Después de las protestas agrarias en la Unión Europea (UE), el foco ha vuelto este viernes a España. Los agricultores y ganaderos españoles han decidido mantener las movilizaciones que en la última semana han tomado las calles de Sevilla o Zamora. En una reunión, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado dispuesto al diálogo con las tres principales organizaciones profesionales, pero estas quieren medidas concretas.
El sector agrario expresa «frustración y malestar» por las condiciones y la burocracia de las normativas comunitarias, mientras navegan las dificultades de unos precios elevados por la guerra de Ucrania y la sequía. Ante esto, reclaman un «ambicioso plan de choque», que atañe a Bruselas, pero también al Gobierno y las comunidades autónomas. Estas son sus demandas.
Las importaciones de Marruecos y otros países extracomunitarios
«Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia», destacan en su comunicado conjunto la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
El sector habla de una «competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de exportaciones en España y Europa», unas palabras que recuerdan a las acusaciones vertidas desde Francia hacia los productores españoles e italianos. Pero aquí, los señalados son otros: dichos «terceros países» extracomunitarios, entre los que suelen mencionar a Marruecos. ASAJA, COAG y UPA piden al Gobierno que aumente los controles en la frontera con el país vecino para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio.
De este modo, reclaman a Planas más contundencia ante Bruselas para «exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE», así como que el Ministerio cuente con un «observatorio sobre las importaciones».
Los acuerdos de libre comercio
Asimismo, los agricultores y ganaderos españoles se alinean con las demandas que se escuchaban este jueves en Bruselas y piden a la UE que no cierre más acuerdos de libre comercio que «agudizan» sus problemas. En la diana están las negociaciones para un acuerdo con el Mercosur (la alianza económica de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), pero también con Nueva Zelanda, Chile, Kenia, México, India y Australia.
“Es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria”, sostienen las tres organizaciones agrarias, que a nivel europeo piden también una «flexibilización y simplificación» de la Política Agraria Común (PAC). En su opinión, la «excesiva burocracia» supone costes «inasumibles» e impiden cumplir con los objetivos medioambientales.
Ante reclamaciones similares en Europa, la Comisión Europea ha empezado a dar su brazo a torcer y, de momento, ha propuesto flexibilizar la obligación de dejar el 4% de las tierras en barbecho para recibir las ayudas de la PAC, pero el ministro Luis Planas se ha mostrado reacio. «Solo vamos a apoyar una propuesta de reforma que vaya en línea con los intereses nacionales de España», ha reiterado, sin especificar cuál sería la postura concreta del Gobierno.
Costes al alza y sequía
Entre los problemas específicamente del campo español están las consecuencias de la sequía, que sumados a la guerra en Ucrania, han supuesto una subida de los precios y los costes de producción. La coyuntura lleva a ASAJA, COAG y UPA a demandar de nuevo una aplicación menos estricta de las reglas de la PAC, así como facilidades en cuestiones laborales y de la Seguridad Social. Reclaman también un «presupuesto reforzado» para los seguros agrarios, que puedan cubrir los daños de catástrofes cada vez más intensas y recurrentes por el cambio climático: la escasez de agua y los fenómenos meteorológicos adversos.
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Y ante dicha tensión de precios y costes, los agricultores y ganaderos miran también a la Ley de la Cadena Agroalimentaria, que juzgan que puede modificarse para «prohibir las prácticas desleales» y garantizar que el precio que se les paga cubre los costes de producción.
En el comunicado de la movilización europea este jueves ante las instituciones comunitarias en Bruselas, los organizadores destacaban dicha ley española de 2021 como un «ejemplo positivo» de lo que las administraciones pueden hacer frente a las prácticas comerciales desleales. Pero el sector en España quiere ir más lejos y piden que se refuerce para asegurar su cumplimiento. En ese sentido, hablan de que la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) aumente las sanciones y las inspecciones (también de oficio) y que se publiquen los índices de precios y costes, y que se facilite el resarcimiento a los agricultores y ganaderos cuando se ejecuten las infracciones.
En el marco de una hipotética reforma de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, sugieren que se actualicen los estudios de la cadena de valor y que se recupere la categoría de «precios anormalmente bajos», como es ahora el caso del limón, señalan.
Burocracia «asfixiante»
Las principales organizaciones agrarias se dirigen también a las comunidades autónomas por los «asfixiantes» trámites burocráticos que tienen que llevar a cabo en materia sanitaria y medioambiental, una demanda a la que se ha unido UGT.
El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha destacado «acabar con la burocracia» como una de las medidas que pueden tomarse para mejorar la situación del sector, especialmente, de las explotaciones pequeñas. «La UE tiene que hacer lo que prometió después de la pandemia, y es que los países que formamos parte de la unión vamos a producir y ser autosuficientes para los consumidores», ha afirmado a los medios este viernes.
«Simplificación, pero ya. Urgente», resumió el presidente de ASAJA, Pedro Barato, en una entrevista en 24 Horas de RNE este jueves. «Hay mucha gente que ha dejado de percibir dinero porque este año no lo ha pedido en la política agrícola común». Barato criticó además los planes de digitalización del Gobierno, cuando no está garantizada la cobertura de teléfono «en muchas zonas del territorio nacional».
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«Lucha partidista» en sanidad animal y relevo generacional
Y entre las reivindicaciones autonómicas sobre la mesa este viernes, se cuela también la crisis ganadera del pasado junio. Entonces, un brote de tuberculosis bovina desató un choque entre la consejería de Sanidad de Castilla y León, que defendía flexibilizar los controles sanitarios, y el Ministerio de Agricultura y las sociedades científicas, que defendían los protocolos en pro de la salud pública y el bienestar del sector. En su comunicado ahora, ASAJA, COAG y UPA destacan los que los ganaderos se sienten «víctimas inocentes» de la lucha partidista y exigen «una política de sanidad animal coordinada, seria y coherente que ayude a los profesionales del campo y no les hunda».
Finalmente, el campo español lleva sobre la mesa del ministro Luis Planas una preocupación que se escucha a menudo en explotaciones, granas y pueblos: el relevo generacional ante la jubilación de buena parte de los trabajadores agrícola actuales. Así, piden al Gobierno que refuerce los mecanismos para incorporar a jóvenes, con ayudas a la contratación y medidas para facilitar el acceso a la tierra. En este debate, marcan asimismo dos posiciones: que se frene la especulación y la compra de tierra por parte de fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario, y que se replantee la instalación de energías renovables en terrenos agrarios.
RTVE.ES
