La inflación te persigue hasta la tumba: las funerarias intentan (por ahora) no subirte la factura

Los titulares que han informado durante los últimos meses del Índice de Precios al Consumo (IPC) se pueden resumir en una sola frase: la inflación no frena su ascenso. El último dato, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este mes de octubre, cifra en un 0,3% el último incremento y sitúa la tasa interanual en el 3,5%. Todo es más caro si lo comparamos con la situación de hace apenas un par de años. Y morirse no es una excepción. “Por supuesto, no ha habido un sector que se haya librado de la inflación, el nuestro tampoco”, explica desde el otro lado del teléfono Alejandro Quinzán, secretario general de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef).

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya puso negro sobre blanco esta cuestión el año pasado. En un informe al que se han remitido de nuevo esta semana, con motivo de la festividad del Día de Todos los Santos, cifraron en un 5,5% el incremento de las inhumaciones y en un 6,8% el de las incineraciones. “La crisis energética ha repercutido en la factura de la electricidad y del gas que usamos en los hornos crematorios”, abunda Quinzán. Así, y según los datos de la OCU, un entierro sencillo ya cuesta en torno a los 3.700 euros en nuestro país. Y “una incineración cuesta entre 200 y 300 euros menos, tampoco hay mucha diferencia”, añade el secretario general de la patronal del sector, que defiende que las empresas tratan, “por el momento”, de no repercutir estas facturas al cliente final. “Ahora mismo tenemos una crisis que está afectando a todos los sectores, por lo que el nivel de incertidumbre es alto. Por ahora seguiremos asumiendo esos sobrecostes, pero no podemos decir si en seis meses seguiremos haciéndolo”, advierte.

Propone soluciones. La principal, de hecho, ni siquiera es nueva. Como recuerda Quinzán, en el año 2012 el IVA de los servicios funerarios aumentó del 8% al 21%, su tipo máximo. España se convirtió entonces en el tercer país de la Unión Europea con el IVA más alto en este sector, sólo por debajo de Hungría y Grecia, donde se paga un 27% y un 24%, respectivamente. Hace una semana, precisamente, el Observatorio de los Servicios Funerarios emitió un comunicado en el que tachaba de “injusto e incoherente” el gravamen, que piden reducir al 10%. “Las administraciones tienen que entender que esto no es un bien de lujo, sino que somos el último eslabón de la cadena sanitaria”, expone Quinzán.

Por ahora los precios, en cambio, no definen los entierros ni las incineraciones como un servicio básico. Y menos en las grandes ciudades y capitales de provincia. La explicación es muy sencilla: en la mayor parte de España, los cementerios son de responsabilidad municipal, así que son los ayuntamientos los que marcan el precio de la inhumación y de la unidad de enterramiento, servicios a los que algunos consistorios suman las tasas adicionales relacionadas con el mantenimiento o movimiento de lápidas.

Así, según la OCU, que ha revisado las tarifas en 30 municipios, el precio medio de una inhumación en nuestro país es de 688 euros, una cifra que puede disminuir hasta los 74 euros de Murcia o escalar hasta los 2.035 de Madrid. Todo depende, también, de otros factores como si el cliente desea elegir la fila del nicho, si quiere cambiar la unidad de enterramiento por una sepultura o panteón, si la inhumación se va a realizar en unidades de las que ya dispone la familia y hay que actuar sobre otros restos o si se desea ampliar el periodo de concesión del espacio, que puede llegar hasta los 75 o 99 años.

Las diferencias no son tan abismales en el caso de las incineraciones, la opción elegida en más del 45% de las defunciones, según indica la OCU. Pasa sobre todo, precisamente por las tasas municipales de los cementerios, en las grandes ciudades y capitales de provincia, indica Quinzán. Lo ejemplifica con el caso de Málaga, donde el 80% de los fallecimientos terminan en cremación, un porcentaje que cree que se extenderá al resto del país, donde actualmente la media se sitúa en 612 euros.

A todos estos gastos habría que sumar, además, el alquiler de tanatorio, que puede rondar los 500 euros, según la OCU, las esquelas, las flores o el coche fúnebre y, también, el ataúd, que ronda de media los 1.200 euros. En suma, todo podría llegar a costar hasta unos 5.000 euros. Con las condiciones más caras, claro.

Con estas cifras, y con la previsible subida de precios que Quinzán no descarta para el corto plazo, surge una duda: ¿salen a cuenta los seguros que cubren el fallecimiento? Según la OCU no. Funcionan de la siguiente manera: la persona que lo contrata paga mensualmente una cuota que se va metiendo en una hucha. Llegado el momento del fallecimiento, la cifra obtenida servirá para hacer frente a los gastos derivados de la defunción que puedan asumirse. El resto lo tendrá que abonar la familia. El problema es que, en realidad, esta opción puede llegar a salir mucho más cara.

“Apenas una de cada diez pólizas analizadas cobra un importe similar al que pagaría un particular por un entierro sencillo. De hecho, se puede llegar a pagar hasta tres veces más de lo que costaría un entierro. La única ventaja de estos seguros frente a la contratación directa de los servicios básicos con una funeraria son ciertas garantías complementarias, como cubrir los traslados del cuerpo desde otras provincias o incluso desde el extranjero, formalizar parte del papeleo (certificado de defunción, consultas al registro de seguros…) o la asistencia en viaje, aunque en este caso la cobertura suele ser limitada”, lamenta la OCU.

Aun así, el 47% de los españoles tienen contratada una póliza, según los datos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (Unespa). Entre los mayores de 70 años, el aseguramiento aumenta hasta el 60%. El sector, además, no deja de ganar. Sólo de enero a septiembre de este año los seguros de decesos han experimentado un crecimiento anual del 5,27%, según los últimos datos de Icea.