Lacalle defendió la ley de internación compulsiva, y reflexionó sobre “las dos miradas” del contexto

Este domingo marca el inicio de la implementación de la ley de internación compulsiva en Uruguay, que ha causado un debate público sobre la efectividad que tendrá y los derechos de estos individuos.

La legislación, que permite trasladar a centros de salud a personas en situación de calle contra su voluntad bajo ciertas circunstancias, ha sido defendida por el presidente Luis Lacalle Pou como un esfuerzo por mejorar la convivencia social.

Durante una rueda de prensa, el presidente Lacalle Pou expuso lo que considera las dos dimensiones de esta ley: “la del ser humano que tiene una enfermedad y la de los vecinos”. La premisa subyacente es la de un bienestar comunitario superior: “Hay que hacer lo posible, humanamente por estas personas y porque socialmente nos merecemos todos tener una vida un poquito más tranquila”.

Ley de internación compulsiva: ¿un respiro para los residentes de la ciudad?

La ley permite la internación compulsiva de personas si un médico certifica que tienen una adicción o un problema de salud mental que representa un riesgo para ellos mismos o para terceros.

“La convivencia pacífica es lo que tenemos que tratar de hacer”, enfatizó Lacalle Pou. Según el mandatario, “la ley hay que cumplirla, no tenemos opción”.

Lacalle Pou destacó el trasfondo humanitario de esta normativa: “En lo personal hace muchos años que insisto con este tema y no por capricho, este tema es un pedido, una súplica muchas veces de madres, sobre todo, pero de familiares de gente que de alguna manera está en situación de calle en virtud de su adicción o salud mental”.

Remarcó que el ciclo de adicción o enfermedad mental a menudo conduce a conductas delictivas y encarcelamientos. “Hay mucha gente en nuestro país que termina presa porque lo antecedió una adicción y una destrucción familiar”.

Un aspecto técnico esencial de la ley es el papel coordinado entre la policía y el personal médico, particularmente de la ASSE (Administración de Servicios de Salud del Estado). La decisión sobre si aplicar la ley de internación o la ley de faltas, vigente hasta la fecha, es realizada por un médico: “Tiene que trabajar muy coordinadamente policía y ASSE, por eso llega un médico y eventualmente un policía para saber si es ley de faltas o la que se acaba de votar”.

El presidente reconoció las limitaciones del sector público en cuanto a camas disponibles para la internación y anunció que se buscarán acuerdos con el sector privado para ampliar la capacidad de atención.

Lacalle Pou informó que el gobierno implementará un sistema de seguimiento semanal de los casos individuales sujetos a esta nueva ley, con el propósito de asegurar su aplicación efectiva y cuidar de los afectados.

La puesta en marcha de la ley de internación compulsiva busca, según Lacalle Pou, no solo ayudar a los afectados por problemas de salud mental o adicciones, sino también garantizar una convivencia más armónica y segura para toda la ciudadanía.