El mandatario intenta que Washington apruebe un Estatus de Protección Temporal para migrantes ecuatorianos en situación irregular, uno de los compromisos que planteó cuando era candidato presidencial.
El Gobierno de Ecuador oficializó un pedido a EE.UU. para la aprobación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), destinado a los connacionales no regularizados en ese país, aprovechando la reciente declaratoria de “conflicto armado interno” hecha por el presidente, Daniel Noboa.
“En efecto, se ha pedido el día de ayer formalmente, por escrito”, dijo el pasado jueves la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, en entrevista con Teleamazonas.
La funcionaria recordó que esa había sido una de las ofertas de campaña de Noboa y reconoció que una de las condiciones para poder cumplirla era la declaratoria de conflicto armado, que ahora le permite acceder a ese beneficio temporal.
“Se tenía que declarar justamente un estado de un conflicto armado no internacional, como el que tenemos”, en referencia a la medida tomada hace tres semanas por el mandatario ecuatoriano.
Sommerfeld admitió que solo después de que se declaran este tipo de “estados excepcionales”, los países pueden acceder a estos beneficios para sus migrantes no regulares en EE.UU.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana explicó, en su cuenta en X, que con el TPS los migrantes ecuatorianos en situación irregular en EE.UU. podrían evitar ser deportados o detenidos debido a su estatus migratorio, y tendrían la posibilidad obtener un documento de autorización de empleo para trabajar legalmente y permanecer en ese país por el período que dure la medida.
El TPS se puede otorgar por entre 6 a 18 meses y, aclara la Cancillería, “no permite obtener residencia permanente o ciudadanía en EE.UU.”.
Ley y organización
Ese mismo jueves, el congresista por Nueva York Adriano Espaillat informó que había presentado un proyecto de ley de TPS para Ecuador, “en respuesta a la terrible crisis de seguridad actual” en el país suramericano.
Según dijo, esto permitiría “brindar un salvavidas muy necesario a las familias ecuatorianas que han huido de este brote de violencia sin precedentes en busca de seguridad en EE.UU.”. Ante ello, el Gobierno de Ecuador agradeció la “actitud de amistad y empatía” del legislador.
Asimismo, en Nueva York, las organizaciones de migrantes se han organizado y se movilizan para pedir a la administración de Joe Biden que autorice el TPS para los ecuatorianos. La iniciativa cobró fuerza justamente tras la declaratoria del “conflicto armado interno” en Ecuador, reseña El Diario NY.
“El TPS es una medida humanitaria que se ajusta a la difícil situación que atraviesa el Ecuador […] Buscamos el apoyo del liderazgo político neoyorquino en Washington como a nivel estatal porque creemos que como nuestros representantes pueden levantar su voz en favor de la comunidad migrante”, dijo el activista y presidente de la Alianza Ecuatoriana Internacional, Walter Sinche, citado por el mencionado medio.
La cantidad de ecuatorianos sin documentos en EE.UU. es incierta. Según estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), en el año fiscal 2021 —que inició en octubre de 2020— al menos 96.150 ecuatorianos fueron detenidos cuando trataban de ingresar a ese país por la frontera con México. En 2022 fueron 24.060; en 2023 116.229; y en los primeros tres meses del año fiscal 2024 (octubre a diciembre pasado), se han contabilizado 42.881.
Consolidar relación
En torno a este tema, la Embajada de Ecuador en EE.UU. informó el pasado viernes que se había realizado una reunión técnica informativa de trabajo entre esa oficina, la Cancillería y el Departamento de Seguridad Nacional, “a fin de conocer los procedimientos para la obtención del Estatus De Protección Temporal (TPS)” para sus migrantes.
Pero no es la única reunión que han sostenido autoridades ecuatorianas con estadounidenses, puesto que la semana pasada fue “clave”, según dijo la Embajada de EE.UU. en Quito, para la “cooperación” de Washington con la seguridad del Ecuador.
Esto, luego de que el lunes 22 de enero, el presidente Noboa recibiera a la general Laura Richardson, Comandante del Comando Sur de EE.UU. (Southcom); así como al asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dodd.
Richardson, además, se reunió con la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar; con el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo; con la titular de Gobierno e Interior, Mónica Palencia; los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía, entre otros funcionarios.
Durante su presencia en el país, la titular del Comando Sur de EE.UU., señaló que su país tiene un “plan de cinco años” en materia de seguridad para Ecuador. Asimismo, detalló que solo para el año fiscal 2024, que arrancó el 1 de octubre pasado en EE.UU., tienen “un total de 124 actividades planificadas” en el país andino.
Sumado a ello, el Gobierno de Noboa está a punto de ratificar dos acuerdos en materia de seguridad que la administración anterior, de Guillermo Lasso, firmó con EE.UU. Recientemente, la Corte Constitucional (CC) resolvió que no requieren la aprobación de la Asamblea Nacional y con ello dio vía libre al actual mandatario para que, de acuerdo a la ley, active esos dos convenios.
Se trata del acuerdo “Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas”, y otro “Relativo al Estatuto de las Fuerzas”, lo que en la práctica implica el fortalecimiento de la presencia de EE.UU. en el país suramericano, en línea con los antecesores de Noboa.
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