Ciudad del Este está tomada por la inseguridad e impunidad

La gran movilización contra la inseguridad convocada para hoy en Ciudad del Este, en la que incluso se va a discutir la eventual militarización de la región, obedece a la epidemia de asaltos que sufre el décimo departamento y que se agudizó en el último mes.

El caso que fue como la gota que colmó el vaso de agua fue el asesinato del comerciante Ever Antonio Castellani Aquino (de 41 años de edad), ocurrido el 28 de febrero pasado en Ciudad del Este, cuando dos delincuentes literalmente llegaron disparando al domicilio de la víctima.

Los autores confesos fueron capturados ese mismo día por la Policía y resultaron ser Hernán Ariel Leguizamón Roa (25) y Adrián Ramón Cabral Candia (26), quienes gozaban de libertad condicional tras ser condenados justamente por asalto a penas de 10 años y de 6 años y 6 meses, respectivamente.

Hernán, por ejemplo, el que disparó contra Ever Castellani, tenía que estar preso hasta 2027, pero el juez Aldo Javier Moreira Curtido lo liberó el 29 de diciembre de 2023 pese a la oposición de la fiscala Liliana Denice Duarte. quien advirtió que el condenado aún representaba un peligro para la sociedad.

El Tribunal de Apelación conformado por los camaristas Miryam Meza de López, Lilian Lorena Benítez Vallejo y Efrén Giménez Vázquez, efectivamente, revocó la libertad concedida por el juez Moreira, pero tarde, ya que el fallo se emitió recién 24 horas después de que Hernán Leguizamón matara a Ever Castellani.

Ese mismo día de la muerte de Castellani, el 28 de febrero, una banda perpetró otro violento asalto en un estacionamiento de Ciudad del Este, donde los delincuentes robaron varias cajas llenas de celulares y de accesorios.

Ese mismo estacionamiento esteño fue escenario, el 9 de febrero pasado, de un golpe en el que una gavilla secuestró y vació un camión lleno de radios portátiles y otros artículos de electrónica.

Estos atracos acentuaron la crisis de inseguridad que ya se vivía en Ciudad del Este desde el 5 de febrero pasado, cuando fue descubierto el histórico megarrobo a la bóveda de la Asociación de Trabajadores Cambistas (ATC).

Dicho atraco habría dejado un botín de unos 30 millones de dólares a la banda de “topos” que alquiló un salón y construyó un túnel de 130 metros de longitud.

De momento, hay solo dos detenidos por el caso, el brasileño Fabio Dorlando De Moraes Schultz (42), alias Gordinho, y el paraguayo Fabricio Jonathan Álvarez Ayala (25), alias Rubio, quienes fueron filmados aquella madrugada sacando varias cajas de cartón que contenían el dinero sustraído de los cambistas.

Corrupción policial avalada desde Asunción

La insostenible inseguridad en Alto Paraná, que en teoría debería ser combatida por la Policía Nacional, en realidad se ve estimulada por la abierta corrupción de sus efectivos que, en algunos casos, trabajan directamente para y con los criminales.

En un lastimoso caso, por ejemplo, la propia cúpula policial informó el 27 de febrero pasado en una conferencia de prensa que se efectuó el traslado a Asunción del suboficial inspector Isabelino Espínola, quien era personal de la oficina de Investigaciones de Ciudad del Este.

Este agente, supuestamente, filtró información y evitó la desarticulación de la banda que robó casi G. 500 millones el 17 de febrero pasado al apretar a tres cambistas de Encarnación en una estación de servicios de Ciudad del Este.

El 22 de febrero pasado, el suboficial mayor Diego Osvaldo Cáceres Benítez, quien vive en Ciudad del Este y que ya había sido encarcelado cuando trabajaba en la oficina de Investigaciones de esa ciudad, fue recapturado en Juan Manuel Frutos en una persecución a tiros y en posesión de una camioneta blindada robada en Brasil.

La permisividad de la Policía Nacional facilitó varios otros sonados golpes registrados últimamente en Ciudad del Este, como el del 19 de febrero pasado, cuando unos asaltantes redujeron a golpes a un guardia y luego robaron la caja fuerte del supermercado Pastas del Este, y el del 25 de febrero pasado, cuando seis delincuentes arrancaron con una camioneta y se llevaron un cajero automático del banco Itaú, del predio del supermercado Stock del barrio Ciudad Nueva.

Otro hecho que en su momento desató gran indignación en el Este del país fue el video del asalto que sufrió en su propia casa, en su propia habitación, un matrimonio dueño de una carnicería, el 25 de enero pasado.

Ese caso, así como casi todos los otros citados en este material, quedaron prácticamente en el oparei, ante la pasividad cómplice de la Policía, que renovó su cúpula en Alto Paraná el 12 de febrero pasado, cuando el comandante Carlos Benítez designó a Feliciano Martínez como director de Policía y a Wilfrido Maldonado como jefe de Investigaciones.

Inseguridad en el resto del país

La inseguridad en el resto del país también va tomando dimensiones alarmantes.

Por ejemplo, en el tradicional parque Carlos Antonio López de Asunción, el 12 de febrero pasado fue baleada en la cara la joven abogada Giuliana Ailén Mellone Jara (24), quien fue asaltada por cinco jóvenes.

Giuliana fue incluso manoseada por los delincuentes, quienes la rodearon cuando hacía una caminata.

El 20 de febrero pasado, Óscar Efraín Estigarribia Páez (16) fue asesinado de una puñalada en un asalto en Filadelfia, cuando iba caminando a su colegio.

Su familia criticó duramente al Gobierno y sus amigos se quejaron del avance de la drogadicción en la referida zona del Chaco.

Otro flagelo que la Policía no pudo solucionar aún es la ola de asaltos a locales de Biggie.

Casi cada día, distintos locales de esta cadena sufren violentos atracos, principalmente en horario nocturno.

Afortunadamente, aún no hubo víctimas fatales en estos hechos, pero seguramente, como es costumbre en Paraguay, recién después de que haya algún muerto la Policía y la Fiscalía van a reaccionar y perseguir y castigar a los autores de estos ilícitos.

La seguridad de los paraguayos y de todos quienes habitan este país sigue siendo responsabilidad del ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, y del comandante de la Policía, comisario general comandante Carlos Humberto Benítez González, quienes son sostenidos por el presidente de la República Santiago Peña Palacios.