La audiencia de la exsenadora Jeanine Áñez, en el marco de las investigaciones por el caso denominada masacre de Sacaba, programada para este viernes, y que debía desarrollarse de manera presencial en el penal de Miraflores, fue suspendida hasta el próximo 23 de junio.
Este acto procesal fue programado para las 10h00 en la cárcel de Miraflores, La Paz, donde también llegaron las víctimas de Huayllani pidiendo celeridad en las investigaciones y justicia por las víctimas del hecho luctuoso del 10 de noviembre de 2019, donde murieron 11 personas y decenas resultaron heridas por impacto de bala.
El activista de Derechos Humanos David Inca -en contacto con la ABI- explicó que la defensa de la exsenadora argumentó “amedrentamiento” y que su vida y de su defendida corría “peligro” porque las víctimas estaban en el ingreso de la cárcel exigiendo justicia, por ello, el acto procesal “no tendría las garantías” para su desarrollo.
Ante esta situación, el juez de la causa que llegó desde Cochabamba y señaló una nueva fecha, pero esta vez se desarrollará de manera virtual.
Áñez fue imputada formalmente por la presunta comisión de los delitos de genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa.
Según la imputación formal, en noviembre de 2019 se “consolidó” una estructura de “poder organizado, orientado a ejercer una represión violenta, a sabiendas que esto generaría la muerte de personas y lesiones en otras”, ante protestas que exigían que se respete la democracia, a la wiphala y a la mujer de pollera en Sacaba.
Las operaciones “determinaban implícitamente el uso de armas de fuego, puesto que exoneraba de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas” con la vigencia del conocido “Decreto de la Muerte”.
Aquel 15 de noviembre quedó plasmado en la memoria de los cochabambinos tras que, militares y policías masacraron a manifestantes desarmados, realizaron ejecuciones sumarias, torturas sistemáticas y detenciones masivas, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).
Como saldo de aquella arremetida se tuvo 10 fallecidos y decenas de heridos, solo en Sacaba.
En septiembre 2022, falleció una de las víctimas del régimen de Áñez, Roberto Jukumari, elevando la cifra de fallecidos a 11.
En reiteradas oportunidades Jukumari relató que aquella vez fue baleado y que, pese a que estuvo herido, fue arrestado y trasladado a las instalaciones policiales, donde vio que unos policías baldearon con “agua fría” a las mujeres de pollera que también fueron arrestadas.
Luego de que se recuperó, Roberto asumió el rol de representante de las víctimas de Sacaba, quienes denunciaban que sus derechos fueron vulnerados por el gobierno de facto y exigían justicia a las autoridades.
hoybolivia.com
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