Ese es el monto límite establecido por el Consejo Nacional Electoral. A esta cantidad se suma la propaganda en medios de comunicación que es pagada directamente por la entidad electoral.
Ocho binomios se disputarán la Presidencia de Ecuador en las elecciones extraordinarias que se celebrarán el domingo 20 de agosto. Quienes resulten ganadores completarán el periodo que dejará Guillermo Lasso, el actual presidente ecuatoriano que decretó la disolución cruzada en el país y llamó a los comicios. El Consejo Nacional Electoral, que ha debido organizar el proceso en un tiempo récord, anunció que los candidatos podrán gastar hasta USD 5.380.018 en sus campañas.
Según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, la campaña electoral iniciará de forma oficial el 8 de agosto y se extenderá por once días: hasta el 17. Luego estará el periodo de silencio o veda electoral para finalmente celebrar las votaciones el 20 de agosto. A pesar de esto, los candidatos ya realizan su campaña anticipada que incluye recorridos en distintos barrios y ciudades, entrevistas con medios de comunicación y difusión en redes sociales. Cuando inicie la campaña oficial, los binomios podrán hacer uso de otros recursos de campaña como carteles en viviendas privadas, en autos, manifestaciones en la vía pública, etc.
Esos USD 5,3 millones no incluyen la propaganda en medios de comunicación ni el uso de vallas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral. Según el Código de la Democracia de Ecuador, la autoridad electoral destinará, de forma equitativa, recursos para que los candidatos puedan pautar en radio, televisión, prensa, medios digitales y vallas. Este dinero es pagado directamente por el Consejo Nacional Electoral a los medios o dueños de vallas.
Los binomios que correrán para la Presidencia y Vicepresidencia de Ecuador son: Luisa González y Andrés Arauz por la Revolución Ciudadana afín a Rafael Correa; Fernando Villavicencio y Andrea González por Construye 25, el partido de la ex ministra de gobierno María Paula Romo; Jan Topic y Diana Jácome por la alianza entre el Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica y Centro Democrático; Yaku Pérez y Nory Pinela en la coalición de izquierdas: Partido Socialista Ecuatoriano, Unidad Popular y Democracia Sí; Otto Sonnenholzner y Érika Paredes por la alianza Avanza y Suma; Xavier Hervas y Luz Marina Vega por Reto; Daniel Noboa y Verónica Abad por Mover, antiguo Alianza País; y Bolívar Armijos y Linda Romero por Amigo.
Aunque dos de los binomios: el correísta y el de Construye 25 tuvieron observaciones por parte del Consejo Nacional Electoral, los errores en la inscripción fueron subsanados y se admitieron las candidaturas. Actualmente, está abierta la fase para impugnar las candidaturas. El Tribunal Contencioso Electoral informó a la prensa nacional que, hasta el momento, la secretaría de ese tribunal no ha recibido ningún recurso en contra de los presidenciables.
El 6 de agosto se oficializarán las candidaturas. En consideración al poco tiempo en el que las elecciones debieron organizarse para cumplir con la ley ecuatoriana, desde el Consejo Nacional Electoral se pidió a los partidos que no abusen en los recursos para impugnar candidaturas.
Quienes administren los recursos económicos de las campañas deberán presentar cada quince días al Consejo Nacional Electoral un informe de gastos. La entidad deberá revisar si los candidatos no rebasaron los montos permitidos y también deberá auditar que el origen de los fondos sea lícito.
En Ecuador, los partidos políticos pueden aportar hasta el 50% del total de la campaña de un candidato, los postulantes hasta un 10% y las personas naturales que deseen apoyar económicamente hasta un 5 por ciento.
El 20 de agosto, los ecuatorianos también deberán votar por 137 legisladores. Para esta votación, las organizaciones políticas presentaron una lista de candidatos nacionales y una por cada provincia del país –en Ecuador son 24. El Consejo Nacional Electoral resolvió que el monto máximo de gasto en campaña para las listas de la circunscripción nacional es de USD 4.035.014. En el caso de las circunscripciones provinciales, el límite varia de acuerdo al número de electores empadronados.
Por Yalilé Loaiza / INFOBAE
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