Es la primera vez que la Fiscalía mexicana inicia una investigación penal por un crimen presuntamente cometido por el jefe de Estado de otro país.
Norma Mercedes Espinel Araúz, madre del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, interpuso una denuncia contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y otros altos funcionarios de su Gobierno por los delitos de tortura, secuestro, violación de los deberes de la humanidad y desaparición forzada en perjuicio de su hijo.
Espinel, que reside en España, elevó la querella en compañía de sus abogados Miguel Olmedo Robles León, Juan Manuel Torres Salgado y Moisés Augusto Montiel Mogollón, ante la Agregaduría de la Fiscalía General de México (FGE) en la Embajada del país azteca el pasado 26 de abril.
Además de Noboa, en la lista de denunciados figuran la ministra de Gobierno, Mónica Palencia; el comandante general de la Policía Nacional, César Zapata Correa; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela; y la jueza de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Rita Anabel Bravo Quijano.
Reforma apunta que en México no existen antecedentes recientes de pesquisas llevadas a cabo por la FGR por delitos presuntamente perpetrados por el presidente de otro país, quienes gozan de inmunidad penal en muchos casos, exceptuando los crímenes considerados de extrema gravedad.
La querella
De acuerdo con la denunciante, Glas fue secuestrado por órdenes del mandatario ecuatoriano el pasado 5 de abril a las 22.00 por un contingente de más de 10 agentes de la Policía Nacional, mientras se encontraba en la legación diplomática mexicana en Quito, tras lo cual siguieron torturas que le produjeron el dislocamiento de los dedos pulgares de sus dos manos, amenazas como «para que te acuerdes de mí».
La relatoría de hechos consignada por Espinel y sus representantes legales recoge que el ex alto funcionario fue víctima de tratos crueles y amenazas que lo llevaron al punto de intentar quitarse la vida mientras se encontraba bajo custodia del Estado ecuatoriano y de ser hospitalizado.
Del mismo modo, en el documento se afirma que Glas estuvo en desaparición forzada entre el 5 y el 10 de abril, lapso durante el cual estuvo incomunicado, sin que se notificara oficialmente a sus familiares o abogados.
A ello se sumó que en recurso de ‘habeas corpus’ promovido por la defensa del exvicemandatario, se dio cuenta de que Noboa admitió que él ordenó el asalto a la Embajada de México, al tiempo que otros funcionarios de su gestión también reconocieron que habían recibido ese mandato.
Las bases del caso
Si bien es cierto que los jefes de Estado gozan de relativa inmunidad ante la Justicia, los representantes legales de la madre de Glas consideran que el presidente ecuatoriano dejó abierta la puerta a la FGR para establecer indagatorias en su contra, al declarar en enero pasado la existencia de un conflicto armado interno en el país suramericano que motivó a la declaratoria de un estado de excepción ratificado por la Corte Constitucional.
En conversación con Reforma, Olmedo dijo que todos los delitos que se habían denunciado en agravio del exvicemandatario están incluidos en el Convenio de Ginebra, que consagra la protección de civiles en tiempos de guerra, lo que no libra a ningún jefe de Estado de ser objeto de una investigación penal.
En particular, el letrado aludió al Código Penal Federal de México, que le otorga competencias a la FGR para investigar eventuales delitos perpetrados en Embajadas, mientras que el compendio del Comité Internacional de la Cruz Roja establece que cuando se trata de crímenes de guerra, los casos pueden ser asumidos por tribunales nacionales.
«Cuando existe un conflicto armado no estatal como este, se aplican los convenios de derecho humanitario y uno de esos delitos contemplados en el Convenio IV de Ginebra son los delitos de las detenciones ilegales y allí es donde no opera la inmunidad del jefe de Estado, porque este tipo de delitos no entran en esa inmunidad de delitos comunes», sostuvo.
Indicó asimismo que la ilegalidad de la detención de Glas fue establecida por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador en abril pasado, en tanto el allanamiento de la sede diplomática tuvo lugar sin una orden judicial.
actualidad.rt.com
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