación: garantizar la continuidad operativa durante el periodo de transición.

Transición

Para ello, el interventor de la AGP, Gastón Benvenuto, será responsable de despachar asuntos indispensables que aseguren la gestión continua, esencial para mantener el flujo logístico y comercial que dependen de estos puertos.

El plazo asignado por la resolución para la transición es de 180 días. Prorrogables por única vez por el mismo período.

El principal desafío será, justamente, asegurar la transición ordenada y apurar la estructura orgánica adecuada que le permita a la ANPYN operar eficazmente y cumplir con los objetivos de modernización y eficiencia operativa.

Otro desafío no menor: deberá establecer relaciones sólidas con los actores del sector, e interactuar cotidianamente con los operadores portuarios y las empresas navieras.

En línea con los desafíos de gestión de un nuevo organismo, que asume competencias de esta naturaleza, se encuentran tanto la capacitación del personal y su alineamiento con los nuevos objetivos, y también el financiamiento para cumplir con las obras de infraestructura que estén a su cargo.

Oportunidad en el cambio

En síntesis, el nacimiento de la ANPYN excede un mero cambio administrativo. Puede ser la oportunidad definitiva para modernizar por completo la gestión portuaria, y encauzar la logística internacional del comercio exterior argentino al primer plano, o puede significar también que sucumba en la intrascendencia, relegando definitivamente a estos temas -harto postergados- a un despacho perdido en Economía.

A priori, la visión de competitividad que recorre el pensamiento del Gobierno permite entrever que el comercio exterior será una de las catapultas para lograrlo, mucho más lejos de conceptos recientes que lo tomaron como ancla de control del tipo de cambio, o de falso proteccionismo.

Dicha competitividad sólo puede expresarse de manera definitiva con puertos eficientes y con administraciones modernas, que recurran a la tecnología para facilitar la logística y potenciar la operatividad -y no sólo para reducir los costos-.

Inversiones y riesgos

Un nuevo concepto administrativo cataliza o coadyuva al menos la llegada de nuevas inversiones. Y no hay comercio exterior creciente con un sistema marítimo y portuario que no acompañe.

En el espíritu de la resolución, así como de la normativa que da origen al nuevo instituto administrativo, se percibe que la participación del sector privado cobrará un nuevo rol, y que los debates -o al menos la invitación a intercambiar opiniones- recuperarán un espacio perdido.

Sería deseable que estos cambios administrativos o la modernización de la gestión no sean excusa para terminar atendiendo la renovada vocación municipal e inmobiliaria por desfederalizar el único puerto nacional.

Porque, con todas las críticas que le pesen, es inobjetable la naturaleza federal -y la asistencia operativa y comercial a las cargas de todo el país- que tuvo y tiene el Puerto Buenos Aires.

El proyecto de resolución

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