Coincidencia entre Nakayama, Ferrara y los que rechazan control al dinero de las ONG

El proyecto que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones sin fines de lucro tiene anticipadamente varios detractores, quienes, no están a gusto con la propuesta.

Para el senador Gustavo Leite, lo bueno es que, a partir de esta ley, ya sabremos todo. Lo que más aboga una ONG es transparencia en temas como procesos electorales, la no interferencia en política, pero hacen todo esto. “Al saber a quién pagan, determinaremos si son o no partidos políticos disfrazados de ONG”

Según las modificaciones planteadas, las ONG’s deberán registrar detalladamente el uso y destino de los fondos que reciban con sus correspondientes facturas y demás documentos respaldatorios. Asimismo, deberán llevar una lista pormenorizada de todos los profesionales, técnicos, especialistas, personal de cualquier índole, otras OSFL o de cualquier otra persona jurídica, nacionales o extranjeros, que sean contratados o de cualquier manera cumplan tareas o presten servicios vinculados al uso y destino de los fondos que reciban.

Consultado sobre su posición al respecto, el senador liberal, Eduardo Nakayama confirmó que no acompañará la propuesta legislativa, por considerar que será una “persecución” a todas las organizaciones sin fines de lucro.

Según una investigación del diario La Nación, la funcionaria de confianza de Nakayama y excandidata a diputada de su equipo político, Celsa Rodríguez Arévalo, se vio salpicada en el esquema de repartija del dinero público a clanes familiares y polí­ticos a través de la Fundación de Apoyo a la Educación Tecnológica (Fundatec) que recibió transferencias por G. 1.822 millones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri­dad Social para cursos de capacitación laboral entre el 2022 y 2023, que se con­virtieron en un gran festín para clan familiar del pre­sidente de la organización y operadores políticos.

Por su parte,María Moreno Ferrara, de la Organización Semillas para la Democracia, también se opone al proyecto que controla el dinero destinado a las ONGs, con la coincidencia de que ella sería una de las afectadas a través de su ONG.

Otro que de ONG’s sabe mucho es el presidente del CIRD (Centro de Información y Recursos para el Desarrollo), Agustín Carrizosa Gubetich. Un trabajo de investigación de La Nación muestra los millonarios cobros a favor de familiares como a cercanos de Carrizosa en proyectos financiados por el Estado, en donde, también se incluyó a sí mismo.

En el proyecto “Reactivación eco­nómica poscovid” se transfirieron G. 6.093 millones de parte del Sis­tema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sina­focal) a favor del CIRD, según consta en la rendición de cuentas.

En tanto, el titular de la Fundación Paraguaya, Martín Burt, asegura que el proyecto no busca la transparencia y que simplemente busca “perseguir a los opositores” porque no les gusta Alma Cívica y Juntos por la Educación.

Sobre el punto, Leite desmintió el hecho. “En ningún lugar del proyecto se habla de prohibir las ONGs, estas pueden avanzar con las ideas que quieran, pero deben contarnos en qué gastan su plata y quién les da el dinero”.

Burt asegura que su fundación no recibe recursos del Estado, por lo tanto, su posición no guarda relación con un asunto de interés personal.

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