Director Nacional de @AgenciaTierras , Felipe Harman
En un emotivo acto de justicia y reparación, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó títulos de propiedad a 35 familias campesinas víctimas del conflicto armado en el caserío de El Aro, ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia. Esta entrega, que abarca 809 hectáreas de terreno, se produce 27 años después de la trágica masacre perpetrada por grupos paramilitares el 22 de octubre de 1997.
El acto de entrega de títulos representa un significativo avance en la restitución de tierras y derechos para las familias que han resistido durante décadas los efectos devastadores de la violencia. Las tierras tituladas son esenciales para la subsistencia de estas familias, quienes cultivan maíz, arroz, plátano y fríjol, además de realizar actividades de ganadería en pequeña escala. Estos títulos no solo les proporcionan seguridad jurídica, sino que también les abren la puerta a beneficios adicionales derivados de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno, incluyendo acceso a créditos y apoyo en proyectos productivos.
Tulio Mejía, líder comunitario de El Aro y uno de los beneficiarios de la entrega, expresó la profunda relevancia de este acto: “Estos títulos son una forma de reparación, porque la mayoría de los que habitan aquí no cuentan con escrituras o títulos de los predios y así es mucho más difícil que lleguen los proyectos al territorio. Tener un título significa poder acceder a recursos y apoyo que antes nos eran inaccesibles”.
La masacre de El Aro es uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia. Aquel 22 de octubre de 1997, paramilitares irrumpieron en el caserío, asesinando a 15 campesinos, incendiando 42 casas y forzando el desplazamiento de más de 1.400 personas. Este ataque no solo destruyó vidas y hogares, sino que también dejó una profunda herida en la comunidad, que ha luchado incansablemente por el reconocimiento de sus derechos y la restitución de sus tierras.
Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, destacó la trascendencia de este acto para las familias afectadas y para la sociedad en general. “Ya han pasado 27 años de la masacre de El Aro y esta es una comunidad que ha resistido todos estos años los embates de la guerra. Esta es una linda oportunidad de resarcir tanto dolor, porque venimos a entregar los títulos de tierra, tierra por la cual los despojaron, pero hoy este gobierno los hace dueños”, declaró Harman. Además, subrayó que la entrega de estos títulos es un paso fundamental hacia la construcción de una paz duradera y la reparación de las víctimas del conflicto.
La entrega de los títulos de propiedad a las familias de El Aro es un ejemplo tangible de los esfuerzos del Gobierno por avanzar en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Esta acción proporciona a las familias una base sólida para reconstruir sus vidas, accediendo a derechos y beneficios que les habían sido negados durante años.
Más allá de los títulos de propiedad, este acto simboliza un reconocimiento y una reivindicación de la dignidad de las víctimas. La comunidad de El Aro, que ha demostrado una resiliencia y una capacidad de resistencia admirables, recibe hoy no solo la titularidad de sus tierras, sino también un respaldo significativo para su futuro. La esperanza es que, con esta seguridad jurídica y el apoyo gubernamental, las familias puedan transformar su realidad y prosperar en sus territorios, libres del miedo y la incertidumbre que les acompañaron durante tanto tiempo.
Este evento marca un hito en el proceso de reparación y justicia para las víctimas del conflicto armado en Colombia, reafirmando el compromiso del Estado con la construcción de una paz inclusiva y sostenible.
Conflicto y Tragedia en la Hidroeléctrica Pescadero-Ituango: La Lucha de la Representante Isabel Zuleta
Representante Isabel Zuleta
La construcción de la central hidroeléctrica Pescadero-Ituango en el río Cauca, formalizada a finales de la década de 1990, sigue siendo un símbolo de conflicto y tragedia en la actualidad. Este proyecto ha estado marcado por la destrucción de comunidades, el desplazamiento masivo de la población y una estela de violencia y muerte.
Desde agosto de 1997, Wiliam de Jesús Gutiérrez Nohava, líder de la Asociación de Mineros y Pesqueros Artesanales de Puerto Valdivia, denunció la llegada de paramilitares del Bloque Mineros, quienes, bajo órdenes del “Patrón”, amenazaron con matar a los habitantes si no abandonaban el territorio. Isabel Cristina Zuleta López, socióloga, activista y actual representante a la Cámara por Antioquia, ha identificado a Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador de Antioquia, como el “Patrón” mencionado por los paramilitares. Dos meses después, casi 200 paramilitares, liderados por “Cobra” y con la complicidad de la Fuerza Pública, realizaron una masacre que se extendió desde Puerto Valdivia hasta El Aro. Según Francisco Enrique Villalba Hernández, la incursión buscaba a Mario Uribe Escobar, primo de Álvaro Uribe Vélez, quien presuntamente estaba oculto en la zona.
Durante la operación, campesinos fueron asesinados, casas incendiadas y mujeres violadas. Los paramilitares saquearon tiendas y robaron ganado con la complicidad de la IV Brigada del Ejército. Un helicóptero de la Gobernación de Antioquia, presuntamente con Álvaro Uribe Vélez a bordo, sobrevolaba la región durante la masacre.
El horror vivido en esos días dejó huellas imborrables en la comunidad. Elvia Areiza Rosa Barrera y su hija fueron víctimas de la violencia paramilitar; la madre fue asesinada y la hija violada. Isabel Cristina Zuleta López, entonces una adolescente, fue desplazada y años más tarde regresó a Ituango, descubriendo el trasfondo del desplazamiento masivo: la construcción de la hidroeléctrica.
Zuleta López, tras estudiar sociología en Medellín, volvió a su tierra para enfrentar nuevas amenazas, esta vez del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). En 2013, dos miembros del Movimiento Ríos Vivos, cofundado por ella, fueron asesinados. Isabel Cristina ha sido acusada de guerrillera y su casa allanada en varias ocasiones. Ha denunciado las irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica, que ha provocado catástrofes ambientales y dejado sin trabajo a numerosos habitantes de la región. Actualmente, el Consejo de Estado admitido una demanda para paralizar las obras, pero no se sabe que paso, ya que la obra culmino, pero Zuleta López vive aun bajo constante amenaza de muerte.
El contexto político y social de la región se entrelaza con la historia de los paramilitares y el poder. “Cobra”, tras su “hazaña” en El Aro, fue honrado por los comandantes paramilitares Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso. Este último, involucrado en el Pacto de Ralito con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pronunció un controvertido discurso en el Congreso de la República.
Desde su regreso a Colombia, Salvatore Mancuso ha colaborado con la justicia a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), proporcionando testimonios sobre los vínculos entre políticos, empresarios y militares con las Autodefensas Unidas de Colombia.
Álvaro Uribe Vélez ha sido llamado a declarar en múltiples procesos judiciales, pero su posición ha sido protegida por su influencia. La extradición de Mancuso y otros líderes paramilitares a Estados Unidos fue vista como una estrategia de Uribe para eliminar testigos incómodos, aunque estos han revelado la complicidad de políticos, empresarios y militares con las Autodefensas Unidas de Colombia.
Isabel Cristina Zuleta López y otros valientes activistas continúan luchando por justicia y por detener los proyectos que devastan sus tierras y comunidades. La impunidad en Colombia sigue siendo un gran desafío, y la comunidad internacional debe prestar atención a estas denuncias para que no queden en el olvido.
carloscastaneda@prensamercosur.org
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