Saltan otras supuestas víctimas que denuncian estafa en Paraíso Verde

Dos familias más se suman a la lista de ocho que han denunciado ante la Fiscalía a la firma Reljuv SAECA, administradora del proyecto “Paraíso Verde”, un complejo destinado a extranjeros que había aparecido como una de las inversiones más importantes de la región.

El principal referente de este emprendimiento es Juan Joaquin Buker, un empresario argentino radicado en Caazapá, y que figura como presidente de dicha empresa.

Junto a Buker están Erwin Annau y Sylvia Annau, unos australianos que llegaron al país en el 2016 con la idea de crear una “comunidad diferente”.

La abogada Marta Raviolo lleva el caso de estas dos familias denunciantes.

Los otros abogados patrocinantes son Alberto Fernández (7 casos) y Guillermo Ferreiro (1). El monto que reclaman las familias extranjeras llega a los G. 21.680 millones.

Un denominador común

Todas las denuncias tienen un denominador común: Aseguran que fueron estafados. En algunos casos agregaron otros posibles hechos, como asociación criminal y lesión de confianza. Pero la causa principal, radica en la estafa.

Guillermo Ferreiro dijo que, a su criterio, se montó un esquema de engaño que apuntaría a que esta gente se quede con sumas millonarias de familias extranjeras.

Ferreiro mencionó que una de las cuestiones más llamativas es la firma de un contrato de “retroventa”. Según Ferreiro, este procedimiento está prohibido en el Código Civil paraguayo.

La “retroventa” que plantea Reljuv SAECA establece que la empresa se compromete a comprar de nuevo el terreno de cada uno de los extranjeros, pero en un plazo de dos años y con una tasa del 13% de interés sobre el inmueble.

Esta transacción se realizará en caso de que las familias finalmente decidan no venir a vivir en el condominio. Sin embargo, los denunciantes, que no decidieron quedarse a vivir, reclaman ahora la devolución del dinero.

Terreno inundable

Aquellos que vinieron a Paraguay se encontraron con otra situación.

En las charlas previas, mantenidas vía internet, los de Reljuv SAECA mostraron predios hermosos, que supuestamente eran parte de “Paraíso Verde”.

Sin embargo, estas familias extranjeras dicen que, una vez que llegaron, se encontraron con que las viviendas estaban en zonas inundadas, los materiales no eran de buena calidad y en muchos casos, ni siquiera se terminaron las casas.

Fiscal ratificada

La fiscalía Adjunta ratificó a la agente fiscal Gladys Jiménez para que siga en la investigación de una de las denuncias. Jiménez ya había imputado a Juan Buker, en el marco de esta pesquisa.

Campaña con los colorados

Juan Joaquin Buker buscó ser presidente de la seccional colorada de Caazapá en el 2022. Desde hace un buen tiempo que viene trabajando en campaña proselitista con los políticos colorados de la zona, como por ejemplo, el actual diputado cartista Avelino Dávalos, con quien se mostró a lo largo de la última campaña en varios eventos y reuniones.

En la última visita de la plana mayor cartista, en octubre de 2022, con el propio Horacio Cartes a la cabeza, fue Buker quien los recibió y ofició prácticamente de anfitrión. En esa ocasión también estuvieron presentes, Pedro Alliana y Santiago Peña, en ese entonces, dupla de candidatos presidencial de la ANR.

Abogado cuestiona actuación fiscal

El abogado defensor de Reljuv SAECA, Ariel Riveros, en contacto con ABC había afirmado que las denuncias en contra de dicha empresa provenían de extranjeros que por el camino decidieron salir del barrio cerrado y ahora quieren vender a la misma inmobiliaria sus propiedades a un precio demasiado alto.

Afirmó que existe un contrato de comprador privilegiado con la empresa. Sin embargo, señaló que debido a los altos precios, Reljuv SAECA ya no está interesada y los extranjeros pueden vender a “quien quieran”.

Juan Buker quiere presidir la seccional colorada

El profesional también había cuestionado la investigación e imputación presentada por la fiscal Gladys Jiménez contra Buker. Dijo que a su parecer no fue objetiva en su investigación.

Agregó que el barrio cerrado al principio estaba dirigido exclusivamente a extranjeros, pero ahora ya está abierto para todos. Por otro lado, el abogado Riveros reconoció que presentaron en el Ministerio del Trabajo un pedido para suspender los contratos de unas 100 personas. Argumentó que actualmente la empresa registra una baja de ingresos de dinero y por eso recurrió a esa medida.