Jueza que ordenó desocupar Escolta Presidencial es investigada por supuesto prevaricato

El fiscal Marcelo Saldívar investiga a la exjueza en lo Civil y Comercial de la capital Abg. Julia Rosa Alonso Martínez, denunciada por los supuestos hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, prevaricato, asociación criminal, estafa especialmente grave y producción y uso de documentos no auténticos.

La denuncia contra la exmagistrada fue presentada ante el Ministerio Público por Elist Raquel Paes Garcete, propietaria de un terreno de 300 hectáreas ubicado en la localidad de Itakyry, en el departamento del Alto Paraná, debido al supuesto “despojo” de dicho inmueble ocurrido en el año 2018, mediante un fallo de la entonces jueza en lo Civil y Comercial de Asunción.

Insólito fallo contra el Estado dispone desocupar parte del Regimiento Escolta Presidencial

Específicamente a través de la Sentencia Definitiva Nº 696 del 27 de setiembre de 2018 la entonces jueza Julia Rosa Alonso Martínez hizo lugar a la demanda de nulidad de título y cancelación de inscripción, promovida por la firma “Compañía Dekalpar S.A.” y, en consecuencia, anuló la inscripción de la propiedad a nombre de Elist Raquel Paes Garcete.

La denunciante señala en su escrito que la resolución de la entonces magistrada de la capital trasgrede todo el proceso desarrollado en el Alto Paraná, a través del “fraude procesal doloso”, ya que dio curso a un juicio en rebeldía sin que se agotara la instancia de notificar a la demandada en su domicilio.

Juicio paralelo en Asunción

Según los documentos que acompañan la denuncia de Elist Raquel Paes, el caso se inició en el año 2004 cuando la Compañía Agrícola Itakyry S.A. entabló un juicio sobre nulidad de título y cancelación de inscripción del inmueble de 300 hectáreas de extensión.

Por recusación presentada por los demandantes contra el Juzgado en lo Civil de Hernandarias el juicio quedó a cargo del juez en lo Penal Silvio Rojas, quien en el 2017 rechazó la anulación del título, pero tampoco hizo lugar a la reivindicación del inmueble a favor de Elist Raquel Paes Garcete.

Estas decisiones del juez de Primera Instancia fueron recurridas por las partes ante la Cámara de Apelaciones y en el año 2020 el Tribunal de Apelaciones confirmó el rechazo de la nulidad del título e hizo lugar a la reivindicación del inmueble a favor de la propietaria original.

Sin embargo, cuando el caso todavía estaba siendo analizado por la Cámara de Apelaciones, la “Compañía Dekalpar”, que tiene como representantes a las mismas personas que integran la Compañía Agrícola Itakyry, planteó bajo patrocinio del Abg. Guillermo Duarte otro juicio de nulidad de título y cancelación de inscripción del inmueble de 300 ha, en el Juzgado de Asunción.

La entonces jueza en lo Civil Julia Alonso admitió el pedido de la firma y anuló el título que estaba a nombre de la ahora denunciante.

Caso a cargo de la Sala Civil

En el juicio principal que se inició con la resolución del juez Penal de Hernandarias Silvio Rojas, en el año 2020 la firma Compañía Agrícola Itakyry recurrió ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia contra el Acuerdo y Sentencia Nº 62 del 22 de octubre de 2020, dictada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Primera Sala de Alto Paraná.

Mediante dicho fallo, los camaristas Graciela Ortiz de Villalba, Perfecto Orrego y Emilio Gómez Barrios ratificaron el rechazo de la nulidad del título e hizo lugar a la reivindicación del inmueble de 300 hectáreas a favor de la propietaria Elist Raquel Paes Garcete.

Regimiento Escolta Presidencial: Procuraduría considera inconstitucional fallo de jueza

La acción planteada por la Compañía Agrícola Itakyry está a cargo de los ministros Alberto Martínez Simón, César Garay Zuccolillo y Eugenio Giménez Rolón, miembros de la Sala Civil de la Corte Suprema., que hasta la fecha no ha dictado fallo alguno sobre el caso.

En la Sentencia Definitiva N° 62 del 22 de octubre de 2022 los camaristas indican que se constatan vicios graves en la sentencia recurrida, como la falta de fundamentación y vicios de congruencia, ya que el juez Silvio Rojas “no se ha referido a todos los temas puestos a su consideración, por lo que queda en evidencia la violación de los principios de fundamentación y congruencia, que motiva la nulidad del fallo”, según parte del escrito del Tribunal de Alzada.

Elist Raquel Paes Garcete aguarda la resolución por parte de la Sala Civil de la máxima instancia judicial.

Jueza fue suspendida por la Corte

El 20 de noviembre de 2019, la exjueza en lo Civil y Comercial del Quinto Turno de la capital, Julia Rosa Alonso Martínez, resolvía en primera instancia no hacer lugar a la demanda de usucapión promovida en 2011 por el Estado contra el exsenador Víctor Galeano Perrone sobre un terreno ocupado por el Regimiento Escolta Presidencial.

La exmagistrada también disponía la reivindicación del predio al exlegislador oviedista, previo pago del Estado de una indemnización de G. 72 millones por año desde 1994, unos G. 2.016 millones a la fecha.

Ese mismo día, el 20 de noviembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvía suspender con goce de sueldo a la citada magistrada en el marco de una investigación preliminar sobre presuntas irregularidades en la tramitación del expediente caratulado “Visión Banco SAECA c/ Junta de Saneamiento Laurelty y otros s/ Acción Ejecutiva”.

Exjueza Julia Alonso favoreció a exsenador Víctor Galeano Perrone horas antes de ser suspendida por la Corte

La exjueza Alonso, según los antecedentes, tenía serios cuestionamientos en sus resoluciones. Fue denunciada en varias ocasiones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), pero todas las denuncias fueron archivadas.

Su suspensión resuelta por el pleno de la Corte se había dado porque en el marco de una causa en la cual ordenó el embargo de un inmueble ubicado en la ciudad de Capiatá, donde están asentados una oficina y el pozo número uno de la Junta de Saneamiento, mediante el cual se provee agua potable a 1.800 usuarios, aproximadamente a un total de 9.000 pobladores de la zona. Sin embargo, las juntas de saneamiento están en el rango de bienes considerados de uso público, por lo tanto son inembargables e inajenables, como establece la ley.

El fallo de la exjueza Julia Alonso, favorable a Galeano Perrone, fue confirmado en noviembre de 2021 por un Tribunal de Apelación, pero el 4 de marzo de 2022, el entonces procurador Juan Rafael Caballero planteó una acción de inconstitucionalidad, pendiente de resolución en la Corte.

Julia Alonso dejó la magistratura en febrero del año 2022, al no ser confirmada en el cargo por la Corte,