El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) culminó un proceso administrativo contra el exmandatario y le impuso una sanción por la difusión de una carta desde la cárcel.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sancionó este martes al expresidente Pedro Castillo con la limitación de comunicaciones con el exterior por 15 días, y la restricción de visitas de familiares y amigos por el mismo período, sin que la medida afecte a sus abogados o legisladores.
A través de un comunicado, el organismo informó que dispuso la penalidad a raíz de un procedimiento administrativo disciplinario contra el exmandatario recluido en el penal de Barbadillo, desde donde difundió en enero pasado una carta en la que se autocalificaba como “preso político”.
“Desde mi cautiverio arbitrario sometido por la dictadura de Dina Boluarte, mediante un proceso judicial viciado de legalidad que viola la Constitución peruana, Carta Interamericana de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas, denuncio las violaciones a los derechos que están cometiendo contra mis hermanos indígenas”, se leía en la misiva cursada a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se realizó entonces en Buenos Aires.
Tras el proceso disciplinario, el Consejo Técnico Penitenciario de Barbadillo determinó “que se disponga la sanción disciplinaria de limitación de comunicaciones con el exterior, por el período de 15 días, conforme lo establecido en el artículo 30 del Código de Ejecución Penal”.
“Esta medida implica la restricción de visitas familiares y amistades —a la fecha, Castillo recibe cinco allegados al día— durante el período antes señalado, pero no impide el ingreso de sus abogados en ejercicio de su derecho a la defensa ni su participación en audiencias jurisdisccionales. Asimismo, los congresistas no están impedidos de ingresar al penal en el ejercicio de sus funciones”, continuó el INPE.
El Código de Ejecución Penal y su reglamento señalan expresamente que las comunicaciones constituyen un derecho de toda persona privada de su libertad; sin embargo, están excluidas aquellas de naturaleza “política y proselitista”.
Se trata de la primera sanción disciplinaria que recibe el exmandatario, preso tras orquestar un autogolpe. En febrero, el INPE inició otro proceso administrativo en su contra por una entrevista que brindó al medio español El Salto, y en la cual ratificó ser “víctima de un complot de la derecha peruana al servicio de la derecha internacional”.
En esta jornada, Castillo pidió la intervención de organismos de derechos humanos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hallar “justicia” ante la “inseguridad jurídica” que, asegura, se está “creando” en el país.
“Concluyo haciendo un llamado y pidiendo la intervención de los organismos de derechos humanos, de la Organización de las Naciones Unidas ya que, en el Perú, ni mi pueblo ni yo encontramos justicia”, señaló Castillo al término de su intervención en una audiencia virtual de apelación en el proceso abierto por el fallido autogolpe.
Desde el penal donde cumple 18 meses de prisión preventiva por este caso y otros 36 meses por otro caso de presunta corrupción, matizó que “es la primera vez en la historia del Perú que se detiene a un presidente en funciones sin antejuicio político”.
El abogado Eduardo Pachas acompañó al expresidente en la audiencia y defendió los argumentos del nuevo recurso de apelación ante el juez de la Corte Suprema César San Martín, quien aseguró que dictará “oportunamente” la resolución.
infobae.com
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