Colombia: La salud, un negocio que perpetúa la crisis y deja dudas sobre las reservas técnicas

Imagen- Salud en Colombia

La salud en Colombia ha estado marcada por una historia de inequidades y controversias. Desde la creación del sistema de Entidades Promotoras de Salud (EPS) en los años 90, se prometió garantizar el acceso universal a la atención sanitaria. Sin embargo, la realidad ha sido otra. De las más de 200 EPS que surgieron inicialmente, hoy quedan menos de 10 activas, lo que refleja no solo una profunda concentración del mercado, sino también un enriquecimiento desmedido a costa de las cotizaciones de millones de colombianos.

La teoría detrás de las EPS establece que estas entidades deben mantener reservas técnicas suficientes para garantizar su sostenibilidad y responder ante eventualidades. Sin embargo, en práctica, muchas han preferido declararse en quiebra, dejando a sus afiliados sin cobertura mientras que los recursos supuestamente reservados se destinan a clínicas privadas, lujosas canchas de golf y hasta aviones corporativos. Este descalabro financiero no solo evidencia la falta de regulación efectiva, sino también la ausencia de una verdadera vocación por priorizar la salud de los usuarios.

El panorama se agrava con el reciente anuncio del Ministerio de Salud sobre el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025. Este indicador, que define los recursos asignados para cubrir la atención de cada afiliado, se estableció en un aumento del 5,3 %, apenas ajustado a la inflación y muy por debajo del 16,9 % solicitado por movimientos de pacientes y expertos del sector. Este déficit proyectado profundiza la crisis del sistema, dejando desprotegidos a 29 millones de usuarios.

El Gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, sostiene que el sistema cuenta con financiamiento suficiente, basándose en análisis realizados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y la Superintendencia de Salud. Sin embargo, el gremio de pacientes y otros actores del sector critican esta postura. Bruce MacMaster, presidente de la Andi, advirtió que cualquier cifra inferior al 16,9 % representa un grave riesgo para la salud y la vida de los colombianos, calificando la decisión como una muestra de sectarismo en detrimento de los más vulnerables.

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, señala que los pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo serán los más afectados. «Muchos tendrán que elegir entre cubrir sus tratamientos o satisfacer necesidades básicas. Esta falta de acceso podría costar vidas», enfatiza. Además, la crisis también impactará a los profesionales de la salud, quienes, enfrentando retrasos en sus pagos, podrían optar por emigrar en busca de mejores oportunidades, agravando aún más la situación.

El debate también abarca la calidad y confiabilidad de la información suministrada por las EPS. El Ministerio de Salud ha identificado inconsistencias graves, como incrementos abruptos en los patrones de severidad, gastos médicos injustificados y manejo discrecional de las reservas técnicas. Estas irregularidades dificultan un cálculo adecuado de la UPC y plantean dudas sobre el uso eficiente de los recursos asignados.

Augusto Galán Sarmiento, exministro de salud y director del Observatorio «Así Vamos en Salud», propone reevaluar la metodología de cálculo de la UPC, incorporando ajustadores por condiciones de salud y factores socioeconómicos. También sugiere implementar incentivos que promuevan la calidad y eficiencia en la prestación de servicios.

Mientras tanto, el país enfrenta un dilema: reformar profundamente un sistema plagado de vicios o continuar navegando en un modelo que prioriza las ganancias sobre la vida. Con una propuesta de reforma pendiente para febrero de 2025, el debate se intensificará. Pero para los millones de colombianos que dependen del sistema de salud, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Dónde están las reservas técnicas y cuándo la salud dejará de ser un negocio para convertirse en un derecho garantizado?

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