Bolivia: ¿Peor imposible?

Ha transcurrido la primera semana de 2024. Aun en situaciones adversas, la llegada de un nuevo año ayudaba a renovar la fe y esperanza de mejorar lo hecho en los 12 meses anteriores. Pero esta vez fue diferente; en tan solo seis días se hicieron trizas los más fervientes deseos porque Bolivia vive la peor crisis institucional desde la recuperación de la democracia, en octubre de 1982.

A nivel regional, la pugna interna desatada por el mando de la Gobernación cruceña pasará a la historia como el capítulo más triste y vergonzoso de la larga lucha de este pueblo por erigir su propio destino, causa en la que siempre ha enfrentado conspiraciones que fueron superadas con sacrificio, unidad, inteligencia y desprendimiento; cualidades ausentes en las y los protagonistas del momento.

El desmedro para Santa Cruz es tan grande que nadie, absolutamente nadie puede pretender vestirse de héroe o heroína. Nuestro departamento flota como un barco a la deriva en medio de un mar tempestuoso y oscuro. Quienes fueron honrados por el voto del pueblo para dirigir esta nave han tomado el camino de la saña y la intriga en una coyuntura que, definitivamente, demandaba otro tipo de liderazgo.

A nivel nacional, la justicia está sumida en una ominosa crisis profundizada por la negligencia de diputados y senadores que no cumplieron su deber de viabilizar la elección oportuna de altas autoridades judiciales y agravada por la auto prórroga de mandato dispuesta por el Tribunal Constitucional.

En Bolivia se pueden encontrar explicaciones “lógicas” para las decisiones más inverosímiles. En el fondo, prima el ejercicio del poder por encima de la ley, y existe un poder político que avala y respalda las acciones del TCP; por eso los vocales del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura seguirán en funciones hasta nuevo aviso, aunque tengan que entrar y salir por la puerta trasera de sus despachos.

En política y en democracia la autoridad emerge, en principio, del voto del soberano y se rige por un sistema legal que determina prerrogativas y  límites de todo servidor público. Consecuentemente, en el Estado de Derecho nadie debería estar por encima de la ley; pero en nuestro país se están rebasando límites que marcan una clara diferencia entre un régimen democrático y uno autoritario.

Y, por si fuera poco, el mismo TCP ha actuado con sorprendente prontitud para neutralizar el intento del Senado de dejar de lado el receso navideño y se llegó al extremo de congelar cuentas, medida que impide una serie de gestiones administrativas.

En materia económica, rige el Presupuesto General del Estado sin tomar en cuenta ningún ajuste propuesto en la Cámara Alta, con algunas medidas que más pronto que tarde provocarán conflictos sociales y políticos. Lo más grave es que existe una negación sistemática del deterioro de indicadores claves de la economía como el bajo nivel de reservas, por ejemplo.

Finalmente, está el inicio del ciclo electoral. En el último tercio de este 2024 deben llevarse a cabo las elecciones primarias. Para ello, las organizaciones políticas deben cumplir una serie de tareas como la realización de congresos orgánicos o la actualización de su padrón de militantes, Pero ahí está el MAS con un congreso anulado y su negativa a seguir sus propias reglas, ahí está Evo Morales decidido a todo con tal de ser candidato y frente a él Luis Arce. Ambos ya han dado muestras de que lucha por la candidatura masista será todo, menos democrática. Y poco o nada se puede hablar de la oposición dispersa y casi anulada.

En ese contexto, es imposible tener razones para el optimismo. Las cosas van mal y existen razonables temores de que todo se puede poner peor.