Guardaparques exigen audiencia con Luis Arce; le recuerdan que el agua que toma junto a su familia proviene de las áreas protegidas

“Durante varias gestiones, de manera individual y colectiva, los guardaparques, que custodiamos el patrimonio natural boliviano, somos objeto de ataque, amenazas e intimidades, por parte de autoridades y personas particulares relacionadas con atentados contra el medioambiente”, inicia la misiva dirigida al presidente Luis Arce Catacora, con fecha de recibido el 13 de noviembre.

En el documento, firmado por más de medio centenar de guardaparques, dan a conocer cinco puntos que son los más inquietantes para los custodios de los bosques, que en esta época de incendios es cuando más sacan a relucir sus falencias.

En el punto 1, informan al presidente Arce Catacora sobre la acción penal seguida por Ramiro Cuervas, un minero previamente sancionado por el Sernap por actividades relacionadas con la minería ilegal.

La causa judicial fue iniciada contra los guardaparques Raúl Santa Cruz y Marco Uzquiano, este último el flamante presidente de la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación (ABOLAC).

Tanto Uzquiano como Santa Cruz se encontraban en el ejercicio de sus funciones, ya que denunciaron el ingreso ilegal de maquinaria pasada al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.

“Llama la atención el proceder de los jueces en el presente caso, del juez Aldo Zenteno Saavedra, que admitió la querella por un hecho que no se adecúa al tipo penal. Además, prosiguió la acción penal sin haber notificado a todas las partes con las actuaciones del caso, el señor Marco Uzquiano ni siquiera sabe por qué está siendo procesado penalmente. Lo cual se considera un ataque e intimidación directa al Cuerpo de Protección de las Áreas Protegidas”, dice la misiva.

Como segundo punto, los guardaparques lamentan la inestabilidad e inseguridad laboral, apuntan a los diferentes ministros de Medio Ambiente y Agua, y directores ejecutivos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), “que no han ejecutado acciones efectivas para asegurar los salarios, puestos laborales y beneficios sociales que nos corresponden por derecho”.

Según los guardas, por el contrario, les adeudan salarios, se han perdido ITEMs de guardaparques a costa de cargos administrativos injustificados, y no perciben los bonos y refrigerios que el resto de funcionarios públicos tienen.

“A pesar de que nuestros deberes involucran el rescate de personas, el manejo de fauna, la contención de incendios (entre otros), las referidas instituciones no nos proveen con los materiales e insumos necesarios para cumplir efectivamente nuestros deberes, lo que ocasiona inseguridad para nuestra integridad física”.

Agregaron que además es lamentable informar que las mencionadas autoridades impiden que los custodios del bosque sean “beneficiarios de donaciones provenientes de la ciudadanía, que al tanto de nuestros esfuerzos, trata de apoyarnos ante la ausencia de las autoridades correspondientes”.

En tercer lugar, los guardianes de las áreas protegidas apuntan a la incapacidad de dirección y gestión. Creen que es evidente que las autoridades designadas por el presidente para ejercer como directores ejecutivos del SERNAP, INRA y ABT, ministros de Medio Ambiente y Agua, de Minería y Metalurgia, viceministros de Medio Ambiente (entre otros), no tienen capacidad, formación y aptitud para ejercer los mentados cargos. 

“Estas autoridades desconocen la importancia de las áreas protegidas para asegurar la vida de nuestro país, pues en estas mismas AP se cumplen los ciclos requeridos para dotar de agua a los hermanos que habitan las ciudades; por ejemplo usted, su esposa, hijos y familia consumen agua que proviene de las áreas protegidas que nosotros cuidamos“, le lanzaron.

Cuestionaron que, cada vez que se designaa personas no calificadas se pone en riesgo la vida de los seres queridos y de millones de personas y seres vivos, ya que estos servidores públicos no cumplen las disposiciones jurídicas aplicables para la contratación de directores de áreas protegidas, pero además “autorizan la ejecución ilegal de actividades en áreas protegidas. Inclusive nos piden dinero para continuar en nuestros cargos“, arremetieron.

En cuarto y último lugar, denunciaron agresiones físicas y verbales, “incontables son las ocasiones en las que diferentes actores relacionados con actividades irregulares (mineros, madereros, traficantes de droga y fauna silvestre, avasalladores de tierras, etc.) agredieron física y verbalmente a nuestros colegas, lo cuales, a pesar de solicitar el auxilio de la fuerza pública y las Fuerzas Armadas, recibieron negativa, siendo rebasados y maltratados por los actores mencionados“, indicaron.

Citando lo dispuesto por el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia por intermedio de la Ley No. 1182, los guardaparques de Bolivia solicitaron al presidente fijar fecha y hora para sostener una audiencia, en la que garantizan “entregar la documentación que corrobora los extremos antes referidos”.

Asimismo, piden a Arce instruir a la Contraloría General del Estado, la realización de auditoría al SERNAP, INRA, ABT, y al Ministerio de Medio Ambienta y Agua.

También que instruya a las Fuerzas Armadas, cumplir las leyes y resoluciones judiciales que determinan su obligación con la conservación de las áreas protegidas y del medioambiente.

“Sin otro particular y anunciando la asunción de medidas que en Derecho corresponden al Cuerpo de Protección de las Áreas Protegidas, en caso de negativa, nos despedimos muy cordialmente”, cerraron el mensaje.