Discapacidad: el Senado aprobó el proyecto de la senadora Quintana

[19:30, 6/11/2026] Jorge Illuminatti: La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara Alta y fue girada a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. Propone unificar en un soporte multiformato y de actualización periódica la información sobre trámites, beneficios y mecanismos de reclamo provincial.

La Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires aprobó este jueves el proyecto de ley que establece la creación de la Guía Provincial Accesible de Derechos para Personas con Discapacidad. Tras su aprobación por unanimidad, la iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados, donde aguardará su sanción definitiva para convertirse en ley.

La propuesta, que fue presentada por la senadora radical Natalia Quintana, busca dar respuesta a una problemática estructural que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias: la dispersión de información y los obstáculos burocráticos entre múltiples organismos nacionales, provinciales y municipales, lo que dificulta el conocimiento y la exigibilidad de derechos en materia de salud, transporte, educación, empleo, vivienda, beneficios tributarios y cobertura del IOMA.

Polémica en el tratamiento del proyecto

Al momento de tratamiento de la iniciativa la senadora Florencia Arietto (LLA) manifestó el voto en contra de su bloque y sostuvo “seguramente los ensobrados van a decir que votamos en contra de los discapacitados. Estamos en contra porque todos los bonaerenses van a tener que pagar esta guía”.

En ese sentido, la senadora libertaria mostró imágenes de distintos puntos del conurbano bonaerense para mostrar “el estado de abandono de las calles, muchas de esas con zanjas abiertas y basurales”

Arietto fue cruzada por el titular del bloque Fuerza Patria,Sergio Berni quien le recordó a la legisladora su recorrido por otras fuerzas políticas. En la misma línea se pronunció la senadora Amira Curi (FP).

La autora del proyecto, Natalia Quintana quien sostuvo: “por suerte seguimos existiendo personas y partidos políticos que creemos en la importancia de cumplir con los derechos de equidad e inclusión”, y agregó: “Estamos hablando de una guía que puede ser distribuida de manera física o digital, para que puedan tener toda la información en un solo lugar”

“Solo quienes trabajamos con personas con discapacidad sabemos el periplo que tienen que hacer, el poco conocimiento, que muchas de ellas tienen, sobre sus derechos con respecto a la educación, al transporte o al trabajo”. sostuvo Quintana.

«Garantizar que las personas con discapacidad conozcan sus derechos constituye una obligación estatal y una condición esencial para que esos derechos puedan ser ejercidos de manera autónoma, plena y efectiva», concluyó Natalia Quintana

Información clara, centralizada y en múltiples formatos

La Guía no solo enumerará los derechos reconocidos, sino que detallará de manera práctica los requisitos, la documentación necesaria, los canales de atención y los organismos competentes para cada trámite. Además, incorporará de forma explícita los mecanismos administrativos y judiciales para realizar reclamos ante eventuales incumplimientos, garantizando el acceso a servicios de patrocinio jurídico gratuito.

Para asegurar la autonomía e inclusión real de los bonaerenses, la norma exige que la información esté disponible en diversos formatos accesibles: lectura fácil y lenguaje claro; audio y Lengua de Señas Argentina (LSA); formatos digitales compatibles con lectores de pantalla; caracteres ampliados, Braille (a demanda) y sistemas aumentativos de comunicación.

Entrega gratuita y actualización obligatoria

De convertirse en ley tras su paso por Diputados, la entrega de la Guía será gratuita y obligatoria al momento de otorgar o renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a través de un código QR o soporte físico, además de estar disponible en todas las dependencias públicas provinciales.

Asimismo, la norma contempla la creación de una plataforma web accesible y fija la obligación de actualizar la información como mínimo cada seis meses (o dentro de los 30 días de producida una modificación normativa), evitando que la desinformación limite el acceso a las prestaciones.