La Comisión de Venecia se centra en los trámites de la amnistía, pero no entra en el fondo, ni en el terrorismo

Los miembros de la Comisión de Venecia que se han reunido este jueves con la Comisión de Justicia del Congreso se han interesado sobre aspectos técnicos de la tramitación de la proposición de ley de amnistía, pero no han entrado a valorar su contenido, ni han pedido detalles sobre lo relativo a delitos de terrorismo. De hecho, su vicepresidente, el jurista holandés Martin Kuijer, ha dejado claro a los diputados que su función no es valorar la idoneidad de la futura ley sino únicamente analizar si se han seguido los procedimientos técnicos adecuados durante su tramitación, informa Europa Press.

Así lo han explicado varios asistentes a esta cita, que forma parte de los contactos parlamentarios, gubernamentales y del ámbito judicial que este órgano consultivo del Consejo de Europa va a mantener este jueves y viernes en Madrid.

En este caso, la Comisión de Venecia actúa a instancias del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado y que solicitó un informe de este órgano sobre la ley que el PSOE pactó con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

En la reunión celebrada en el Congreso, en la que los grupos han hablado en castellano -no había traducción a lenguas cooficiales- y los miembros de la Comisión en inglés, los enviados del Consejo de Europa han realizado varias preguntas sobre el procedimiento seguido por el texto.

Los juristas, que trabajan sobre el guión que en su día les remitió el PP, han preguntado sobre las comisiones de investigación que el PSOE se comprometió a impulsar en el Congreso para que ERC y Junts apoyaran una mayoría progresista en la Mesa de la Cámara.

Y, en ese contexto ha salido a colación la relativa a la denominada Operación Cataluña -la utilización de la llamada policía patriótica en tiempos del Gobierno del PP contra dirigentes independentistas- y los supuestos casos de lawfare, unos asuntos que han vuelto a provocar intercambio de opiniones entre los grupos parlamentarios.

Algunos portavoces han apuntado que ese asunto excedía de la Comisión de Justicia y otros han explicado que el objetivo de esa futura investigación es esclarecer responsabilidades políticas, no judiciales.

En ese contexto, también se ha mencionado, por ejemplo, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva más de cinco años sin renovarse y que un dirigente del PP -en entonces portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó- se jactó en un mensaje de haber logrado el control de la Sala del Tribunal Supremo que juzga a los aforados.

El PP ha aprovechado la cita para censurar que se pretendan amnistiar delitos de terrorismo y los independentistas han negado que estos se cometieran durante el procès pero desde la Comisión de Venecia no se ha preguntado nada al respecto.

Aunque el encuentro se ha prolongado durante dos horas, se han quedado algunos asuntos técnicos en el tintero por falta de tiempo. Los comisionados han decidido enviar por escrito a los diputados las preguntas que no han podido formular y éstos se han comprometido a responderles y a remitirles también toda la documentación sobre la ley que consideren pertinente.

Por lo pronto, ya se llevan una carpeta con varios documentos que les ha entregado el PP, entre ellos el pacto de investidura que el PSOE firmó con Junts, el informe de las letradas de la Comisión de Justicia sobre la ley, la declaración en contra de la misma impulsada por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y comunicado conjunto de las asociaciones judiciales.

El PP quería contar con el informe de la Comisión de Venecia antes de que la proposición de ley arrancara su tramitación en el Senado y desde este órgano han apuntado que lo tendrán listo sobre el 15 de marzo. No obstante, si los solicitantes les piden acelerar en un escrito motivado, podrían intentar avanzarlo.