Yihadistas infiltrados en hoteles de lujo y otros seis bulos de PP y Vox ante la llegada de migrantes

La llegada a España de 13.000 migrantes procedentes del continente africano —7.000 de ellos a la península ante la falta de infraestructuras de las islas Canarias para dar cobijo a todos— está generando una oleada de xenofobia auspiciada por Vox y algunos dirigentes del Partido Popular. La hostilidad hacia los migrantes, envuelta en el celofán de la lucha contra la delincuencia y la preservación cultural, es una de las banderas de Vox. La extrema derecha clama contra la «invasión» y alerta, sin ninguna base, sobre supuestos riesgos terroristas derivados de la llegada de personas procedentes de África.

Hasta la fecha lo hacía en solitario y con escaso eco, pero el PP se ha sumado en los últimos días transmitiendo mensajes en contra los de migrantes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad. Los conservadores, con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, acusan al Ejecutivo central de tratar a los migrantes «como fardos» y de «actuar con nocturnidad» para «quitárselos de encima»: «Luego no sé si irán por las calles, si ambularán, no sabemos qué van a hacer con ellos», señaló la madrileña este jueves, atentado el miedo hacia los migrantes relacionándolos con el terrorismo.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dirigido por José Luis Escrivá evitan concretar los emplazamientos a los que se están derivado estos migrantes porque, precisamente, no les quieren situar «bajo el ojo público y mediático» para evitar la proliferación de los discursos de odio. Una recomendación que realizan organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que advierte de los peligros del racismo institucional a través de bulos, desinformaciones y medias verdades.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha llegado a afirmar que tras la «avalancha» de migrantes ilegales «veremos cómo se desarticulan células terroristas y cómo, por desgracia, la inseguridad crece a diario en todos los rincones de nuestra patria»: «Si proteges las fronteras no entran terroristas y no hay riesgo de delito ni de atentados”. Una afirmación que no tiene ningún dato que la sustente detrás y que forma parte del discurso anti musulmán frente a los «valores occidentales» —es decir, los valores cristianos— que promulga Vox. No se trata sólo de deportaciones, muros y recorte de ayudas, sino también de paralizar los trámites de nacionalidad a los extranjeros de culturas islámicas, como propuso recientemente la formación ultra en el Congreso tras el atentado en Bruselas.

La pasada semana desde el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, se trató de atajar cualquier especulación sobre el riesgo de un atentado yihadista en España y se advirtió de los riesgos de su utilización política, repasando informes de las Fuerzas de Seguridad, el CNI, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, Instituciones Penitenciarias y otras entidades. El ministro del ramo pidió «no trasladar preocupaciones que no obedezcan a la realidad», en alusión a las falsedades vertidas por la extrema derecha.

El efecto llamada. Es una de las proclamas que no censan de repetir tanto el presidente de la formación, Santiago Abascal, como el vicepresidente del comité Ejecutivo, Jorge Buxadé. Ambos acusan al Ejecutivo de «fomentar» la invasión prometiendo ayudas que superan las que reciben los españoles. Se trata de un bulo recurrente puesto que en la campaña electoral de las autonómicas de 2021 llegaron a exhibir carteles en los que aseguraban que los menores extranjeros no acompañados cobraban 4.700 euros al mes.

Lo cierto es que los migrantes irregulares no tienen derecho a percibir prestaciones —aunque sí tienen derecho a servicios sociales básicos—.Una persona que atraviesa la frontera en una patera —por tomar el ejemplo que utiliza Vox— tiene que estar tres años en España de manera irregular, «en clandestinidad», antes de poder regularizar su situación a través de algún tipo de arraigo. Una vez pasado ese tiempo, necesita acreditar un contrato de al menos un año y 30 horas semanales. En caso del ingreso mínimo vital, además, necesitaría esperar un cuarto año para cumplir con el primer requisito que ha impuesto el Ejecutivo para solicitar la prestación.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez desentenderse de los migrantes que se están trasladando a la Península. «Hemos pasado del abrazo del Aquarius a coger a los inmigrantes que llegan a Canarias y, sin hablar con las comunidades autónomas, meterlos en aviones y dejarlos en paradas de autobús o en otros lugares en los pueblos y en las ciudades de España”, ha señalado. Unas declaraciones que van en consonancia con el discurso de Díaz Ayuso, que asegura que el Gobierno quiere «quitarse de encima» a estos migrantes como sea.

Esta vez ha sido el ministro Escrivá quien ha respondido a través de sus redes sociales, calificando de «muy irresponsables y llenas de falsedades» las declaraciones de Feijóo, y explicando que durante los traslados, el personal de las entidades que trabajan con su ministerio «acompaña a los migrantes hasta los centros donde son acogidos, donde también están las ONG». «Las comunidades autónomas y los ayuntamientos son informados de los traslados que se van a realizar, y estas instituciones no atienden a los migrantes, ya que es una competencia exclusiva del Estado», ha zanjado.

Inclusión ha habilitado albergues, hostales, hoteles y hasta cuarteles militares para dar cabida a estos migrantes. El discurso recurrente de la derecha y la extrema derecha. “Avión y hotel de lujo en la UE. Y con tus impuestos”, lanzó el diputado popular Rafael Hernando. Se trata de la misma crítica que se está realizando desde las filas de la extrema derecha: «Entrega billetes de avión y bonos de hotel de 4 estrellas», ha lanzado este viernes Garriga. Más allá ha ido la diputada ultra Rocío de Meer, subrayando que ha costado «más de 900.000 euros» alojar a «centenares de migrantes en Almería».

Tanto PP como Vox tratan así de generar confusión sobre cómo funciona el sistema de acogida en España, donde, en situaciones de emergencia, se hace un uso provisional de habitaciones de hoteles y se recurre a traslados a otros territorios. Se trata de un trámite administrativo que permite al Ejecutivo agilizar los procedimientos para realizar el traslado a la Península y que está contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público, el mismo mecanismo que se utilizó durante la llegada de desplazados ucranianos a España.

Un concejal del Ayuntamiento de Torroxedil (Málaga) del PP, Salvador Escudero, ha llegado a afirmar que “en Canarias está el tifus” debido a la llegada de migrantes. «Metemos el tifus aquí. Es que no sabemos lo que nos puede traer», lanzó, planteando que es necesario hacer “un control” de estas personas con “una marca”. “Control no sé: como no le ponen una marca como a los animales que les ponen una pulserita o algo de eso, no sé hasta qué punto va a haber un control de estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes». Se trata de la misma estrategia que Vox puso en marcha durante la crisis del covid por el «peligro de infección» hacia el resto.

Tanto la Consejería de Sanidad de Canarias como el Ministerio han negado que en España haya ningún brote de tifus y, en declaraciones a Maldita.es han precisado que «no se ha reportado ningún caso a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE)».Según desgrana la web, en el apartado “enfermedades infecciosas sujetas a vigilancia (ESV) en España de muy baja mortalidad o eliminadas” la última vez que hubo fallecimiento por tifus exantemático fue en 1991.

Otro ejemplo de cómo Vox, a través de su sindicato’ Solidaridad, busca desinformar para generar un estigma sobre la población migrante es destacando que «dos millones de inmigrantes están inactivos o en paro», un 41,6% del total. Los datos, provenientes de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2023 sobre la población total de extranjeros mayores de16 años, suponen para Vox una «alarmante» situación por la cantidad de personas «improductivas», que cifran en 2.142.300 millones.

Con este análisis la extrema derecha obvia deliberadamente que muchos de los jóvenes de entre 16 a 25 años están estudiando y tampoco tiene en cuenta la situación de los mayores de 65, ya en edad de jubilación. De hecho, si se compara esa cifra con la de los españoles el porcentaje de «improductivos» llega hasta el 48,5%, con más de diecisiete millones de personas en paro o inactivos. Si se comparan ambos esquemas, la tasa de actividad de los migrantes es del casi el 70% frente al 58% de los españoles.

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) también están en el punto de mira de la extrema derecha. A juicio de la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, son «mafias que “trafican” con esas personas, a quienes les “hacen pagar” un dinero “que no tienen” para venir aquí “prometiéndoles un futuro” que no “se les va a poder dar”: “Hay que señalar a esas ONG que se dedican a mover a esas personas porque están traficando con la vida de muchos seres humanos que vienen aquí engañados”, aseguró.

Se trata de una falsedad desmentida una y otra vez por organismos europeos —que, de hecho, se apoyan en ellas para gestionar la acogida de estos migrantes —y que no se sustenta en la realidad. De hecho, cuando no hay ONG en zonas en conflicto, los migrantes han continuado tratando de llegar a Europa y las muertes no han dejado de producirse.