Central sindical rechaza criminalización de la protesta social en Perú

Organizaciones sindicales afiliadas a la Confederación General del Trabajo de Perú (CGTP)  denunciaron la criminalización de la protesta social y las organizaciones sociales en pie de lucha en el marco de las manifestaciones contra la presidenta designada Dina Boluarte.

La CGTP, el sindicato más grande de Perú, manifestó que ya son más de 60 peruanos que han perdido la vida por la represión criminal, sobre todo en las regiones del Sur, a la vez que prepara la militarización de estas regiones.

En un mensaje difundido durante la jornada nacional de protesta de la Asamblea Nacional de los Pueblos, que la central obrera integra, señala que la crisis fue ocasionada por lo que califica como dictadura cívico-militar-empresarial de Boluarte y su primer ministro Alberto Otárola.

Precisó que esa administración “cuenta con el beneplácito de la oligarquía oligopólica y el poder mediático que normaliza los asesinatos”, en referencia a las 59 muertes, en su mayoría civiles baleados durante las protestas iniciadas en diciembre pasado.

La CGTP junto con otras organizaciones sociales, gremiales y comunidades indígenas organizadas protagonizaron este marte 31 de enero una jornada nacional de protesta, en el caso de Lima, los manifestantes se congregaron en la plaza Dos de Mayo.

En el texto se criticó a la mandataria por no responsabilizarse con las muertes y por su papel en la crisis, al tiempo que se opone a la demanda popular de un referendo sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

De esa manera, agregó, “insulta la inteligencia de los ciudadanos que piden su renuncia y la de Otárola, para que sean sometidos a la justicia y respondan por sus crímenes de lesa humanidad”.

Según la CGTP para lograr el retiro de la presidenta es muy importante “articular el movimiento popular y sindical, uniendo en la acción a todas las fuerzas democráticas contra la dictadura”.

La agrupación sindical exigió además la restitución de las libertades democráticas, reitera “su condena al asesinato de nuestros hermanos y la persecución contra las organizaciones sociales y sus líderes y exigimos su libertad inmediata”.

Al mismo tiempo convocó también a otra jornada nacional de lucha para el 9 de febrero, como la protagonizada de este martes

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