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El futuro ministro de Ambiente sigue teniendo dudas sobre el proyecto Arazatí

Redacción 20 de enero de 2025 3 minutos leídos

Edgardo Ortuño destaca que las modificaciones al proyecto no son suficientes para evitar un desfinanciamiento crítico en OSE.

El debate sobre la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua en Arazatí, San José, se intensifica. El presidente electo, Yamandú Orsi, expresó que aún tras las modificaciones presentadas, la iniciativa podría no satisfacer las expectativas planteadas por su gobierno. “Veremos qué es lo que nos dicen nuestros asesores técnicos de si realmente eso cubre o no cubre las expectativas”, afirmó Orsi el viernes.

En la reunión, Alejandro Ruibal, representante del Consorcio Aguas de Montevideo, propuso varias modificaciones al proyecto inicial. Entre las alternativas discutidas, se menciona la opción de “eliminar o reducir el pólder” y sustituirlo por una reserva de agua dulce. Estas modificaciones buscan un mayor respaldo para avanzar en la firma del contrato y el inicio de las obras, según informaron fuentes cercanas.

Expectativas de financiamiento y diseño del proyecto

A pesar de las propuestas, Edgardo Ortuño, próximo ministro de Ambiente, planteó dudas sobre la efectividad de estas modificaciones. “Lo que se presentó no supone un cambio sustancial al proyecto”, enfatizó. Ortuño considera que el diseño del proyecto enfrenta serias implicaciones, mencionando que podría provocar una “situación crítica de desfinanciamiento” en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE).

Esta crítica se centra en aspectos como la ubicación de la planta y el impacto de la salinidad del agua en la zona del Río de la Plata. Además, también se evalúa el modelo de negocio asociado al proyecto, que implicaría vagar entre pagos anuales por el servicio y la gestión de la planta potabilizadora.

Cuestionamientos judiciales y recomendaciones técnicas

Ortuño resalta que el modelo propuesto supone una dualidad en la gestión. Se describe como “pública y privada”, donde OSE operaría la planta, pero el consorcio se encargaría de la toma de agua. Sin embargo, esta división suscita preocupación debido a las causas judiciales en curso y las críticas ambientales que han surgido desde la parte de organizaciones sociales.

El futuro gobierno ha solicitado que todas las modificaciones propuestas cuenten con respaldo técnico para asegurar que se aborden las observaciones previas. Ortuño mencionó que se están recopilando todas las opiniones sobre el tema, permitiendo así una evaluación responsable que definirá la postura del ejecutivo electo.

De acuerdo con las declaraciones de Ortuño, los cambios fueron presentados de forma “verbal”, lo que motiva al próximo gobierno a solicitar documentación formal por escrito.

Alejandro Sánchez, próximo secretario de Presidencia, también hizo hincapié en la necesidad de un diálogo constructivo sobre las infraestructuras del país. En este sentido, se enfatizó que la toma de decisiones relacionadas con la firma del contrato no debe hacerse de manera apresurada.

Desde la presidencia, Luis Lacalle Pou ha manifestado su deseo de firmar el contrato durante su gestión actual. Sin embargo, en la reunión reciente, no se estableció una relación condicionante con respecto a la postura del nuevo gobierno ante las modificaciones. “Ya está tomada”, sentenció el mandatario, dejando abierta la posibilidad de acuerdos.

lr21.com.uy

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